Dino Perrini tenía seis años cuando su padre, conocido como Chiquito, fue secuestrado en su heladería de Carmelo, el 26 de febrero de 1974, en el marco de un operativo de detención en la ciudad. Los efectivos militares lo llevaron al Batallón de Infantería Nº 4, en Colonia del Sacramento. Con los ojos vendados, Perrini y los otros detenidos pasaron varios días de plantón. “Los hombres eran golpeados y las mujeres eran reiteradamente sometidas a tratos degradantes por personal del Batallón, tales como obligarlas a permanecer de pie desnudas, manosearlas, tocarles la zona genital y apretarles los pezones, llegando incluso a la violación. Todas las testigos que declararon en autos afirmaron haber sido víctimas de violación por parte de los militares”, establece el fallo de la jueza, que da paso, a su vez, a nuevas investigaciones por estas denuncias de torturas. Testimonios de varios detenidos, que coinciden con los de los soldados, apuntaron que Chiquito “pretendía intervenir para que los militares no abusaran de las jóvenes, profiriendo insultos hacia ellos, ante lo cual recibía insultos y mayores apremios físicos de parte de los captores. [...] esa actitud de Perrini parecía molestar a los militares, quienes se ensañaban con él especialmente”. Incluso, uno de ellos declaró, según consta en el auto de procesamiento, que Perrini “les decía ‘cobardes’ a sus captores”.
Homicidio político
La fiscal Ana María Tellechea había pedido el procesamiento con prisión, en junio de 2012, de Wa- shington Perdomo, segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 4, encargado del establecimiento el día de la muerte de Perrini. Perdomo murió en 2014, antes de que la jueza pudiera pronunciarse sobre el pedido de la fiscal. También había pedido el procesamiento del capitán José Baudean, que revestía en el batallón y murió en 2012. Barneix cumplía funciones como capitán de servicio y tenía a su cargo al personal de la guardia perimetral, mientras que Puigvert estaba en el batallón porque vivía allí.
El mayor hallazgo de la causa fue el expediente de la Justicia militar 257/74, que investigó la muerte de Perrini. Allí consta que en la tarde del 3 de marzo fue trasladado a la sala de interrogatorios. En determinado momento -estiman que fue entre 15 y 30 minutos después-, Perrini perdió el conocimiento. El médico del batallón, Eduardo Solano, dictaminó el traslado de Perrini al Hospital Militar. Junto al enfermero y el médico viajó también Perdomo, y a la altura del kilómetro 110 de la ruta 1 Perrini murió.
La autopsia realizada en aquel momento determinó hematomas en el tórax y en el abdomen, múltiples hemorragias y lesiones, pulmones distendidos, e indicaba como causa de muerte edema agudo de pulmón. Cuando el juez militar Ruben Bonjour les preguntó a los militares por estas lesiones en el cuerpo, “todos los atribuyeron a caídas al piso, golpes que se daba contra la pared”, a lo que la jueza señala que, además de inverosímiles, fueron excusas “expresamente descartadas” por los peritos que hicieron en 2012 la autopsia histórica: esos hematomas “eran incompatibles con golpes accidentales o autoinfligidos. Por el contrario, fueron concluyentes en afirmar que se trataba de una víctima multigolpeada y agregaron que los hematomas constatados en zona de epigastrio y genitales demostraban especialmente la intención del agresor de provocar un gran dolor, por tratarse de regiones del cuerpo especialmente sensibles”. “Del expediente militar resulta en forma incuestionable que quienes participaron del interrogatorio del día domingo 3 de marzo de 1974 fueron el Capitán Baudean y los Tenientes 1º Barneix y Puigvert. Si bien los partícipes negaron maltrato al interrogado, reiteraron las referencias al ‘trato riguroso’ de los detenidos”, consigna Larrieu.
Homicidio político es aquel cometido por agentes del Estado contra una persona por sus actividades u opiniones políticas, y la Ley 18.026 prevé penas de 15 a 30 años de penitenciaria. La jueza aclara que es un delito de lesa humanidad, y explica que éstos son los que afectan “no sólo a la persona y comunidad de que se trate, sino a toda la humanidad”, para después aclarar que este tipo de delitos eran considerados crímenes por la comunidad internacional desde mucho antes del homicidio de Perrini, más precisamente, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.
El último 3
Dino tiene ahora 47 años. Ayer estaba en Fray Bentos cuando se enteró de la noticia, pero llegó a Carmelo y se abrazó con sus hermanos Aldo y Piero, el más chico, que fue el que hizo la denuncia en 2010, respaldado por el abogado Óscar López Goldaracena. “Estamos contentos, no por cómo terminó la cosa, sino por los procesamientos; se los juzgó como tenía que ser”, dijo Dino anoche en diálogo con la diaria. Sobre el suicidio de Barneix no quiso opinar. Explicó por qué no fue hasta 2010 que su hermano tuvo la voluntad de denunciar: “Siempre pensamos que la gente que había matado a papá no vivía, y fue un tema del que nunca se habló. Hay gente que decía que se lo buscaron, pero papá nunca fue ni a un club político. Tenía ideales, votó al Frente Amplio. Era un comerciante, trataba con mucha gente, y alguien lo escuchó”.
Por las demoras que tuvo el expediente judicial, él, sus hermanos y mucha gente de Carmelo se reunían los 3 de cada mes alrededor del busto de Perrini que está en la plaza Independencia, frente a la heladería Perrini, que todavía atiende el hermano de Aldo. Hoy estarán allí a las 20.30, y será el último encuentro: “Es por papá y por la gente que estaba con él, que sufrió mucho. Espero que esté orgulloso. Lo logramos”.