La presentación se hará a las 19.00 en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. El capítulo que AI le dedica a Uruguay en el documento que aborda el estado de los derechos humanos en el mundo desarrolla brevemente cuatro puntos que preocupan, basados en informes de la sociedad civil: el juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, cárceles, aborto y diversidad sexual.
Respecto al primer tema, el informe pone el acento en el estado de “impunidad” que persiste en las causas que deben investigar “exhaustivamente” las violaciones a los derechos humanos. “Apenas hubo progresos” en 2014, se afirma y puntualiza que al concluir el año pasado sólo “continuaba el juicio a un ex agente de policía acusado en 2012 de complicidad en el homicidio del profesor y periodista Julio Castro, cometido en 1977”, en referencia a Ricardo Zabala, que permanece en libertad. “El año pasado nos entrevistamos con los cuatro candidatos presidenciales y, si bien se comprometieron a eliminar los obstáculos para el acceso a la verdad, todos lo planteaban desde la referencia al artículo 4º de la Ley de Caducidad, que para nosotras es una ley que está en desuso y que debe anularse”, afirmó Labastie en diálogo con la diaria.
Familiares de desaparecidos, ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos han planteado en los últimos meses el escaso o nulo acceso a numerosos archivos sobre el terrorismo de Estado. En este sentido, la directora de AIU subrayó que “se necesita la información para poder investigar y juzgar a los responsables de estos delitos. Hace falta voluntad política y, más allá de que hemos criticado la actitud del Ministerio de Defensa en este tema, el presidente es la autoridad máxima y debe hacer cumplir la cadena de mandos y exigir el acceso a la documentación”.
Tomando el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que puso el acento en el abuso de la prisión preventiva -ya que dos tercios de la población reclusa está en espera de juicio-, AIU plantea más medidas alternativas a la privación de libertad y su inquietud por la atención médica que se brinda en los centros penitenciarios del país, el suministro de agua, los servicios de saneamiento y la ventilación de las celdas. El documento no aborda las condiciones de encierro de menores infractores, aunque Labastie remarcó que es necesario incorporar al nuevo Código Penal la figura de “tortura” que “permitiría juzgar con más especificidad las denuncias por malos tratos a adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)”.
Desde el organismo internacional también existe preocupación por las “trabas” que sufren algunas mujeres cuando deciden interrumpir el embarazo. Para ejemplificar, se cita el caso de una mujer con discapacidad que fue violada en Salto, a la que se le negó la decisión de abortar porque los médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia, contemplado en la ley aprobada en 2012, que despenaliza el aborto, pero supone presentar la denuncia penal para probar una violación, además de establecer un período “de reflexión” de cinco días y someterse a una comisión de expertos. La muchacha tuvo que viajar a Montevideo para llevar adelante el aborto.
Por último, respecto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), AIU critica que “apenas hubo avances” en las investigaciones sobre los homicidios de cinco mujeres transexuales, ocurridos en 2011 y 2012.
El documento también valora la reubicación en diciembre de seis detenidos de la cárcel estadounidense de Guantánamo. Labastie indicó que Amnistía monitorea la situación y exigió “datos oficiales” a las autoridades pertinentes referidos a “qué plan, programa, presupuesto y responsables” fueron asignados para los ex presos que se encuentran en el país, quienes “nos han manifestado su incertidumbre sobre su condición legal y su futuro”.
En la presentación de hoy AIU manifestará su preocupación por la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas (diez en lo que va del año) y cuestionará al nuevo gobierno “cuáles son las políticas reales para eliminar la violencia hacia las mujeres”.