Con su libro Financiamiento de partidos políticos en Uruguay, Juan Pablo Pío generó un interesante debate entre representantes y senadores. Presentado ayer en la Torre Ejecutiva, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el autor sostuvo que la publicación apunta a “prevenir la corrupción”. “Las campañas políticas cada vez salen más plata y el subsidio público ya no es suficiente, entonces se tiene que acudir al financiamiento privado para poder bancarlas, pero el problema es que los actores que deberían legislar son los principales interesados”.
En las primeras líneas Pío cita una frase de Maurice Duverger que sirve como anticipo de las conclusiones a las que llegará: “La democracia no está amenazada por el régimen de partidos, sino por el financiamiento de éstos”.
Durante su breve presentación, el autor dijo que se sintió como “esa persona incómoda en la cálida foto familiar” al llevar a cabo su investigación, ya que fue reiteradamente cuestionado por profundizar en estos temas. “Uruguay tiene una paradoja: es el primer país del mundo que regula sobre el financiamiento público; sin embargo, fue de los últimos en América Latina en legislar el financiamiento privado”, sostuvo Pío ayer.
Desde la última dictadura hasta la ley actual, hubo en el Parlamento diez iniciativas legislativas para regular este aporte de los privados; la que rige hoy es la Ley 18.485, de 2009, que según el autor es “un producto de consensos” alcanzados en la discusión de los nueve proyectos que naufragaron por el camino, lo que limitaría su intención. “La ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad”, afirmó el autor como pie de inicio de la mesa de debate.
Debate, negación y adherencia
El análisis define tres aspectos centrales del sistema político local: “transparencia media, débil contralor y partidos que no cooperan todo lo que deberían”, enumeró Pío mientras la senadora frenteamplista Mónica Xavier asentía con la cabeza.
Al finalizar la campaña electoral, un informe sobre transparencia y financiación de los partidos políticos realizado por la Universidad Católica y el programa radial No toquen nada dio cuenta de grandes diferencias entre las cotizaciones de los canales privados (4, 10 y 12) a los distintos partidos políticos. Pío señaló este hecho como un ejemplo de “antidemocracia”, ya que “la campaña política se define en los medios de comunicación”.
En la “era del poder corporativo”, una solución “democrática” que se propone en el libro es eliminar la financiación privada de las campañas electorales. “Si los partidos políticos no tuvieran que gastar, entonces tampoco tendrían necesidad de recaudar”, razonó Pío, pero sólo los diputados del Partido Independiente Iván Posada y de Unidad Popular, Julio González, estuvieron de acuerdo con esta sugerencia. En particular, González agregó que “la respuesta no puede ser sólo apelar al tema del dinero”.
Xavier se ubicó en una posición intermedia, validando “reducir al máximo” los aportes privados, “pero no descartarlos, sino hacerlos más transparentes”. “Sabemos en el FA [Frente Amplio] lo que es competir en desigualdad de condiciones. Aquella frase de que ‘al Frente lo financia el pueblo’ lo deja claro”, afirmó, y opinó que “sin duda, a la ciudadanía hay que seguir dándole esa oportunidad”. Pío consideró que una mayor transparencia “si bien es necesaria, no es suficiente: sin la voluntad política, lo que hace es demostrar la miseria del sistema”.
Por su parte, el senador nacionalista Álvaro Delgado sostuvo que “los partidos políticos son un reflejo de la sociedad” y por eso “está bueno buscar las coincidencias”. Consideró que las auditorías “son esenciales” y, por ende, dijo experimentar “una sensación amarga” por haber votado un Presupuesto “que les otorga cero aumento a los organismos de control típico”: la Corte Electoral, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas de la República. A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry recordó en la última campaña al “ecologista que me regalaba ajos” [en referencia a César Vega] como un ejemplo de desigualdad de acceso a la difusión. “Yo pensaba: éste la única oportunidad que tiene para compartir sus propuestas es acá”, dijo.
En ese sentido, adelantó un proyecto de ley que está armando junto con el frenteamplista José Mujica y el blanco Luis Alberto Heber, que apela a que “la publicidad en televisión y radio durante la campaña electoral sea gratuita y esté prohibido otro tipo de publicidad”.
Las propuestas de Xavier tienen que ver con “acortar las campañas” y “mejorar la regulación de la publicidad electoral”. Por otro lado, también incluyó la posibilidad de “destinar dinero para promover una participación paritaria de las mujeres en la política”. Delgado, en cambio, consideró que la publicidad oficial es un tema “clave” en la lucha contra la corrupción: “En 2013 se gastaron 180 millones de dólares. Tenemos que regularla y evitar la tentación de que sea una publicidad encubierta”, dijo, y aclaró que no aludía a nadie.
No es tanto
Tanto Xavier como Bordaberry justificaron sus sueldos. La legisladora afirmó que “si bien la gente piensa que son significativos en relación con el promedio”, eso “no es tan así, porque en realidad transferimos gran parte de ellos a nuestros partidos”.
El senador colorado hizo notar que de su sueldo salen los de sus tres abogados, su secretaria y la asistente, que a la vez es su chofer de ruta.
En tanto, el libro sugiere, entre otras medidas, hacer obligatoria la rendición de cuentas en las elecciones internas, ya que “hay partidos políticos que se juegan la vida” en esas instancias, y para las nacionales, adelantar el plazo de la rendición antes del sufragio (hoy se presenta 30 días después del día de la elección), para que la ciudadanía pueda tener en cuenta esta información al emitir su voto.
También propone eliminar la posibilidad de que los bancos “perdonen deuda” -algo habitual en Uruguay-, que, en opinión de Pío, se trata de “una donación encubierta”. Asimismo, sugiere que se pueda adjudicar al primer candidato de cada lista el mismo techo en donaciones que a los demás candidatos, de 300.000 Unidades Indexadas, ya que la ley establece que los primeros no tienen tope de financiamiento. Por último, así como se les niega las donaciones a las adjudicatarias de obras públicas, también plantea que se les nieguen a las de servicios. Para el autor, si no alcanzamos a reformar los mecanismos que legislen el aporte privado, “nos podría llegar a pasar que nos gobiernen quienes no ganan las elecciones”.