El diputado de Asamblea Uruguay y presidente de la comisión de Industria de la cámara baja, Carlos Varela, intentó despejar dudas respecto a la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aprobada en diciembre del año pasado y aún pendiente de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo (PE). El gobierno espera que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expida sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos. En un seminario internacional organizado por la Presidencia de la Cámara de Representantes con motivo de los 30 años de democracia, Varela dijo compartir la decisión del presidente Tabaré Vázquez de no reglamentar la norma hasta que la SCJ se expida acerca de la constitucionalidad de los artículos recurridos por empresas y gremiales de comunicación y partidos políticos.
En perspectiva
El objetivo del seminario fue comparar los casos de legislaciones en medios de comunicación de la región y el mundo. Por ejemplo, en representación de la Comisión Federal de Comunicación del gobierno de Estados Unidos, Jonathan Levy explicó que, si bien es limitada, en su país la regulación de contenidos es mayor para la televisión abierta que para la contratada, y que además se regula la propiedad de los medios “para obtener un efecto indirecto en los contenidos”. Además, dijo que una misma persona o empresa no puede ser dueño de medios audiovisuales que concentren más de 39% de la audiencia y los canales están obligados a ofrecer programas “de interés público”.
Además, habló de “incertidumbre” por no saber cuál será el destino de la LSCA, porque, en caso de que la SCJ se pronuncie por la inconstitucionalidad de algunos artículos, su futuro dependerá de cuán centrales sean éstos, en el sentido de “si la ley quedará coherente o perforada en puntos clave”. De todas formas, aseguró que “sea cual sea el destino de la ley”, aun en el caso de que las inconstitucionalidades hagan que uno o más artículos clave no puedan ser aplicados, la bancada oficialista “insistirá en legislar en el sentido que señala el proyecto que votó”.
El legislador realizó también un racconto de los principios más importantes de la LSCA y su proceso de discusión parlamentaria, del que dijo que participaron más de 50 delegaciones nacionales e internacionales. Además, consideró que la ley uruguaya es “tibia” en comparación con países “que nadie duda en catalogar de profundamente democráticos”. Varela lamentó también que el Frente Amplio (FA) no haya logrado extender el debate al conjunto de la sociedad y responsabilizó directamente a los medios de comunicación. “Estuvo la decisión, que nunca fue explícita, de los grandes medios de comunicación, que siguieron una doble estrategia: ocultar el tema a la opinión pública, en la mayoría de los casos, o, cuando se explicitaba, que sólo una voz se escuchara en forma privilegiada”, opinó. Para el diputado, en los medios masivos se pudo escuchar “prácticamente una sola opinión sobre la ley, que planteaba que era un atentado a la libertad de expresión”, al tiempo que acusó a los medios de “ejercer la opinión en el sentido que decían criticar”. “Si algo no hubo para poder discutir ante la opinión pública, fue libertad de prensa”, agregó.
Principios
Además, recordó que “los grandes relatores de libertad de expresión del continente” -como el ex relator de Naciones Unidas Frank La Rue, que lo ratificó al cierre del seminario- han señalado a la ley uruguaya como un “modelo” de regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Varela dijo también que la LSCA es una ley “garantista”, que “promueve el pluralismo”, apoya la producción nacional, y protege a niños y adolescentes. Además, destacó que la norma define criterios transparentes para la asignación de frecuencias y que reconoce al sector comunitario, además de crear un sistema de medios públicos. Acerca del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo que crea la ley para ejercer su contralor, recordó que la forma de nombramiento que establecía el proyecto original enviado por el PE “no daba garantías” a los legisladores, que lograron que buena parte de los integrantes del consejo fueran nombrados por el Parlamento con mayorías especiales.
Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información de Unesco para el Mercosur y Chile, señaló que la organización que integra apoyó la totalidad del proceso de elaboración, que “tuvo a todos los actores implicados sentados alrededor de una mesa”. Además, señaló que la LSCA cubre satisfactoriamente gran parte de los desafíos que Unesco plantea para la libertad de expresión en el continente, excepto el creciente grado de agresión a periodistas -problema que “no se da en Uruguay”- y la asignación transparente de publicidad oficial. De todas formas, llamó a “seguir con el debate” para la reglamentación de la norma, porque dijo que conoce casos de muy buenas leyes que tuvieron malas implementaciones.
El vicepresidente Raúl Sendic dijo en la apertura que la LSCA se enmarca en la nueva agenda de derechos que impulsan los gobiernos del FA, que además se acompaña “de la vieja agenda”. Además, habló del derecho a la información como “contracara” del derecho a la libertad de expresión y puso el ejemplo de lo que ocurrió con el referéndum griego del domingo, en el que el estado de opinión “era uno” pero “la decisión soberana fue otra”.