Desde que el Poder Ejecutivo envió en marzo un proyecto de ley para regular las aplicaciones informáticas, delegados de la Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU) y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) visitaron varias veces el Parlamento. El texto está hoy en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. “Vas al Parlamento a conversar sobre el proyecto de ley, y si no estás de acuerdo con lo planteado, te terminan pidiendo algo”, dijo a la diaria Álvaro Lamé, presidente de la CUTI. Entonces, ambas cámaras decidieron enviar algo: un proyecto de ley sobre economía colaborativa, que ayer entró a la comisión.
El artículo 1º del proyecto declara de interés nacional “las actividades vinculadas a la Economía Colaborativa”, que, según las cámaras, brinda “nuevas oportunidades a los ciudadanos, contribuye a la calidad y crecimiento del empleo, fomentando y desarrollando la productividad, la competitividad y la innovación”.
“Venimos trabajando en el tema desde que se presentó el primer proyecto, de Presidencia, y siempre nos pareció que buscaba condenar y regular una actividad que en realidad ya tenía los medios para regular: lo que tiene que ver con pago de impuestos, aportes patronales, las intendencias que regulan el transporte público”, fundamentó Lamé, que considera que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo podría exigir a los choferes de Uber la libreta profesional.
En un principio, CEDU formaba parte de CUTI, pero en 2015 se independizó; hoy reúne a empresas variadas, como IBM, Abitab, Mercado Libre, Mosca, Woow y Tiempost. La CUTI, por su lado, comprende a multinacionales como Microsoft y a firmas locales como Genexus y Netgate. Uber, por el momento, no forma parte de ninguna de las dos. El proyecto que presentaron define la economía colaborativa como “modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante Plataformas Colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios, ofrecidos a menudo por particulares”, y a la plataforma colaborativa como toda aquella “en línea, que conecta a los prestadores (que ofrecen bienes y servicios de manera ocasional o que actúan a título profesional) con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos”.
En su capítulo 3º, se establece que las actividades del rubro están incluidas en el régimen de promoción y protección de inversiones de la Ley N° 16.906 y que el desarrollo de plataformas colaborativas “será considerado a todos sus efectos, como producción de soportes lógicos y servicios vinculados”, una idea que entra en choque con el proyecto de ley que impulsan los diputados del Frente Amplio (FA), que incluye a cada plataforma en la actividad del servicio que presten. Es decir: para las cámaras, Uber se debe considerar una empresa de servicios informáticos -y regirse por las reglas del sector-, mientras que para el FA, su sector es el transporte.
El proyecto de CUTI y CEDU también establece que la actividad se debe regir por los principios de “libertad, equivalencia funcional, libre competencia y buena fe”. Luego agrega que los organismos del Estado deben coordinarse para brindar “un marco normativo adecuado” para los proyectos de economía colaborativa, y que los requisitos para su acceso al mercado no deben ser “discriminatorios” en cuanto a que prime “un modelo sobre otro”.
Sobre los dos “modelos”, Lamé opina: “Está claro que este tipo de aplicaciones que ponen en contacto oferta y demanda impactan en los modelos de negocios tradicionales, como el sector inmobiliario y el taxímetro, pero también es hacia donde va el mundo. Uruguay tiene antecedentes importantes en los últimos años en lo que tiene que ver con el Plan Ceibal. La infraestructura de comunicaciones nos ha posicionado como pioneros en economía digital y se están planteando leyes que van en contra de eso”. Como ejemplo de la nueva dirección del mundo, habla de la falta de mamparas, “de las que tanto nos quejamos los uruguayos” en los coches de Uber: “A partir de la aplicación que logra que el chofer que cobra no maneja dinero, estás evitando una tentación para el robo”. “¿Quién dijo algo cuando empezaron a desaparecer los videoclubes?”, pregunta. Luego habla de cómo la imprenta fue una innovación que también cambió el mundo. “Es parte de la historia”, remata.
Dale enter
El proyecto de CUTI y CEDU llegó un poco tarde: el lunes que viene, el proyecto de ley del FA se vota “sí o sí”, dijo a la diaria Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional y presidente de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología. Lo más esperable -ya que el partido de gobierno tiene mayoría en la comisión- es que se vote afirmativamente, y que pase al plenario de Diputados, que se celebra el miércoles siguiente; si su pasaje por la Cámara de Senadores es expeditivo, habrá un proyecto de ley sobre aplicaciones informáticas antes de fin de año.
Goñi considera que el texto es un “mejoramiento” (las comillas son suyas) del que envió el Ejecutivo; según su redacción actual, las aplicaciones deberán ceñirse a las normas “laborales, administrativas, previsionales y tributarias, con especial énfasis en que no se utilicen los medios electrónicos para ocultar relaciones de trabajo” y, en caso de incumplimiento, la Justicia podrá ordenar al Banco Central del Uruguay que bloquee las cuentas bancarias y las operaciones de las empresas en cuestión, un punto con el que las cámaras se manifestaron en especial desacuerdo.
Por haber llegado tan sobre la hora, el proyecto de CUTI y CEDU será utilizado como “insumo” para la discusión del lunes, pero Goñi considera que tiene aportes atendibles, como su artículo 1º: “La ley tiene que arrancar con una actitud positiva; aun los legisladores más restrictivos se han ido convenciendo de que debe ser ese el espíritu”.
Hablando de Uber: ayer, un grupo de choferes que trabajan para la empresa y que, según Goñi, se presentan como “conductores de transporte de pasajeros contratados por aplicaciones”, visitaron la comisión para manifestar preocupaciones. “Un reclamo fuerte es que se sentían desprotegidos, en la medida en que había actores del Estado que los hacían ver como unos delincuentes. Dijeron que son trabajadores, que tienen empresas unipersonales y pagan los impuestos”, comentó el diputado blanco. También hablaron de los riesgos “de seguridad personal” que están sufriendo, es decir, los encontronazos esporádicos con taximetristas. Además, llevaron cifras: son más de 4.000 conductores, que trabajan con unos 300.000 usuarios.