El 24 de agosto la Junta Nacional de Migraciones aprobó el “Documento marco de la Política Migratoria en Uruguay” y cinco días más tarde fue homologado por el Poder Ejecutivo mediante la resolución CM/388.
Aunque su aprobación pasó desapercibida por la mayoría de los medios de comunicación, este documento era una vieja aspiración y un importante paso para establecer los fundamentos y principios bajo los que se regirá la política migratoria en Uruguay en los próximos años.
El Ejecutivo homologó un documento que afirma que “en la última década el Uruguay ha desarrollado una política migratoria que lo ha posicionado a la vanguardia de la región y el mundo”, cuyo énfasis está en “los compatriotas” y -paradójicamente- en el “derecho a no migrar”, pero no aborda los temas medulares que hacen, por ahora, imposible pensar a Uruguay como un país institucionalmente preparado para recibir migrantes.
El documento, de 35 carillas, es básicamente un informe del quehacer de la Junta Nacional de Migraciones y de los logros recientes de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación de Cancillería.
Establece siete principios generales orientadores y rectores y pone foco en cuatro políticas hacia una gobernanza integral del tema migratorio: políticas de retención, de retorno, de vinculación e inmigratoria.
En términos generales, la población prioritaria del documento son los uruguayos (por filiación o por lugar de nacimiento), uruguayos que vivan en el exterior (política de vinculación), uruguayos que hayan emigrado y regresado (política de retorno) y aquellos nacionales más calificados que potencialmente pueden emigrar (política de retención). Sólo tres carillas se refieren específicamente a la población inmigrante (política inmigratoria).
Aunque el documento hace referencia a la “perspectiva de derechos”, muestra una mirada bastante conservadora en torno a los desafíos de la movilidad humana en el siglo XXI.
La revisión de este instrumento es una buena oportunidad para impulsar una discusión más plural y abierta que ponga sobre la mesa temas vinculados no sólo a la reflexión sobre la política migratoria, sino también, en el marco de una posible reforma constitucional, sobre los conceptos de ciudadanía que como comunidad defendemos y que lesionan el principio de igualdad de trato y goce de derechos entre uruguayos y no nacionales.