“¿Qué pasaría si Tabaré Vázquez en vez de oncólogo fuera otorrinolaringólogo?”. La pregunta la tiró Elizabeth González, presidenta de la Semana del Sonido (que se celebra del 25 al 29 de abril, organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la Asociación Uruguaya de Acústica). La doctora en Ingeniería Ambiental planteó un Uruguay paralelo con restricciones a la contaminación sonora análogas a las que Vázquez impuso en su primer gobierno respecto del consumo de tabaco, pero en la mesa redonda que se llevó a cabo ayer en la sala Delmira Agustini del teatro Solís también se habló de uno de los daños laterales del decreto de 2005 que prohíbe fumar en bares y restaurantes cerrados: que los parroquianos llenen las veredas.
El empresario
“Se creó una cultura de estar en la calle; muchas veces los boliches por dentro no están tan llenos. Se nos hace difícil a los dueños: queremos que la gente esté adentro, porque es nuestro negocio”, dijo José María Álvarez, propietario de Paullier y Guaná, boliche que estuvo inhabilitado para espectáculos públicos y que para coexistir en paz con los vecinos debió cerrar las persianas a la 1.00, incorporar un cubículo para fumadores con paredes de chapa forradas de lana de vidrio, agregar vallados y prohibir que se salga del local con bebidas, medidas que generan antipatía entre los clientes. Antes, contó Álvarez, había que invertir en reformas que aislaran el interior de los locales para que la música no saliera; hoy, la preocupación es que no salgan las personas.
El inspector
Se define como un espectáculo público “toda actividad programada y planificada en un espacio delimitado con el fin de recreación, divertimiento u ocio” que emita más de 60 decibeles, explicó Diego Banizi, director de Inspección General de la Intendencia de Montevideo (IM). Esa medición, según los estándares internacionales, equivale al volumen de un grupo de gente en una “conversación normal” (para comparar: el silencio de un hospital ronda los 20, el tráfico promedia los 100 y un acto multitudinario alcanza los 110). Un restaurante con música o una reunión doméstica estarían sujetos a la normativa general, que prohíbe los ruidos de más de 39 decibeles.
Las denuncias cada vez son más frecuentes y la normativa, opinó, tiene que cambiar: si bien hay inspecciones de oficio, la mayoría se hacen en base a reclamos de vecinos, un procedimiento que para Banizi es “agresivo”, porque obliga al que denuncia a dar su dirección y abrirle la puerta y dejar entrar a sus casas a los inspectores a las mismas horas de la madrugada que los ruidos sociales de los boliches afectan. En lo que va de 2016, se registraron 103 denuncias y se aplicaron 43 sanciones a boliches, 15 de las cuales terminaron en clausuras.
La ingeniera
“Las mediciones a veces son un poco largas para los vecinos”, agrega Sandra Vittorino, ingeniera del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) de la IM, el área que elabora los informes para otorgar permisos a los locales nocturnos, pero también a fábricas, galpones y otros emprendimientos industriales. No basta con una visita para medir los ruidos, explicó. Para determinar si todas las fuentes de sonido son producto del local hay que hacer mediciones de día, cuando esté cerrado, y en diferentes puntos de la cuadra; después hay que volver cuando haya distintos niveles de actividad -por ejemplo, un jueves y un viernes- y contrastar los valores. En busca de mayor exactitud, la IM instalará unas cámaras especiales que permitan contar cuánta gente hay en las veredas sin que queden registradas sus caras.
En el último registro, que duró cinco meses, el SIME identificó dos grandes zonas saturadas: una en Luis Alberto de Herrera a la altura de 26 de Marzo, y otra en las inmediaciones de Canelones y Jackson. También se está trabajando en un mapa sonoro de Montevideo (o sea, ubicar los decibeles de toda la ciudad; el último es de 1999) y en la fiscalización de caños de escape de las motos (que no pueden superar los 88 decibeles), otra fuente frecuente de quejas sobre ruidos molestos que resulta difícil de abordar por el hecho de que la fuente se mueve. También hay preocupación, dijo Vittorino, por industrias que se están instalado con grandes equipos de aire acondicionado y refrigeración que no están habilitados.
La ingeniera II
Aunque cada vez llegan más reclamos sobre ruidos sociales a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), su actividad se centra en las fuentes industriales, dijo Magdalena Hill, también ingeniera. La representante de la Dinama dijo que hace diez años que la acústica forma parte de los estudios de impacto ambiental que se le piden a las empresas, pero no es una relación fácil. “Hay industrias que hacen relevamientos en 15 puntos de monitoreo, pero uno lee el informe y resulta que los midieron en cuatro horas. Los que estamos en esto sabemos que en ese tiempo no se puede hacer una medición”, contó.
Uno de los problemas es que muchas veces los ruidos ya no están cuando llegan los inspectores, dijo; si las mediciones no están bien hechas, el proceso que viene después puede salir mal: “Viene un abogado y nos deshace en diez minutos”.
Las denuncias sobre este tipo de ruidos también son cada vez más frecuentes, pero según la ingeniera esto se debe a que la población es más consciente de su derecho a reclamar.
El alcalde
“Vivimos en una ciudad ruidosa”, sentenció Carlos Varela, alcalde del Municipio B, quien sostuvo que la culpa no es sólo del cigarrillo: “Si yo tengo un comercio habilitado en un lugar de dos metros por dos, puedo absorber una comercialización para cuatro mesas, pero si tengo 100 clientes, en algún lugar tengo que poner a esa gente”.
El alcalde considera que muchos comerciantes de su municipio “han tensado la piola”, pero no está de acuerdo con la propuesta de los vecinos de Parque Rodó de mover todos los boliches a la periferia. Dijo que la medida cautelar que la IM acaba de enviar a la Junta Departamental, que prohíbe que se instalen locales bailables nuevos en su municipio y en el Ch por un año, pretende generar consensos nuevos entre la “sustentabilidad económica” y la “sustentabilidad ambiental”.
La defensora
En esa línea argumentó Ana Agostino, defensora del Vecino de Montevideo, quien cree que la concepción de contaminación sonora se centra más en el crecimiento económico que en los derechos. Al igual que en 2014, los reclamos sobre ruidos molestos que llegan a la Defensoría del Vecino siguen estando entre los más frecuentes. “[Los que denuncian] no son viejos insoportables. Ni jóvenes insoportables, porque ellos también van a reclamar”, agregó.
Para Agostino, la problemática termina afectando a la economía: hay que tener en cuenta, dijo, que cuando el descanso de las personas se ve afectado, hay consecuencias en el rendimiento laboral. “Hay gente que está padeciendo una situación que genera enfermedades mentales, que tiene que recurrir al psiquiatra, que no puede dormir, que no puede ir a trabajar. ¿Dónde está la ganancia económica de ese lugar?”. Opinó que tampoco hay que perder de vista el impacto que la contaminación sonora puede tener en la calidad de los hoteles y, por ende, en el rubro del turismo.
Otros temas sonaron en la mesa redonda: la licitación del espacio donde antes estaba el boliche W, que ganó Mc Donald's, algo que para Álvarez significa que las 3.000 personas que iban a bailar a ese local hoy se dispersen por otras partes de Montevideo; los altoparlantes, que están prohibidos pero siguen recorriendo las calles; los problemas para fiscalizar las ferias y las alarmas; y la Ley de Contaminación Acústica, que se promulgó en 2005 pero hoy no se aplica porque no está reglamentada.