Una mesa sobre justicia penal juvenil en las jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) invitó a exponer sobre el tema a la senadora y politóloga Constanza Moreira, la ex decana de la facultad Susana Mallo, y a las investigadoras Nilia Viscardi y Gianella Bardazano. Moreira fue crítica con la gestión en seguridad pública del gobierno de José Mujica, que consideró que fue la prioridad de la gestión. Afirmó que tal priorización respondió a “la desesperación” por conquistar a la opinión pública, la falta de “aliados políticos de peso” que tuvieran “otra visión”, sumado a “la política llevada a cabo por viejas generaciones con repertorios pedagógicos espantosos que ya nadie compartiría pero que están ahí”, y a cierto “autoritarismo de izquierda”.
Para la senadora, la “Estrategia por la vida y la convivencia”, impulsada en el gobierno anterior, “le dio el marco legal y de actuación política a la agenda de seguridad con enormes impactos para los jóvenes”. Consideró que terminó desembocando en la juntada de firmas para la baja de la edad de imputabilidad, porque “la forma en que se coloca la inseguridad en la agenda está directamente vinculada con la minoridad infractora”.
Además, señaló que no hubo un adecuado estudio de impacto sobre el paquete de normas que fueron impulsadas, y que se llevó adelante pese a que varias instituciones -entre ellas el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay- se opusieron a algunas medidas, como que el mínimo de privación de libertad para menores de edad sea de un año. “Se aplicó igual, como si algo en la ley fuera superior a sus efectos, como si hubiera una justificación de la ley en sí misma, independientemente de que los efectos fueran negativos”, afirmó. Para Moreira, este tipo de leyes, como la que hizo que se mantuvieran los antecedentes penales de los menores de edad, constituyeron “una respuesta a la opinión pública, a las presiones de la Justicia y de actores extrapolíticos”.
Buenas y malas
Moreira también apuntó contra la Ley de Faltas porque sostuvo que ese tipo de tipificación se había excluido del Código Penal por tratarse de delitos de bagatela. Según la senadora, “entramos en una especie de regresión punitiva” porque la presión sobre las penas “aumentó considerablemente”. Otra de las normas que mencionó fue el aumento de penas al tráfico de pasta base, al que definió como narcomenudeo, y dijo que en la bibliografía universal “se sabe que lo que hace es llenar las cárceles de pobres y de mujeres”. Acerca de la ley de internación compulsiva, sostuvo que se basa en “una justificación sanitaria mentirosa” porque de una internación “no se saca a alguien nuevo y sabiendo inglés”.
La senadora recordó además que en la legislatura pasada ingresó al Parlamento un Código Penal Juvenil que se planteaba aumentar las penas a diez años, pero explicó que junto al senador Rafael Michelini impidieron su tratamiento. De todas formas, aseguró que “es un monstruo que puede volver”. En medio de esas políticas, Moreira advirtió “una línea verde liberadora” que fue la liberación del cannabis, porque esa ley dio “otro mensaje” respecto de los jóvenes y los activó en una discusión “en la que los viejos adultos borrachines empezaron a abrir un poquito sus prejuicios respecto de esta cosa rara que para ellos era el porro”. Para lograr su aprobación a pesar de la mayoritaria opinión pública en contra de la norma, la senadora destacó el trabajo de la Junta Nacional de Drogas, la Udelar y la FCS, y el de George Soros, “un financista fraudulento y terrible”. Para Moreira, a raíz de este debate se pudo separar el consumo recreativo de la adicción.
Moreira habló del surgimiento de algunos “contradiscursos” de esta política de seguridad, como el logrado al vencer el plebiscito, cuando se impuso la imagen del “joven víctima”. Dijo que otro de ellos se da mediante el discurso de la violencia de género, que rompe con los mitos de que lo conocido es lo que genera confianza y que el espacio peligroso está fuera del hogar. Para la senadora, “hay que cambiar urgente el paradigma de la seguridad” y se debe ir “contra la inflación punitiva”. Al respecto, lamentó que en Uruguay casi no se apliquen medidas alternativas a la privación de libertad, pero sostuvo que “ahora sí se las aplican al padre de [Edinson] Cavani”. Según continuó, “la izquierda no puede pretender normalidad y ajuste en una sociedad que denuncia como desigual”, y afirmó que muchas veces los aparatos represivos del Estado “acentúan las desigualdades sociales”.
Bardazano consideró que en el último tiempo se han legitimado soluciones que “quitan de la escena la dimensión ideológica del discurso de la seguridad y ocultan que las decisiones legislativas y judiciales son decisiones políticas y no de expertos”. Para la abogada, algunas de las acciones que contribuyen a ello son la mirada de la seguridad como un derecho humano y como un tema de Estado, que elimina la relevancia del posicionamiento ideológico y acepta el discurso de los expertos como si fuera neutral. Dijo que eso se puede apreciar también en el diagnóstico de la sociedad uruguaya contenido en la “Estrategia por la vida y la convivencia”.
Viscardi cuestionó la asociación entre marihuana y seguridad, porque según dijo, el mercado de la marihuana no es considerado violento, como sí sucede con el de la pasta base o la cocaína. Sostuvo que en el caso de los jóvenes que cometen delitos, si demuestran voluntad de trabajo su pena puede ser reducida, cuando en otros estratos sociales el ideal de juventud es vivir en la casa de los padres hasta los 30 o 35 años. Según dijo, para los jóvenes privados de libertad la salida constituye una “moralización” que “extermina” el proceso de juventud. Por su parte, Mallo pidió “imaginación y comprensión” en el diseño y ejecución de políticas para atender a la diversidad de jóvenes que, según dijo, perdieron el derecho a “la disputa generacional”.