Desde hace años manejamos información sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes en los ámbitos estatales en los que son privados de libertad adolescentes en conflicto con la ley. Casi parece que nos acostumbramos a la situación, ya que las reacciones de indignación ante la presentación de cada informe o denuncia rápidamente dejaron paso a una indiferencia cómplice.
Recientemente el PIT-CNT designó para una de sus vicepresidencias a Joselo López, dirigente del Sindicato del INAU, cuestionado por respaldar a trabajadores acusados de maltratos. Si bien se escucharon voces discordantes con la decisión, para muchos se trató de un mal menor que servía para mantener la unidad del movimiento sindical. Entre las voces que se elevaron con mayor fuerza, destaco la de Aníbal Corti, en un artículo publicado en Brecha.
El tema volvió a la agenda tras la difusión de un video que muestra a trabajadores del INAU reduciendo a adolescentes amotinados mediante un despliegue desmedido de personas y fuerza. Esos minutos de video han tenido más efecto que todo lo escrito sobre el tema. El propio López, que en las imágenes observa pasivamente el accionar de los funcionarios, justificó el procedimiento porque estaba ajustado al protocolo. “Ajustado a Derecho”, señaló; aunque luego reconoció “algunos excesos”, según Montevideo Portal.
La Justicia evaluará la existencia de delitos y sus eventuales responsables. No me detendré en ello, sino en otros dos aspectos. Primero: la naturalización de los tratos crueles y degradantes bajo la justificación de un protocolo. Para López, las acciones que se ven en el video son normales. El problema es que los intentos de cambiar las formas de trabajo en los centros de privación de libertad fracasaron, en buena medida, por el boicot, o al menos la falta de colaboración, de los encargados de aplicar esos protocolos. Entonces, ¿quién defiende estos procedimientos? Y más profundamente, ¿se puede apelar a una especie de “obediencia debida” para justificar estos maltratos? ¿Es esta justificación aceptable desde un movimiento popular que regó con su sangre la lucha por la más plena vigencia de los derechos humanos?
Segundo y vinculado con lo anterior: el papel de nuestro movimiento de trabajadores en la defensa de los derechos humanos. ¿Es posible sostener en la vicepresidencia de la central a alguien que asiste impasible a un acto de violencia (material y simbólica)? Alguien que reconoce estos “excesos” ¿no debería dar un paso al costado? Y si no lo hace, ¿no debería ser relevado inmediatamente?
Como en un juego a dos bandas, de cómo se resuelva esta situación dependerán la credibilidad del movimiento sindical y la posibilidad de cambios positivos en el sistema de responsabilidad penal adolescente. En todo caso, quiero unir mi voz a la de muchos trabajadores que clamamos: no más tratos crueles ni degradantes. No más impunidad. ¡No en nuestro nombre!