Con una carga horaria que en cada sesión supera las ocho horas ininterrumpidas, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados continúa tratando el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal. Ayer recibió a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En total, 972 funcionarios del Mides son contratados por intermedio de organizaciones de la sociedad civil, según informó el gobierno en la Rendición de Cuentas de 2014. En busca de regularizar esta situación, la cartera incluyó un artículo que faculta al ministerio a contratar bajo el régimen de provisoriato a la mayoría de los tercerizados. Pero el artículo también incluye algunas excepciones al régimen de contratación de ingreso a la función pública que marca el Estatuto del Funcionario Público, siempre y cuando estos trabajadores se hayan desempeñado ininterrumpidamente en el Mides por 18 meses antes del 28 de febrero de 2015: esas contrataciones no pasarán por los procesos de reclutamiento y selección establecidos ordinariamente, sino que serán evaluadas en un plazo de hasta seis meses y, en caso de que corresponda, se procederá a su presupuestación. En tanto, los funcionarios tercerizados que se desempeñan en la cartera pero no alcanzaron los 18 meses de forma ininterrumpida al 28 de febrero de este año ingresarán bajo el régimen común de provisoriato que establece el Estatuto.
Este mecanismo de ingreso al Estado irritó al diputado nacionalista Jorge Gandini, quien antes de escuchar la explicación de las autoridades del Mides manifestó su disconformidad a la prensa: “Esas personas que ahora se presupuestan no entraron al Estado, no pasaron por el sistema único de reclutamiento, no fueron seleccionadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil, no dieron concurso, no fueron seleccionadas por nadie, estas ONG incorporaron a estas personas. Sin competir con nadie ni acreditar ahora sus condiciones o cualidades, ahora pasan a ser funcionarios del Mides. [Este mecanismo] viola el principio de igualdad y viola el propio sistema que el gobierno creó para que ingresen funcionarios al Estado, que es el del concurso, la ventanilla única y el sistema único de reclutamiento”.
El también nacionalista Gustavo Penadés dijo que se alegró de que el gobierno decidiera detener las contrataciones de ONG en el Mides, pero opinó que “hay cosas que no están explicadas”. También sostuvo que no está claro de qué forma esa cartera gastará más de 1.000 millones de dólares en los cinco años del actual período de gobierno. Según el diputado, que aseguró que 20% de la clase media vulnerable está en condiciones de caer en la pobreza, “fue el trabajo lo que hizo que la gente mejorara y no las políticas estatales”. “200 millones de dólares por año divididos entre la población vulnerable es mucha plata. No está claro en qué se gasta”, remató el legislador. El presupuesto del Mides para este quinquenio incluye recursos para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que implicará una inversión de 118 millones de dólares en 2016 y 2017.
Libro de quejas
El viernes, la comisión recibió a más de 30 delegaciones de organizaciones sociales. El reclamo de más ayuda estatal fue una constante en este cuerpo, que debió dividirse en dos para poder atender a todas las organizaciones que lo visitaron.
Una de las comparecencias más esperadas era la del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE). Alejandra Kun, una de las voceras de la institución, explicó que la negativa del gobierno de aumentarles el presupuesto es “inmoral”. “Es una respuesta política por no haber aceptado una dirección política de la ciencia. No la vamos a aceptar”, afirmó.
En tanto, Carlos Fessler, quien asistió a la comisión a nombre de la “intergremial del sistema judicial uruguayo”, sostuvo que por primera vez un gobierno envió un presupuesto en el que el Poder Judicial “no sólo no recibe incremento alguno”, sino que el inciso “ni siquiera figura en el mencionado proyecto”. Se trata, sostuvo, de un “mensaje [que] pone en serio riesgo la armonía del Estado de derecho, entre otras razones, porque produce una pérdida en la calidad de la democracia”.