El lunes, el barrio hirvió. La mañana arrancó con un enfrentamiento entre unas 15 personas y repartidores que distribuían cerveza en un camión: mientras los trabajadores descargaban cajas en un negocio en las calles Salustio y Torricelli, en Las Acacias, un grupo de personas que volvía del sepelio de un muchacho asesinado por un policía en una rapiña rodeó el vehículo y atacó con palos y piedras, informó ayer El País. La Jefatura de Policía de Montevideo sostiene que a partir del incidente alrededor del camión se envió un patrullero que se tuvo que retirar para escapar de las pedradas, pero Telenoche recogió testimonios de vecinos que afirman que la provocación surgió de los repartidores, uno de ellos, sargento de la Guardia Republicana. El saldo del episodio fue la muerte de Daniel Aguirre, un joven de 19 años, a causa de un balazo en el tórax.
El oficial dijo que escuchó detonaciones entre la revuelta y disparó, aunque las versiones de los vecinos que quedaron plasmadas en el parte policial lo desmienten y la Policía, en sus requisas, encontró dos vainas de bala y ningún arma, y no había impactos en el camión. Al mediodía, vecinos cortaron las calles con cubiertas prendidas fuego, y cuando un taxista intentó rodearlos, tres hombres armados le robaron la recaudación, además de algunas pertenencias de la pasajera que hacía uso del servicio, e incendiaron el coche. El barrio ardió.
El policía está detenido desde el lunes y declaró ayer de tarde ante el Juzgado Penal de 18º Turno. El juez a cargo, Humberto Álvarez, espera interrogar hoy nuevamente al sargento, además del informe técnico y el forense, para dictar una sentencia, informan personas cercanas al caso.
Fuentes del Ministerio del Interior (MI) reconocen que si se prueba que el policía estaba actuando como guardia de seguridad privada, la situación es “irregular”. Una de las líneas de trabajo del ministro Eduardo Bonomi apunta a reducir el servicio de vigilancia especial 222. La Ley de Presupuesto 2010-2014 reducía progresivamente las horas del servicio de 150 a 50 mensuales y prohibía a todos los oficiales desempeñarse en otros trabajos “de seguridad, vigilancia o custodia” fuera del ámbito del MI, lo que pasaba a ser una falta grave y se castigaba con la destitución. Además de decidir cuál era la tarea del policía en el camión repartidor, el juez deberá determinar si el uso de la fuerza fue “racional”, es decir, ajustada “al riesgo y al objetivo”, como obliga la Ley de Procedimiento Policial.
“La normativa es clara: se debe portar el arma las 24 horas, todo el año, salvo situaciones muy excepcionales como declaración en sede judicial, o por orden judicial, disposición administrativa, atención médica, o edificios públicos en que no se perite el ingreso armado, como el Parlamento”, dijo a la diaria Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay y estudiante de Derecho. “Si no está dentro de alguna de esas hipótesis, debe portarla. Siempre”, afirmó.
El sindicato, cuenta Barrios, propone que el MI reglamente el uso de armas no letales. “Es lo único que le dará proporcionalidad a las pedreas en zonas de conflicto, o los desbordes en manifestaciones, o hinchadas de fútbol”. La Ley de Procedimiento Policial habilita, además del uso de las armas de fuego, el bastón policial, el gas y “el equipamiento neutralizante no letal” como las pistolas y bastones eléctricos, pero el sindicato tiene reparos hacia esas últimas dos armas, que podrían tener efectos letales para personas con afecciones cardíacas. La contrapropuesta consiste en habilitar armas con municiones de bajo impacto que producen dolor y contusiones, pero para eso habría que modificar la ley o, al menos, emitir un decreto o reglamentación que extienda la definición de armas no letales.