“¿Por qué otorgar a empresas la potestad de asignar gasto público en educación? No estoy de acuerdo con ese mecanismo de exoneraciones”, disparó hace algunos días en Twitter el director nacional de Juventud, Santiago Soto, y generó un debate en el que participaron varias personas públicas, como los legisladores del Frente Amplio Sebastián Sabini e Ivonne Passada (Espacio 609) y el economista Gabriel Oddone. Es que a partir de información publicada por el gobierno sobre donaciones especiales en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del año pasado, la semana pasada se conoció que en 2014 el Poder Ejecutivo renunció a más de 144 millones de pesos por donaciones a instituciones educativas privadas (de ellos, 100 millones corresponden a instituciones de primaria y secundaria, y el resto a terciarias). Lejos de haber empezado con ese tuit, el debate está instalado desde hace meses, y tuvo otro de sus picos altos durante la pasada campaña electoral, cuando el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, incluyó entre sus propuestas de gobierno la creación de 100 liceos de gestión privada financiados por recursos públicos.
Lo que está estipulado desde la Ley de Rendición de Cuentas de 2013 es que se amparan bajo el régimen de donaciones especiales -por las que el Estado renuncia al cobro de impuestos de hasta 83% del monto donado- aquellas dirigidas a instituciones de educación primaria, secundaria y técnico-profesional, tanto públicas como privadas. En el caso de las instituciones privadas, la ley establece explícitamente que deben estar “debidamente habilitadas” y atender “a las poblaciones más carenciadas”. Las donaciones también pueden estar dirigidas a financiar la infraestructura educativa de las instituciones privadas que, con ese mismo objetivo y sujeto a su aprobación, presenten su proyecto educativo ante el Ministerio de Educación y Cultura.
Además, dentro de la categoría de donaciones especiales figuran las que estén dirigidas a varias instituciones de educación terciaria, que se detallan explícitamente. Son la Universidad de la República y sus fundaciones, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo, la Universidad Ort, la Universidad de la Empresa, el Instituto Universitario CLAEH, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y su Fundación de Apoyo, la Fundación Instituto Pasteur, el Instituto Antártico Uruguayo y la Universidad Tecnológica. También se incluyen las donaciones dirigidas a algunos centros de salud, de apoyo a la niñez y la adolescencia, la Unidad Operativa del Plan Juntos y dos instituciones destinadas a la rehabilitación social.
A reconsiderar
En diálogo con la diaria, Sabini señaló que si bien hasta el momento la bancada de diputados no ha mantenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la elaboración del próximo presupuesto, el sector al que representa “discutirá” la permanencia del inciso que posibilita la exoneración tributaria de empresas por donaciones dirigidas a instituciones privadas de educación. Según dijeron a la diaria fuentes del gobierno, actualmente hay “presiones” para que entre las donaciones especiales también se incluyan otras instituciones privadas de educación, que actualmente no se encuentran comprendidas. Además, la fuente dijo que el tema “preocupa” al titular del MEF, Danilo Astori, porque se trata de una renuncia a la recaudación del Estado.
Para Sabini, que descartó que se pueda ampliar a otras instituciones privadas, el mecanismo de exoneraciones debe ser discutido, porque en los hechos se trata de una “tercerización de la política educativa” por la que el Estado cede fondos a proyectos privados, que de esa forma “determinan políticas”. Para el legislador, “sería mucho más democrático que esos recursos vayan para las instituciones de educación pública”, más en un contexto en el que se están discutiendo los fondos con los que el sector contará para el próximo quinquenio. Además, recordó que el artículo que permite esta situación fue incluido en la última Ley de Rendición de Cuentas a pedido del propio MEF. El diputado frenteamplista consideró que las políticas del gobierno en materia de educación deben tender a incluir, y consideró que las instituciones privadas que se financian por medio de estos mecanismos en realidad “excluyen para incluir”, en alusión a la forma en que seleccionan a los estudiantes.
Otro que desde hace tiempo se opone a esta medida es el ex consejero de Secundaria Martín Pasturino. Ayer, en una entrevista con El Espectador, Pasturino volvió a cuestionarla y comparó la exoneración que reciben las empresas con las que podría recibir cualquier persona. “Si un empleado que gana 15.000 pesos mensuales no aportara IVA, podría pagarle el colegio privado a sus hijos”, argumentó. Además, se quejó de que si el mismo modelo de financiación se aplicara a la educación pública, el presupuesto de Secundaria pasaría de 400 a 700 millones de dólares, y “sería imposible”, al tiempo que calculó que si el mismo costo bruto por alumno en instituciones públicas de gestión privada (6.400 dólares) se utilizara para las públicas (que en 2012 era de 1.800 dólares), sólo se cubriría 40 liceos.