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Fernando Pereira. Foto: Pablo Nogueira (archivo, setiembre de 2014)

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Por distintos motivos, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la oposición cuestionaron el aumento de tarifas públicas.

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Los dirigentes del PIT-CNT reaccionaron ante el aumento anunciado por UTE de 9,85% a partir de enero. Tras varias consultas, el Secretariado Ejecutivo se manifestó “en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores”. En una declaración emitida ayer, la central sindical asegura: “Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, explicó a la diaria que, además de considerar negativo que el aumento de UTE haya sido “por encima de la inflación, lo que claramente no ha sido la clave en los últimos años”, la discrepancia de la central pasa “sobre todo por el criterio: si uno pone un aumento lineal, las más perjudicadas van a ser las tarifas de poco importe”. “El que paga 25.000 pesos de luz notoriamente tiene un poder adquisitivo que no tiene que ver con el que paga 1.800”, opinó. El dirigente recordó que el PIT-CNT ha hecho propuestas para adoptar “una conducta tarifaria que discrimine los hogares de altos ingresos de los de bajos ingresos, que claramente un aumento de tarifa plana no lo toma en cuenta”.

En su declaración, el Secretariado Ejecutivo también llama la atención “respecto al hecho innegable de que el Poder Ejecutivo a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial pretende desvincular los aumentos de salarios de la inflación (desindexación) y para aumentar las tarifas de las empresas públicas lo hace por encima de la inflación”. El gobierno, según Pereira, “argumentaba que no quería generar procesos inflacionarios; sin embargo, cuando se van a fijar las tarifas públicas algunas de ellas superan el IPC [Índice de Precios al Consumo], lo que no era normal en los últimos diez años”. “Nuestra propuesta concreta era que los salarios deberían haber aumentado la inflación más la recuperación que permitiera el crecimiento de la economía, y en el sistema tributario invertir el peso: que los que menos ingresos tengan tuvieran menos aumento”, explicó. El dirigente aseguró que las tarifas “son parte de la política económica”, y que se entiende “la necesidad del país de tener mayor recaudación para enfrentar los gastos, pero lo que no se entiende es que ese crecimiento recaudatorio lo tengan que hacer afectando en mayor medida a los más débiles”.

La Agrupación UTE (AUTE), que nuclea a los trabajadores de la empresa, se volvió a manifestar en contra del aumento. Agregó, en un comunicado difundido ayer, que “la rebaja de la tarifa eléctrica residencial es posible”. Se refieren a un estudio económico realizado a pedido de los funcionarios que determina que “modificando la estructura tarifaria, la cual es totalmente injusta, se puede rebajar la tarifa eléctrica al pueblo”. La AUTE asegura que los medianos y grandes consumidores “pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores” y que “el peso de la tarifa para los hogares es diez veces mayor que para las empresas”. También afirma que el motivo del aumento de la tarifa no pueden ser “los salarios de los empleados públicos, ya que éstos pesan 10% del presupuesto del ente, y además no tendremos aumento en este período”.

Además del incremento de UTE, El País informó ayer que OSE también aumentará sus tarifas 9,85% y que Antel lo hizo, en función del incremento de la inflación en 2015, entre 9,4% y 9,5%.

El aumento de las tarifas también fue cuestionado por las cámaras empresariales. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo a Radio Uruguay que el incremento en las tarifas complica los presupuestos previstos para 2016 del sector industrial y que la medida afectará la competitividad de las empresas uruguayas, pero también los costos al consumidor, que, advirtió, se verán afectados por este aumento. Carlos Perera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo, en la misma línea, que el aumento “no es lógico”, dada la buena situación de las represas hidroeléctricas. También argumentó que el incremento de la energía eólica en la matriz energética debería disminuir los costos.

Legisladores de todos los partidos de la oposición cuestionaron el aumento, por considerarlo un “tarifazo”. El Partido Colorado, cuyo representante en el directorio de UTE, José Amy, votó en contra del aumento, emitió ayer una declaración en la que manifiesta “su más enérgico rechazo” al aumento, que considera “un ajuste fiscal encubierto que el gobierno les hace a todos los uruguayos”.

Son los costos

Respecto de las críticas del PIT-CNT, fuentes del Poder Ejecutivo apuntaron que el aumento de las tarifas de OSE será diferencial en función del consumo y que la tarifa de UTE no tendrá aumento para los beneficiarios de los planes del Ministerio de Desarrollo Social y para quienes han regularizado la conexión al servicio. En el caso de UTE, junto con los aumentos generales, el directorio resolvió incrementar los descuentos a 42.543 servicios (que suman casi 1,4 millones de dólares anuales), correspondientes a planes de inclusión social. En el caso de OSE, quienes tengan un consumo de hasta 15 metros cúbicos -que se estima sería el de una familia compuesta por tres personas- no tendrán aumento. Respecto de la suba de la tarifa de Antel, recordaron que ésta no se ajusta desde hace diez años.

En relación con el reclamo de AUTE, las fuentes del Ejecutivo señalaron que los funcionarios de las empresas públicas recibirán un aumento similar al de las tarifas de UTE y OSE, ya que su ajuste estará compuesto por la inflación (9,44%) y un ajuste de 0,4% real. Integrantes del gobierno niegan que el aumento de tarifas sea un “ajuste encubierto”. Respecto al de UTE en particular, explicaron que se debe, en parte, a que lo que la estatal paga a los privados por energía eólica se abona en dólares, moneda que en los últimos 12 meses se apreció 25%, lo que significa un aumento de costos. “Lo que se toma en cuenta es la evolución de los costos, y nada más; no hay una transferencia a Rentas Generales por estos aumentos”, aseguró la fuente.

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