Juan lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.
Luego de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla, además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15 años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o utiliza otro criterio que distribuya de alguna manera ese gasto a lo largo del tiempo.
La primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública: el gobierno central y las empresas públicas registran las inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este pequeño detalle contable genera una de las discusiones más importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación entre déficit fiscal e inversión pública.
Juan acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el mes en que se realizaba.
La práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo del Manual de contabilidad pública del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.
Juan, consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa, porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que lo integran...
El gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición contable que plantea que la inversión pública forma parte del déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo. Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única justificación eludir una definición contable. El problema central radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar cerrándose, de forma pueril, en el terreno de la contabilidad. Es la penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.
Juan, mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato de compraventa de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo, pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla mañana.
Una versión previa de esta columna se publicó en el blog Razones y Personas.