A raíz de una denuncia formulada por escrito por integrantes de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que se menciona la renuncia del ex coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República (Udelar), José López Mazz, sumada a “acusaciones graves en cuanto al entorpecimiento a la búsqueda de los detenidos desaparecidos”, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) solicitó que el tema fuera tratado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la institución educativa. La FEUU se enteró de la denuncia por medio de un artículo publicado por el semanario Brecha en setiembre de 2014.
La Udelar conformó un grupo de trabajo para esclarecer el hecho, integrado por un representante de cada uno de los tres órdenes de la institución y otro del rectorado, que nombró a la asistente académica Silvia Canedo. El grupo concluyó su trabajo y elaboró un informe que fue incluido en el orden del día del CDC de ayer, que postergó el tema después de una discusión entre el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -de la que es docente López Mazz-, Álvaro Rico, e integrantes del equipo de trabajo que también integran el consejo.
En el informe se establece que a partir de entrevistas realizadas a varios de los directamente implicados, entre los que estuvo Rico -en su carácter de decano y de director del equipo de historiadores que trabaja en el mismo convenio-, se concluye que hubo una “confusión” en la inspección ocular dispuesta en el Servicio de Material y Armamento (SMA), donde funcionó el llamado 300 Carlos, en la causa de la desaparición de Nebio Melo, hijo de la militante de la organización de Familiares Luisa Cuesta. El informe atribuye dicha confusión a “errores de coordinación y de comunicación” dentro del equipo de antropólogos, generados por la “manifiesta falta de conocimientos jurídicos y forenses”, y se descarta la ocurrencia de errores voluntarios por parte de los técnicos. En concreto, según la denuncia de Ricardo Patiño, de Familiares, López Mazz había afirmado que la mencionada inspección ocular ya se había realizado en el SMA, cuando eso no había ocurrido en el marco de la causa que investiga la desaparición de Melo.
Según plantea el grupo de trabajo, a partir de una entrevista mantenida con López Mazz, el antropólogo consideró que los “desencuentros” producidos en la visita al predio “no fueron tan graves”. Además, según el grupo de la Udelar, el antropólogo explicó que su salida del equipo fue ocasionada por una “suma de hechos”: se habla de una “degradación del ambiente de trabajo”, de la falta de apoyo de Rico a López Mazz y de “presiones externas que fueron tornándose muy molestas”. Además, a partir de una entrevista con Rico, el grupo de trabajo informó que el decano planteó la existencia de un enfrentamiento entre Familiares y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, acompañado del posterior retiro de confianza política de la organización a López Mazz. El informe agrega que en aquel momento Rico entendió que era conveniente que estos hechos no trascendieran públicamente, dado “el contexto nacional y universitario del momento”, marcado por la elección de rector en la que fue candidato.
Esta situación fue desmentida ayer en el CDC por el propio Rico, quien negó que las instancias electorales de la Udelar hayan incidido en el tratamiento del tema, y además se mostró dolido por esa acusación. El decano acusó al grupo de mentir y de “extralimitarse” en sus cometidos, porque entendió que terminó actuando como comisión investigadora. Además, dijo que no se entrevistó al ex rector Rodrigo Arocena, quien a sugerencia de Rico archivó la denuncia de Patiño, y se quejó de no haber sido advertido de que parte de sus declaraciones iban a ser reproducidas en el informe, aunque de todas formas señaló que no se trata de dichos textuales. Rico señaló que hubo un reconocimiento de que existieron errores y que se actuó para enmendarlos.
Además, señaló que en su momento se decidió tratar el tema “con reserva”, ya que la atención mediática “hubiera contribuido con la impunidad”, porque se estaría poniendo en cuestión el trabajo de equipos técnicos que son considerados como peritos en los juzgados en los que se desarrollan estas causas. Tras un pedido del rector Roberto Markarian de tomar conocimiento del informe, dar vista a Patiño y dar por laudado el tema, que resultó negativo, la resolución del tema fue postergada. La consejera egresada e integrante del grupo de trabajo Alejandra Veroslavsky dijo que las palabras de Rico fueron “irrespetuosas” y que también hubo dichos “comprometedores” que fueron dejados de lado en el informe. Veroslavsky, acompañada por la FEUU y los docentes, pidió que el tema sea considerado en régimen de comisión general en la próxima sesión.