Minutos antes de las 10.00, una orquesta militar ya estaba instalada en la puerta de la sede principal del Poder Judicial en el Pasaje de los Derechos Humanos, en la plaza Cagancha. Además de dar inicio a la actividad de tribunales para este año, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, fue proclamado presidente del cuerpo por segunda vez en su carrera.
Después de un acto militar realizado en las afueras del edificio de la SCJ y al que asistió un grupo de funcionarios judiciales mostrando pancartas alusivas al conflicto que mantienen con el gobierno, Chediak dialogó con la prensa y destacó dos prioridades para este año. En primer lugar habló de solucionar el “diferendo salarial” que el Poder Judicial mantiene desde enero de 2011 con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Para la SCJ, después de la aprobación de la equiparación salarial de los ministros a los senadores por la Ley de Presupuesto aprobada en 2010, a los funcionarios judiciales les corresponde un aumento de 21,6%, mientras que el que se les otorgó por ley es de 8%. Sobre este tema, el jerarca recordó que a fin de año la SCJ hizo una primera evaluación de conveniencia de la ley, y señaló que el artículo 9 “es inconveniente” porque cambia una solución que existe desde el gobierno de Tabaré Vázquez para el cobro de las sentencias contra el Estado. “Todas las sentencias contra el Estado, salvo en el caso del Poder Legislativo, se pagan con fondos de Rentas Generales. Ahora se hace una discriminación respecto del Poder Judicial y se establece que deberá pagarlo con fondos propios, y el problema es que no contamos con fondos para el pago de condenas judiciales”, explicó.
En relación al conflicto, ayer la Asociación de Funcionarios Judiciales resolvió promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en cuestión, mientras que el presidente José Mujica pidió a los judiciales “colaboración” porque “lo que están pidiendo es una barbaridad”.
Diálogos
Chediak anunció que la presidencia de la SCJ “va a ser abierta” y manifestó su voluntad de seguir dialogando con todos los gremios. En este sentido, adelantó que volverá a convocar a una comisión intergremial que trabajó en los pedidos presupuestales de 2005 y 2010. Según el magistrado, esto implicará “volver a transitar el camino del diálogo entre todos los gremios para buscar las mejores soluciones” y superar el diferendo que se arrastra desde hace cuatro años. Chediak dijo, además, que “tanto la SCJ como todos los gremios del Poder Judicial” transitaron por medio de las vías constitucionales y legales sin medidas de fuerza. “No está de más señalar que arrastrando este conflicto desde 2011, 2012, 2013 y 2014, fue a mediados de 2014 que un gremio ajeno al Poder Judicial inició las medidas de fuerza”, añadió.
Autonomía
Chediak se mostró sorprendido por el anuncio del gobierno electo de que remitirá al Parlamento un proyecto de ley para que las fiscalías pasen de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura a Presidencia de la República. Si bien dijo que la SCJ aún no tiene una postura oficial, el jerarca recordó que en la comisión que redactó el nuevo Código del Proceso Penal estuvo de acuerdo con 11 especialistas en que, ante el rol protagónico que tomarán los fiscales con la nueva norma, “debían pasar a ser un organismo autónomo”. Además, dijo que la dependencia de cualquier organismo del Ejecutivo “conspira contra la apariencia de independencia”, y recordó que el gobierno de José Mujica envió un proyecto de ley en el que se consagraba la autonomía de los fiscales.
En proceso de cambio
El otro gran desafío nombrado por el jerarca fue “lograr poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal en enero de 2017”, lo que va a requerir “importantes fondos presupuestales” tanto para la SCJ como para la Fiscalía de Corte, y también será necesario capacitar a más de 60 jueces penales y más de 60 defensores públicos, técnicos, y funcionarios. Además, el Poder Judicial deberá adquirir o arrendar sedes en 17 departamentos del país, porque ya tiene planificadas y en funcionamiento las sedes de Montevideo y Maldonado.
El ministro de la SCJ valoró positivamente el funcionamiento de los juzgados de crimen organizado y recordó que la obligación del Estado es brindar “la mayor seguridad posible a la ciudadanía”, y para ello debe “transitar todas aquellas vías humanas y tecnológicas que mejoren no esta sensación, sino esta situación de inseguridad creciente que Uruguay ha tenido”. Chediak dijo que la comparación con el resto de las democracias de la región “no les conforma” y que se debe “luchar para bajar las rapiñas, los homicidios, los hurtos y volver a índices más adecuados a los que el país estaba acostumbrado”.
De todas formas, el magistrado indicó que el sistema judicial en Uruguay es “excepcionalmente bueno”, entre otras cosas porque el país es una de las 25 democracias plenas del mundo entre más de 190 países, y según una medición de un barómetro internacional, es el segundo país en América en confianza pública en el Poder Judicial, después de Canadá. “Esos índices institucionales excepcionales de Uruguay, que corresponden con aquella percepción de hace unos años de que éramos la Suiza de América, siguen vigentes, y son la mayor fortaleza que el país tiene para atraer inversiones y generar confianza en todos los ámbitos”, resaltó.
Pasado reciente
Consultado por la diaria sobre el curso de las investigaciones de los delitos cometidos en la última dictadura, sostuvo que la SCJ ha señalado que el proceso en Uruguay “ha sido estadísticamente exitoso”. Chediak comparó los 32 violadores de derechos humanos privados de libertad en el país (entre quienes fallecieron y siguen presos en cárceles o en sus domicilios) con los 34 jerarcas nazis que fueron juzgados en Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial, que en total dejó 20 millones de muertos. Además, explicó que “hay que tener claro que estos procesos históricos tienen enormes limitaciones”, y que “es imposible para ninguna democracia perseguir todos los delitos que se cometen, no sólo del pasado sino los de hoy”. Chediak señaló que “hay que ver los comparativos, y en el comparativo, la democracia uruguaya ha sido particularmente exitosa”, sin tener en cuenta a quienes han fallecido sin haber sido encausados.
Para el magistrado, los 32 encausados “son los principales violadores de derechos humanos que ha tenido el Uruguay” y llamó a “mirar la parte llena del vaso”. Consultado sobre el descenso de los procesamientos por estas causas en los últimos años, Chediak respondió que “al irse encausando a los principales violadores de derechos humanos, que además han sido encausados en diversos expedientes, el campo de quienes aún resta por ser investigados se va achicando y las dificultades aumentan”. El magistrado sostuvo que en estos casos el tiempo “juega en contra”, y que “acá han pasado muchas décadas”, por lo que se vuelve más difícil investigar los hechos. “Son limitaciones de la realidad institucional y espacio-temporal que vivimos, que determinan que no se pueda establecer un estándar de 100% de prosecución de los delitos, pero hay que ver comparativamente cómo le ha ido a la democracia uruguaya, y le ha ido muy bien. Ha sido extremadamente eficaz y exitosa en la persecución de las espantosas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura”, remató.
El nuevo presidente de la SCJ aclaró también que hasta el momento el máximo organismo del Poder Judicial no ha habilitado la prescripción de ningún delito de lesa humanidad, entre otras cosas porque “no ha tenido, en su función de tribunal de casación, ninguna oportunidad de analizar esos expedientes y expedirse”. Si bien no quiso vaticinar cuál será la posición de la SCJ cuando deba expedirse, adelantó que la posición que el organismo tiene respecto de la retroactividad de la aplicación de delitos de lesa humanidad “es la misma que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.