La ley que creó el Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente (INISA) fue aprobada el 31 de diciembre de 2015, pero recién ayer se constituyó el directorio del nuevo organismo. En realidad lo único nuevo es la incorporación del nacionalista Álvaro Viviano, porque Eduardo Katz y Gabriela Fulco (presidenta) integraban la comisión delegada del Sistema de Responsabilidad Adolescente (Sirpa) desde marzo de 2015, que se desintegró y sustituyó por el Inisa. A pesar de que Viviano arrancó hace poco, ya le consta que hay denuncias por malos tratos de funcionarios a muchachos presos, y está convencido de que si no se genera una relación armoniosa entre los trabajadores sindicalizados y el directorio, será imposible desarrollar los programas delineados para alcanzar los objetivos propuestos. A raíz de los “eventos conocidos públicamente se generó una separación” y hay que apostar al diálogo para revertirla, afirmó.
Fulco calificó la constitución del INISA de “hito en la historia” del país, y aclaró sus objetivos. Estos hacen hincapié en el respeto a los derechos humanos, cuestión que en las administraciones anteriores no “preocupaba”; en lograr que “las medidas no privativas de libertad y el apoyo social a las mismas se arraiguen en nuestra cultura”; en la justicia restaurativa para “atemperar y quizá revertir la escalada de violencia en lo social y familiar”, y en consolidar un “entramado social que acompañe el egreso por el tiempo particular que cada adolescente y su familia requieran”. Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social (mediante este ministerio el INISA se relaciona con el Poder Ejecutivo), añadió que “la sociedad debe asumir en su conjunto” el compromiso de “cuidar a sus jóvenes” y “trabajar” por “aquellos que a priori tienen determinado un camino casi fatal por circunstancias y condiciones de vida”. Al respecto, Fulco explicó que los adolescentes “llegan” a infligir la ley “debido a que su proceso de desarrollo ha sido interferido por contextos adversos caracterizados por carencias, maltrato, ruptura de lazos familiares, abandono, abuso sexual, fracaso, deserción escolar y entornos en los que prima la violencia, tráfico de drogas y patrones de conducta delictiva. La inconducta que tanto rechazo y reacción social produce es un emergente de dicho proceso”. Arismendi aseguró que “el compromiso que tiene este directorio es de profundizar, mejorar y efectivizar las políticas de prevención que tejen la malla de protección para no tener adolescentes que caigan en estas circunstancias e infrinjan la ley”. Sostuvo que el directorio elegido dará “prueba de su compromiso, solvencia y coraje para incorporar a muchachos y niños nacidos ahí a una sociedad más justa donde la calidad de vida sea mejor para todos”.
Fulco aseguró que se pretende generar “centros modelos que realmente rehabiliten”, el mismo objetivo que existe desde la gestación de los sistemas penitenciarios adolescentes. De todas formas, indicó algunas de las medidas que garantizarían la enseñanza a vivir en libertad en el encierro, la “rehabilitación real”: un “buen plan de tratamiento integral con el eje puesto en la educación y fuertes programas de salud mental que trabajen la responsabilidad, la culpa, el daño a nivel social y a la víctima”, para que sean “seres con una actitud responsable con respecto a la relación y cuidado del otro”. Cabe señalar que las fichas de cada adolescente preso (que incluyen datos sobre su salud) aún se están “construyendo”, es decir, que todavía no hay información certera y sistematizada sobre la población recluida. Sin embargo, en conferencia de prensa el 10 de mayo, tras la presentación del Protocolo de atención sanitaria para el ingreso de los adolescentes a las cárceles del INISA, Fulco afirmó que hay un alto consumo problemático de drogas y de medicación psiquiátrica, aunque aclaró que bajó “la demanda de medicación innecesaria” debido a que hay “más actividades, principalmente en el área deportiva”.
Para lograr los objetivos, pidió ayuda a las familias de los jóvenes presos y con medidas alternativas a la privación de libertad para que “continúen el proceso”. Dijo que los uruguayos tienen el “sentimiento de estar en deuda con un problema que afecta a sectores de la población de especial vulnerabilidad. Esta fragilidad es aún mayor cuando el futuro al egresar puede ser, para algunos jóvenes, una tumba clandestina”.
Con la camiseta puesta
En conversación con la diaria, Viviano señaló que “para obtener resultados distintos y no quedarse sólo con un cambio de nombre, como ya pasó [cuando se desintegró el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción y se constituyó el Sirpa], se debe exigir un cambio institucional hacia dentro y fuera”, profesionalizar la gestión “en todos los niveles” y fortalecer los mecanismos de inclusión. Considera imprescindible la “defensa muy firme de los funcionarios que tienen la camiseta puesta, pero también desterrar situaciones anómalas”. Agregó que aunque no tiene elementos para comparar si hay más o menos denuncias de malos tratos hacia los adolescentes encerrados que en la administración anterior, presidida por Ruben Villaverde, sí le consta que hoy existen y hay denuncias tanto de los funcionarios hacia el directorio como al revés. “Hemos estado en los titulares con muchas noticias malas y pocas buenas, el desafío, enorme, es generar armonía institucional”, concluyó.
Al respecto, Fulco sostuvo en conferencia de prensa que “siempre” se ha apostado a un “diálogo abierto” y que su directorio ha “respondido a todas las convocatorias” que le ha hecho el sindicato, y ha recibido semanalmente a sus delegados; sin embargo, cuando estos hablan con la prensa dicen “cosas que no fueron las discutidas ni pautadas”. Además, dijo que los funcionarios que tengan un perfil acorde a los objetivos del INISA serán bienvenidos; los otros, no. Durante la ceremonia, Katz aclaró que hay unos 1.600 funcionarios y que “la inmensa mayoría tienen una clara vocación de la materia que nos ocupa”, pero que hay “una pequeña minoría que no ha entendido todavía el porqué de los cambios”. Fulco anunció que en los próximos días tendrán los números y cargos nuevos a ocupar.
Por otro lado, Viviano aseguró que la precariedad edilicia de los 18 centros de reclusión genera situaciones “muy complejas” porque se está al borde del hacinamiento, cuestión que impide garantizar las condiciones mínimas de reclusión. Sobre este tema Fulco dijo: “Compartimos la vergüenza por las condiciones en que están, por ser contrarias a los más elementales principios de la raza humana. La totalidad [de los jóvenes presos] son sobrevivientes, y este es un signo de la abrumadora realidad de cada día, que necesitamos revertir. Uruguay tocó fondo en este tema”. En ese sentido, agregó que se debería cerrar “casi todas” las cárceles de adolescentes y que en 2017 estará lista una nueva en La Tablada (donde en la dictadura funcionó un centro de detención y torturas) para encarcelar a unos 200 jóvenes. Actualmente hay alrededor de 700 jóvenes privados de libertad.