Entre 2015 y 2016 se sumaron 3.000 trabajadores y 31 empresas al Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (Renaemse), que depende del MI y que es obligatorio para operar en el sector desde 1990. Al crecimiento de la parte humana se suma el tecnológico: alarmas y circuitos cerrados de televisión se complejizan mientras aparecen otras herramientas, como los drones. “Ha habido un aumento a tenor de cómo se han desarrollado los sectores industriales y comerciales, que requieren nuestros servicios”, es el diagnóstico de Andrés Pereira, secretario de la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad (CUES), que nuclea a cerca de 70% de la actividad del rubro.
Hace dos semanas, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto de ley sobre empresas de seguridad privada que el MI envió en noviembre del año pasado al Parlamento. “Nuestra intención es que haya una mejora sustancial del personal que desarrolla tareas en el ámbito de la seguridad privada. Es un sector muy mal regulado”, dijo a la diaria Charles Carrera, director general de Secretaría de la cartera. Esa regulación débil (que se reparte entre decretos que datan de los años 70 hasta leyes de Presupuesto como la de 2010-2015) generó en el gobierno la necesidad de crear una “norma madre” que, además, imponga regulaciones más estrictas.
El ministerio ha constatado irregularidades varias, tanto de parte de empresas que operaban sin estar en el Renaemse como de otras que no cumplían con las normas para la custodia de vehículos blindados. La ley nueva obliga a contratar seguridad privada a empresas transportadoras de valores, armerías, bancos, administradoras de crédito, casas de cambio y otras instituciones que manejen fondos de terceros. Está prevista para la semana que viene una reunión entre el MI y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay para empezar a trabajar en los decretos que complementarán la ley, de aprobarse. La norma creará un registro de infractores, que no podrán ser contratados por el Estado y que cualquier usuario podrá consultar. Otras innovaciones: un seguro de vida obligatorio para todos los trabajadores y la creación de la figura del guardaespaldas, que está librado de la obligación de llevar uniforme y el carné a la vista. Además, establece requisitos para los guardias: máximo de 62 años para empleados con armas y 65 para el resto, primaria completa y un historial libre de antecedentes penales. Hasta ahí, los acuerdos entre empresarios, gobierno y trabajadores, pero también hay desencuentros.
Tiros al aire
“Hay un grado de informalidad a veces preocupante, y es una materia demasiado importante como para permitir que eso pueda suceder”, dice el secretario de la CUES, pero la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), que colaboró con el MI y la CUES para armar el proyecto de ley y que se declara conforme con el texto “en líneas generales”, tiene algunos reclamos que apuntan a los empresarios, en amplia mayoría policías o militares retirados. “Hay empresas multinacionales que ponen choferes a hacer respuesta de alarma”, denuncia Mauricio Ibáñez, guardia de seguridad desde el año 2000 y delegado del sindicato; la trampa viene por el lado de que un chofer de “seguridad física” trabaja seis días y descansa uno, mientras que los guardias de seguridad electrónica descansan dos cada seis. También, señala Ibáñez, hay problemas con los guardias de locales bailables -el sindicalista evita el término “patovicas”-, que están en su mayoría por fuera de los sindicatos y cobran jornales que pueden llegar a 400 pesos por una noche entera, que Unatrase considera demasiado bajos, además de la obligación, a veces, de hacer tareas extra que tienen que ver con actividades de los boliches no concernientes a la seguridad.
Ibáñez vivió alguna situación complicada en sus 16 años de guardia, y conoce la imagen que tiene su profesión: “La gente que está en el ambiente delictivo tiene un dicho que es medio en serio y medio en broma, pero más en serio: matar a un policía es como matar dos vigilantes”. De cada diez personas que van a robar, nueve se echan atrás al ver un guardia de seguridad, dice un cálculo popular entre los trabajadores. El problema, dice Ibáñez, es el número diez. La confusión entre policías y vigilantes privados genera malentendidos, porque muchos asumen que los segundos siempre llevan armas. No sólo no es así, sino que, en los casos en que las llevan, se aplican restricciones: sólo se puede usar para disuadir, para defenderse o para defender la vida de otro. Algunos clientes les piden a los guardias que si es de noche peguen un tiro en el piso, algo que está prohibido. La función no es reprimir el delito sino alertar a la Policía, y, mientras tanto, intentar calmar el clima. “En el nerviosismo se generan las balaceras. Según la experiencia que tengo, es mejor mantener la calma aun sabiendo que perdiste”, cuenta Ibáñez.
Uno de los reclamos del sindicato es, justamente, la capacitación, que hoy corre por cuenta de las empresas y que, para el sindicato y para el MI, es insuficiente: 20 horas para guardias desarmados y 28 horas para los armados, que muchas veces resultan bastante menos, porque no hay un cuerpo que se dedique a inspeccionar la formación. El proyecto de ley propone un aumento a 120 horas para vigilantes con armas y 90 para los que no las usan, pero los trabajadores exigen que, además, se regulen los contenidos para que haya una instrucción más práctica, ya que el perfil de hoy se enfoca en aspectos legales. “No se están dando cursos sobre incendios, protocolos de emergencia, defensa personal, primeros auxilios; no nos enseñan a reducir personas o qué hacer en casos de amenaza de bomba”, agrega Ibáñez.
Uno de los artículos del proyecto de ley agrega un examen final que deberá rendirse ante la Escuela Nacional de Policía y que tendrá validez por cinco años, con el objetivo de unificar la formación que ofrecen las firmas. “Hace un tiempo venimos buscando una solución razonable. A veces la capacitación en materia jurídica es muy abstracta, y es difícil transmitírsela a personas con educación mayormente primaria o a veces secundaria”, dice Pereira, representante de los empresarios, que entienden que, además, la formación significa un costo “enorme”, y que el proyecto de ley, así como está, puede jugar en contra, porque el examen final dependería de “estructuras oficiales que no manejan los tiempos más ágiles que requiere el sector”. Pereira plantea el problema como “tiempos privados versus burocracia pública”, y dice que cuando un cliente quiere contratar a una empresa de seguridad, exige el servicio “para antes de ayer”, lo que a veces requiere la contratación rápida de personal.
Otro punto de discordia es la seguridad en los eventos masivos, un artículo que se elaboró junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. La política del gobierno, explica Carrera, apunta a que la Policía pase a encargarse sólo de la seguridad exterior de los estadios y que el interior quede en manos de las empresas de seguridad, ya que se trata, según la ley que se está discutiendo, de eventos privados. Para Pereira, de la CUES, se trata de una “retirada de las fuerzas públicas” de un espacio donde las empresas no están calificadas para trabajar. Este jueves, representantes de la cámara visitarán la comisión de Diputados para dejar plasmados ese y otros desacuerdos.