Pese a que la mayoría de la población realiza ese tipo de prácticas cotidianamente, en Uruguay es ilegal fotocopiar un libro o descargar un archivo en formato pdf sin contar con la autorización de su autor. Eso se debe a la Ley de Protección de Derechos de Autor, que está vigente desde 1937 y a la que se le hicieron algunas modificaciones en 2003. A raíz de una iniciativa del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsa un proyecto de ley para modificar el texto legal de la norma madre que regula los derechos de los autores. Quienes impulsan la norma hablan de la necesidad de lograr un “equilibrio” entre los derechos individuales de autores y creadores y los derechos colectivos, en particular a la educación y el conocimiento.
Ayer el CED presentó el proyecto en una mesa en la que legisladores, académicos e integrantes de organizaciones sociales expusieron sobre los cambios necesarios y posibles a la ley de la década del 30. Según explicó Elisa Facet, integrante del CED, desde el episodio de allanamientos a fotocopiadoras en 2013, el centro de estudiantes se propuso una línea de trabajo que, además de la modificación legal, incluyó el apoyo para que docentes de la facultad cuenten con horas destinadas a la producción de materiales de estudio accesibles, y la entrega de más de 300 tablets a estudiantes.
Florencia Ualde, egresada de la facultad y una de las impulsoras del proyecto cuando era estudiante, explicó que el derecho a la propiedad intelectual surgió como un derecho “absoluto y exclusivo a favor de la protección del creador de las obras literarias y artísticas”. Ualde agregó que el panorama se complejizó por el desarrollo tecnológico, que afecta la forma en que las obras se reproducen y comunican, y también consideró que a lo largo de los años hubo varias convenciones internacionales que empezaron a delimitar el concepto de propiedad intelectual.
Vieja historia
Según dijo, en el siglo XX, junto con la extensión de los derechos de segunda generación, se pasó a discutir el equilibro entre derecho de autor y otros derechos colectivos, que estaba inclinado a la protección del primero. Para ello se establecieron “ciertas limitaciones al derecho autoral”, principalmente por medio de la descripción de casos específicos que no perjudicaran “la normal explotación de las obras literarias y que no generaran un perjuicio particular a los autores”, detalló.
Explicó que con el proyecto impulsado por la FEUU no se trata de “dar vuelta la balanza” en favor de los derechos colectivos, sino de nivelarla, ya que se parte de la base de que la legislación uruguaya se inclina a favor de defender los derechos autorales. En particular, el proyecto busca que en el “nuevo equilibrio” se contemplen prácticas que ya son frecuentes en la sociedad uruguaya, a partir de excepciones “instaladas y discutidas” a nivel internacional en convenciones, tratados y leyes. Si bien dijo que Uruguay está suscrito a muchos de esos tratados y convenciones, Ualde señaló que “lamentablemente” no son recogidos por la normativa nacional.
En concreto, el proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Educación del Senado plantea incorporar una excepción que habilite la “reproducción lícita de herramientas educativas”, siempre que no afecte la normal explotación de la obra y que se desarrolle en el contexto de un ámbito educativo. La segunda excepción propuesta es la de “derecho personal”, que permite la realización de una única reproducción, con fines personales de investigación o enseñanza, y la tercera está destinada a que bibliotecas, museos e instituciones culturales puedan respaldar sus materiales, algo que no puede hacerse con la normativa vigente y que lleva a que muchos textos se deterioren con el uso y se terminen perdiendo.
Consenso
Los senadores integrantes de la Comisión de Educación -la frenteamplista Ivonne Passada (Movimiento de Participación Popular) y el colorado José Amorín (Propuesta Batllista)- estuvieron de acuerdo en la necesidad de actualizar la legislación y, en particular, se mostraron optimistas respecto de que la cámara alta le dé media sanción al proyecto de ley, a más tardar a principios de mayo. Según explicó Passada, actualmente la comisión está estudiando ajustes para que pueda salir un único articulado para su tratamiento en el plenario. Amorín dijo que es un proyecto que “entusiasma”, y adelantó que la palabra clave será “equilibrio”, en alusión a que no se vulnerarán los derechos de los autores. Para ejemplificarlo sostuvo que su idea no es que, después de aprobada la ley, “un libro se edite en la mañana y a la tarde haya 500 ejemplares fotocopiados” a la venta. Según dijo, se podría hacer más modificaciones a la Ley de Derechos de Autor, pero aseguró que las vinculadas a la educación serán “una buena prueba”. El diputado del Frente Amplio Pablo González también manifestó su compromiso de acompañar el proyecto, y en particular valoró que quita del ámbito penal cuestiones que son del derecho civil. A eso agregó que actualmente Uruguay está entre los 33 países que no cuentan con excepciones a los derechos de autor que favorezcan a las bibliotecas.
Por su parte, la coordinadora del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República (Udelar), Virginia Rodés, expuso datos de una investigación que arrojó que en 2011 94,5% de los estudiantes utilizó la plataforma digital de la institución para descargar material, mientras que 43% de los docentes la utiliza como espacio para repositorio de materiales y realización de foros de actividades y 39% la usa exclusivamente como repositorio de materiales. Otros datos muestran también que 66% de los estudiantes universitarios se nutren de fotocopias sueltas; 50%, de libros enteros fotocopiados; 44%, de libros digitales sin licencia; y que 40% de los estudiantes no puede acceder a textos obligatorios. Según dijo Rodés, la Universidad de la República ya ha tomado medidas para hacer sus producciones académicas más accesibles, y luego de que sea aprobada la ley, la FEUU impulsará nuevas medidas para acompasar prácticas institucionales al nuevo marco legal.
Patricia Díaz, de la organización Creative Commons, defendió el proyecto, pero sostuvo que no es suficiente para acompasar la normativa a la actualidad, porque también deben ser contemplados otros derechos, como la libertad de expresión. En particular, habló de la necesidad de incluir excepciones para investigación científica y para la llamada “minería de datos”, además de hacer explícita la posibilidad de que las bibliotecas puedan efectuar préstamos públicos, algo que, si bien se hace, no está garantizado en la ley. Díaz también consideró necesario incluir a las obras huérfanas entre las excepciones. Sin embargo, todo parece indicar que el proyecto que impulsa el Consejo de Derechos de Autor, y que presenta una lista más amplia de limitaciones y excepciones, llevará más tiempo de discusión.