Diego León, Felipe Berruti, Magdalena Menini, Gonzalo Álvarez y Santiago Pérez tienen en común que son parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Entrevistados por la diaria, hablaron de los trabajos que están realizando desde ese ámbito, entre ellos, la grabación de un spot en el que varias personalidades de la cultura y el deporte explican por qué consideran importante concurrir a la 20ª Marcha del Silencio, que se realizará mañana.
Según contaron, la realización del spot fue “muy removedora” para los integrantes de la comisión. A la hora de pensar en un guion, encontraron que los discursos sobre el tema de quienes han trabajado o militado al respecto es “bien distinto” al de quienes no han tenido ningún acercamiento. Además, Berruti planteó que si bien la izquierda política y social tiene un discurso marcado contra la impunidad de los crímenes cometidos en la última dictadura, “se sigue permitiendo que el absurdo continúe”. Con el spot buscaron mostrar que, más allá de los posicionamientos políticos sobre el tema, cada persona puede tomar “decisiones morales y éticas de manera autónoma” y reinstalar el tema en la agenda.
Berruti criticó que muchos integrantes de la izquierda critican la impunidad pero siempre aparece “un pero”; por ejemplo, cuando establecen que “hay otras prioridades”. Los militantes estudiantiles se preguntan “cuál es la arquitectura de la impunidad en la sociedad uruguaya que hace que este tema siga sin resolverse”. Al respecto, Pérez se preguntó por qué Eleuterio Fernández Huidobro sigue siendo el ministro de Defensa cuando todas las organizaciones de derechos humanos reclaman su salida. Álvarez, en cambio, se preguntó “por qué se sigue diciendo que todos somos iguales ante la ley cuando quienes murieron hace 40 años no tienen acceso a la justicia y ni siquiera su familia tiene derecho a encontrar el cadáver”.
Más allá
Pero los militantes cuestionan el vínculo de Uruguay con la impunidad más allá de lo ocurrido en la última dictadura, aunque sostienen que se trata de episodios que pautan gran parte de la actualidad del país. Pérez dijo que el vínculo con la memoria en Uruguay no es el mejor. Cuestionó, por ejemplo, que la ex cárcel de Punta Carretas hoy sea un centro comercial.
El tema de la defensa de los derechos humanos no puede plantearse como un período histórico. En este sentido, plantean que, además de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el país sigue viviendo en un sistema regido por la impunidad. Aseguran que eso puede verse en situaciones de maltrato en centros de detención o en episodios de abusos policiales en algunos barrios de Montevideo. Los militantes analizan también que la división política entre izquierda y derecha no resulta útil para distinguir a los que están del lado de la impunidad de los que no. Al respecto, Berruti asegura que es un tema que “la izquierda debe discutir más”.
Álvarez ve ilustrada esta falta de discusión en los dichos de Fernández Huidobro en el congreso del Frente Amplio de 2003, cuando argumentó, en medio de una discusión con el fallecido Hugo Cores, que no había que incluir la derogación de la Ley de Caducidad en el programa para las siguientes elecciones, en tanto significaba una amenaza para el triunfo electoral. En este sentido, los estudiantes reclamaron “definiciones claras” dentro de la izquierda respecto a qué posición defender.
Pérez afirmó que la búsqueda de verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura es un tema que no puede esperar más, porque “la variable tiempo es fundamental”. Además, advirtió que, pese a que para mucha gente el tema se vuelve menos grave a medida que pasa el tiempo, en realidad debería ser a la inversa, y sostuvo que, “como jóvenes, nuestro rol es concientizar sobre ese aspecto”. La comisión de la FEUU tomó el tema de la próxima Marcha del Silencio como prioridad, a pedido de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que les planteó que, con el avance de los años, el colectivo está teniendo problemas para organizar actividades.
Muchos de los militantes que ahora tomaron esta causa militaron, en 2009, por la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y, el año pasado, contra la baja de la edad de imputabilidad. Durante la entrevista, señalaron que estos temas tienen una base común desde el punto de vista de los derechos humanos y que la aparición de nuevas causas les permitió un aprendizaje acumulado en la materia.