Durante la campaña para las elecciones nacionales, el senador y candidato a presidente por el Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay (VU), repitió en cada rincón del país que su compañero de fórmula, en ese momento el intendente de Salto, Germán Coutinho, había sido elegido por su “idoneidad” como administrador. Pero los salteños, evidentemente, piensan otra cosa, según el resultado de las elecciones departamentales. Coutinho perdió la reelección, y el gobierno de transición, encabezado por quien quedó en lugar del ex candidato a vice, Manuel Barreiro, no tuvo más remedio que empezar a sacar los trapitos al sol.
Según el intendente electo, el frenteamplista Andrés Lima, el gobierno de Coutinho dejó a la Intendencia de Salto (IS) una deuda de 1.000 millones de pesos y una caja sin saldo para pagar los sueldos de mayo y junio y los aguinaldos, a los que se suman algunas prestaciones que se adeudan desde abril. Barreiro desmintió el monto de la deuda: “La IS tiene un déficit que anda alrededor de la mitad”, aseguró, y el 29 informó a sus empleados que se están “realizando gestiones a todos los niveles correspondientes para poder realizar [los pagos] en el menor plazo posible”.
El 28 de mayo el intendente envió a la Junta Departamental de Salto (JDS) dos iniciativas para remendar la situación que compromete al gobierno entrante y cuya aprobación, por ende, necesita mayoría especial: una ampliación de la línea de crédito y un fideicomiso que se solicitaría a República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (AFISA). El llamado a licitación abreviada para solicitar una línea de crédito es “por un monto de hasta 75.000.000 pesos, con un plazo máximo de pago de hasta cinco años, a los efectos de cubrir las necesidades salariales”. El pedido de la venia legal para implementar un “Fideicomiso Financiero para la Reestructuración de Pasivos y Gastos de Funcionamiento” es por “hasta 37.000.000 de Unidades Indexadas (UI)”, unos 114.085.800 pesos.
Ambas iniciativas serán tratadas en la Comisión de Legislación y Reglamento de la JDS; en esa instancia “podrían llegar a modificarse”, dada la “sensibilidad” de la situación, según informó la presidenta del Legislativo departamental, María de los Ángeles Márquez. Además, también se “definirá si llaman a sesión extraordinaria” a los ediles para que voten lo solicitado. Márquez aseguró que los colorados “se mantendrán firmes” e intentarán conseguir el fideicomiso.
La edila frenteamplista Soledad Marazzano sostuvo que la semana pasada la JDS ya trató las iniciativas, pero sólo se consiguieron los 14 votos colorados. El Frente Amplio votó en contra porque, según la edila, el fideicomiso “decía que era con el objetivo de realizar obras y servicios, cuando es conocido que es para pagar los sueldos”. “Era un engaño”, señaló.
Por su parte, Barreiro dijo que desconocía las cifras exactas que se necesitan para pagar los sueldos y prestaciones, pero aseguró que comprometía más de 70% mensual del presupuesto de la IS, un “número mayor a 50 millones de pesos”. Además, sostuvo que está en “permanente contacto” con Coutinho y los delegados del gobierno entrante para definir un “plan de acción” a seguir, con el objetivo de “pagar en tiempo y forma los sueldos” y que “el gobierno saliente salga bien y no le deje deudas al entrante”. En ese sentido, informó que se iniciarán “gestiones de cobro que adeuda la IS”, además de las legislativas mencionadas ante la JDS. Consultado sobre el monto exacto y la situación financiera de la IS, el director de Hacienda de la IS, Rodolfo Martínez, no quiso hacer declaraciones al respecto: “Estamos en plena transición y mantendremos las reservas del caso”, afirmó.
Sacar cuentas
La cifra de 1.000 millones que Lima asegura que se debe “representa casi el presupuesto de la IS de un año”, afirmó. A ese escenario se suman 7.336.762 pesos y 29.900 dólares sin rendir ante el Fondo de Desarrollo del Interior, que administra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Por tal motivo, la IS tiene una partida de 1.900.000 pesos retenida. Según explicó el director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, Pedro Apezteguía, la IS debe rendir “1.824.934 pesos por la adquisición de controladores de semáforos, el adelanto de 15% de 36.745.526 pesos correspondientes a una obra en el barrio Zona Este, y 29.900 dólares por la compra de una camioneta Hyundai”. Lima también había dicho que “el resto de las partidas están comprometidas” en su totalidad, y así lo corroboró Apezteguía: en la primera quincena de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas pagará a la IS 6.963.775 pesos por las obras de caminería rural que la IS certificó, pero “se le debe a la empresa acreedora de la obra”.
Hoy se reunirán delegados de la IS y del gobierno entrante con representantes de la OPP para definir lineamientos a seguir, mientras que una delegación de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto concurrirá a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados a informar de la situación.