Hay consenso sobre cuántas armas fueron robadas: la incursión del 6 de enero de este año al cuartel del Batallón Florida de Infantería Nº 1 -en el barrio Punta de Rieles- dejó dos fusiles de asalto Steyr menos, investigaciones civiles en curso, investigaciones administrativas en el Ejército, efectivos separados de su cargo, anuncios de sanciones por parte del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro y medidas para reforzar las medidas de seguridad en las unidades militares. Fue un episodio confuso: los guardias tenían las armas descargadas, una decisión que los mandos de ese batallón habían tomado años atrás a raíz de un suicidio en el cuartel. “A lo mejor ahora se empiezan a ver cosas que antes no se veían. Eso no quiere decir que estamos sometidos a un asedio de bandas terroristas”, presagió el titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el 1º de febrero en una entrevista para TNU.
El 2 de febrero tuvo lugar otro episodio en el Grupo de Artillería Nº 2 de Trinidad, cuando se detuvo a un hombre que intentaba robar armas del cuartel para un intermediario de Montevideo que pretendía venderlas en la frontera, según declaró el imputado, que logró herir a un soldado en su incursión y fue procesado con prisión por tentativa de homicidio, rapiña, lesiones personales y hurto. En su momento, la diaria informó que le habían pagado 10.000 pesos por la operación. En la semana que la Justicia dictó el procesamiento, Fernández Huidobro dijo a El Espectador que había preocupación en el ministerio, que se sospechaba de “organizaciones poderosas que mueven cantidades de dinero, como un banco internacional”, y que no se descartaba la hipótesis de células de terrorismo.
Ayer, el número uno del MDN asistió a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado y no dio declaraciones a la prensa. También fue Eduardo Bonomi, titular del MI, ambos citados por el senador del PN Javier García (del sector Todos hacia Adelante). El legislador blanco había propuesto la convocatoria en la sesión de la comisión del 30 de marzo, y la visita doble estaba planificada para el martes 12 de este mes, pero se suspendió porque coincidía con la primera reunión del presidente Tabaré Vázquez con los líderes de la oposición para hablar, también, sobre seguridad. Cuando García fundamentó el llamado, en la sesión anterior, dijo que los incidentes en los cuarteles eran graves y que, aunque también hubo otros que no lo fueron, se trataba de “muchos en un breve tiempo”. El senador propuso consultar también a los dos ministros sobre “las previsiones, los análisis y las evaluaciones que hace el gobierno sobre la eventualidad de actos de tipo terrorista en el país”, animado por los falsos explosivos que habían aparecido cerca de la Embajada de Israel, los últimos atentados en París, el asesinato del comerciante judío David Fremd en Paysandú y los atentados en Bélgica.
Tenencia irresponsable
“Hubo otros hechos que, por lo menos para la Policía, no tienen ningún tipo de vinculación con los intentos de robo. La conclusión que se saca es que el robo en sí no está vinculado a ningún grupo criminal organizado. Sí puede haber intento de comprar lo que se robe”, reconoció ayer Bonomi a la salida de la reunión. Según los datos que aportó el ministro, los incidentes de este año son 11 en total.
El senador Ernesto Agazzi (MPP, Frente Amplio), integrante de la comisión, dijo que esta ola de intentos de robo comenzó de golpe, y los hubo de características muy distintas, un dato que empuja a los investigadores a no considerar la hipótesis de que se trata de una organización, sino de delincuentes individuales que forman parte de una cadena de valor. “No hay un cerebro”, ilustró. Para Agazzi, hay varias causas que pueden explicar estos incidentes. Por un lado, el aumento del precio de las armas de porte. Por otro, un crecimiento en la demanda, consecuencia de las mayores restricciones al acceso de armas que implementó la Ley de Tenencia Responsable de Armas (Nº 19.247), aprobada en agosto de 2014. “Se duplicó la cantidad de armas incautadas, y eso aumenta la presión sobre los lugares donde se almacenan”, explicó, y agregó que es más fácil capturar “al de los pies descalzos” que a los que están en el medio de la cadena, o sea, quienes las mueven hacia el crimen organizado. El senador dijo que hay información sobre las rutas de la mercancía, los nombres de los involucrados, los valores y las marcas de las armas, datos que en la sesión de ayer se compartieron sin registro en las actas. “Hay cosas que no conviene decir públicamente porque pueden darles herramientas a los delincuentes para trazar otros caminos”, explicó.
Según Javier García, los episodios no serían 11 sino 32. La diferencia, entiende Bonomi, aparece porque el senador blanco cuenta hechos de conflicto, muchos de ellos fuera de las unidades, que no están identificados como intentos de robo por parte de ninguno de los dos ministerios. “Los cuarteles están cerca de asentamientos, y los vecinos durante mucho tiempo utilizaron los campos para acortar camino, para ir a su casa, para tomar el ómnibus. Luego que se tomaron determinadas medidas, a partir del robo de los dos fusiles, pasó a haber más control y se produjeron conflictos”, desarrolló, y agregó que las preguntas sobre la seguridad externa en esas unidades militares no corresponden al MI, aunque sí se puede intensificar la vigilancia en los barrios que los rodean.
Agazzi agregó que hay un tema de disciplina, en el que se está trabajando: “En el Ejército, sobre todo, veníamos de un clima del no pasa nada [que influye en] el hecho por el cual el militar que estaba custodiando no tenía los cargadores puestos en el arma sino en el bolsillo”.
El blanco
García evaluó las respuestas que dieron ayer los titulares del MDN y el MI como “pobres”. Además, en diálogo con la diaria, contó que hizo un pedido de informes a los dos ministerios sobre el tema el 10 de febrero, por lo que el plazo estaría vencido hace un mes. El senador dijo que sus datos provienen de fuentes de la cartera de Interior y se mostró indignado sobre el hecho de que Bonomi y Fernández Huidobro no estuvieran al tanto de la mayoría de los casos.
La información que maneja, que ayer dejó en manos de los ministros, incluye casos en los que se cortaron alambrados de las unidades militares, ingresos a predios, tiros por parte de los guardias, testimonios sobre disparos en las inmediaciones e incluso un intento de extorsión: los responsables habrían contactado a algunos soldados para conseguir municiones para los fusiles que se habían robado.
“No fueron episodios que uno podría llamar ‘banales’ [...] No se podrían adjudicar a que un vecino caminó distraído por ahí o a que a un chiquilín se le cayó la pelota adentro del cuartel cuando estaba jugando. Se dedicaron a informar sobre el robo de una bicicleta en un cuartel y no informaron sobre nueve episodios en los que hubo disparos”, atacó García. Dijo estar convencido de que atrás de las incursiones hay una organización, y que esa es una de las ideas que manejan el MDN y el MI, otra discrepancia entre lo que dice el gobierno y el senador blanco. Pero además de los dos fusiles, hay acuerdo en otra cosa: en cuanto a las conductas del crimen organizado en Uruguay, los tiempos están cambiando.