La violencia institucional en los módulos 8, 10 y 11 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Compen, ex Comcar) hacen que “la privación de libertad pierda su sentido”, dice el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, en el informe “extraordinario” y “urgente” sobre la unidad de Santiago Vázquez que entregó a la comisión de seguimiento de la situación carcelaria de la Asamblea General el jueves. Un mes antes, el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gustavo Belarra, había dicho a la diaria que hay violencia institucional según la “perspectiva” de quién lo señale o cuestione. Entiende que preguntar sobre las “debilidades” institucionales es “capcioso”, porque también hay “debilidades de la población carcelaria para poder adaptarse al régimen”, que de por sí es “complejo” (Ver “Conociéndote”.
Desde el INR, Gabriela Saez, aseguró que “no es tan simple afirmar que porque hay encierro hay muerte. Se entretejen muchas cosas en el medio” que escapan a tal declaración. Está el otro extremo, dijo, en el que “demasiada libertad” también conlleva “resultados de mucha muerte”. “En alguna medida el encierro controla”, sostuvo. Respecto de la violencia del sistema que el comisionado parlamentario señaló en el informe sobre el Penal de Libertad a raíz de una denuncia de represión policial en marzo y en diversas declaraciones realizadas a la prensa, Saez señaló que es muy difícil establecer “el nivel” de esta (cuestión que dependerá del “estigma” y “mirada” que se tenga sobre el asunto) y que también existe en otras instituciones públicas. Por ejemplo, en la escuela: “Si no tenés moña [no te dejan entrar], eso también es violencia institucional”. Belarra acotó que la violencia “tendrá un poco más de nivel” en las cárceles.
Incongruente
En su informe, Petit señala la “muy grave y explosiva situación de violencia interna” en los módulos mencionados y pide al gobierno “acciones urgentes” ante ese “cuadro sombrío y preocupante”. El comisionado se refiere a los cuatro asesinatos de personas privadas de libertad y diversos hechos violentos que se constataron en los primeros cuatro meses del año. El jueves 28 de abril, de tarde, asesinaron a José Enrique Gorgoroso Rodríguez, de 35 años, de una puñalada en la axila. Estaba recluido en el quinto piso del Penal de Libertad. El día antes, en el módulo 8 del Compen, mataron a Carlos Trasante Rodríguez, también de 35 años, de una puñalada. El jueves 21, en el módulo 10 del Compen, algunos internos rompieron las rejas de las ventanas de su celda y salieron a la parte trasera del módulo, y fueron baleados con perdigones por la guardia externa de la cárcel; uno de ellos tuvo que ser internado en un hospital porque una de las balas le dio en la cara. Una semana antes, en el módulo 4, hubo un tiroteo entre presos, con un saldo de dos heridos que tuvieron que ser hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente. Aún no se ubicaron las armas que utilizaron. El fin de semana del 9 de abril también se constataron episodios violentos en el módulo 8 entre los reclusos, que tuvieron como saldo un internado por las “múltiples heridas” recibidas. El módulo 11 también estuvo movidito. El miércoles 30 de marzo también hubo peleas, y un recluso tuvo que ser hospitalizado por “una importante herida en la cabeza”. El lunes anterior, en el 8, murió un joven de 25 años. El día antes, antes del horario de visita, fue en el 11 donde hubo sangre. Ese día mataron a puñaladas a Santiago Rodrigo Velázquez Ojeda, un muchacho de 18 años, en un descampado tras el módulo, donde se acumula basura.
Petit sostiene que los episodios de violencia de las últimas semanas y la situación actual de los módulos son una “atronadora señal de alarma de que los logros alcanzados no sólo no están profundizándose y ampliándose a todo el sistema, sino que están en riesgo de desvanecerse”.
Además, Petit señaló al Parlamento que hay varias denuncias por requisas en las celdas y módulos que “no estuvieron ajustadas a las normas”, y se registraron “roturas”, “fricciones” y “malos tratos”. A esto se le agregan las “frecuentes” denuncias y testimonios de familiares de personas privadas de libertad que manifiestan su “desesperación al ver el deterioro progresivo de sus familiares” y su “preocupación por las muy malas condiciones en que van a volver a la sociedad una vez cumplida la pena”.
Desborde
El Compen tiene capacidad para recluir a 2.648 personas, pero allí están encerradas 3.449, según los datos del INR de marzo. En su mayoría son jóvenes menores de 25 años que están presos por haber cometido delitos contra la propiedad. En los módulos 8 y 11 están encerradas 1.302 personas. El perfil de esa población se caracteriza por no tener estudios completos, “muy poca formación laboral”, “gran vulnerabilidad social”, y frecuentemente, familias numerosas a cargo, según el relevamiento que hizo la oficina del comisionado el 4 y 6 de abril. Tienen interés en “fortalecer sus relaciones familiares y obtener apoyos para las mismas, terminar estudios primarios y secundarios, participar de grupos informativos o terapéuticos sobre adicciones, contar con apoyo psicológico, capacitación laboral y utilizar el tiempo de privación de libertad de manera útil”. Pero en ninguno de los módulos existen tratamientos de adicciones, asistencia social, trabajo en grupos, emprendimientos productivos o laborales, programas de desarrollo de capacidades, actividades culturales, orientación familiar, prevención de la violencia o programas de desarrollo personal. Petit concluye que menos de 10% tiene actividades.
Incluso la atención médica es “inconstante”. Las policlínicas que deberían realizarse semanalmente no cumplen con esa frecuencia, lo que genera “acumulación de consultas y gran ansiedad”. Todo ello produce un “clima de convivencia totalmente inadecuado”: “traumático y explosivo”. Al efecto de la privación de libertad, entonces, se suma un contexto que genera “relaciones interpersonales violentas, generando constantes cuadros de depresión, agresividad y ansiedad totalmente contrarios a los intentos de socialización que se busca emprender”.
Hay más
Otro de los puntos que se señala en el informe es la “violencia que se constituye” por el sistema de ingreso de las visitas. Aproximadamente 1.000 personas van por día a ver a sus familiares y allegados al Compen. El puesto donde se revisa los objetos, comida y cuerpo de las personas es “inadecuado” por el “gran volumen de visitantes”: muchos esperan al aire libre varias horas para poder ingresar, acampando incluso desde la madrugada anterior a la visita. No existe protección alguna contra las condiciones climáticas, ni baños o lugares de espera adecuados. Otra complicación es la información sobre las condiciones de la visita: no está difundida por escrito entre los familiares, lo que genera “constantes malos entendidos sobre qué alimentos, ropas u objetos se puede entrar”. Los criterios sobre el ingreso, “a falta de normas estrictas, protocolizadas y difundidas”, generan un “margen variable de aplicación para cada guardia encargada”.
A esto se le suma el hecho de que una vez dentro, se debe caminar varias cuadras acarreando bolsos con comida para los familiares presos, cuando muchas veces los visitantes son personas mayores. Petit señala que se solucionaría este último punto con “carritos” o instaurando un sistema interno de almacén. Por otro lado, afirma que el lugar es “totalmente inhóspito” para niños y adolescentes, y constituye “una muy negativa señal” para ellos, ya que pueden “identificar sufrimientos innecesarios para ellos y sus familiares en el dispositivo y el contexto”. A su vez, los salones para las visitas son “desmotivantes”: no hay suficientes baños, sillas ni mesas, y los que hay están en “malas condiciones”. Todas estas “penurias” a la hora del ingreso repercuten en el ánimo del interno, sumándose a los factores de tensión ya existentes, sostiene.