“No hemos logrado entusiasmar al sector privado” con el programa Yo Estudio y Trabajo, decía, en una actividad organizada por Somos Uruguay, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro (ver “Buenas noticias”). Tampoco ha dado los resultados esperados la Ley de Empleo Juvenil, vigente desde hace un año. El jerarca atribuye este panorama, ligeramente decepcionante, a que no se ha sabido “comunicar bien”, a que no se ha difundido suficientemente la ventaja que supone para todo el mundo que los jóvenes puedan seguir estudiando, que se formen y que adquieran una experiencia laboral temprana. Debe ser eso, seguramente. Debe ser un problema de comunicación, porque de no ser así no se entiende qué razones podría tener el sector privado para despreciar los subsidios que el Estado ofrece, bajo diversas modalidades y planes (y que van desde 15% sobre la base de la retribución mensual de la categoría correspondiente en el caso de los recién egresados que sean empleados en un cargo vinculado a su formación, hasta 80% del salario de las mujeres que entren por el plan Trabajo Protegido Joven, siempre que no supere el monto de dos salarios mínimos nacionales), sobre todo considerando que una de las razones que las cámaras empresariales suelen esgrimir para justificar los salarios paupérrimos que cobran cientos de miles de uruguayos es, precisamente, la escasa calificación de los trabajadores.
Vivimos días de prudencia discursiva en nuestro país. Le llamamos “consolidación fiscal” al ajuste y nos referimos a ciertos recortes como “postergación del gasto”. No fue muy distinta la estrategia de llamar “inclusión financiera” a la bancarización forzosa de los salarios (que muchos defienden bajo el argumento de que sólo así los más pobres tienen acceso a los instrumentos financieros, como si esos instrumentos fueran puestos ahí por la banca para sacarlos de la pobreza) y tampoco es tan distinta la prédica del “control ciudadano de precios” mediante una aplicación para celulares inteligentes que pone en manos del consumidor la tarea de vigilancia de los eventuales abusos de los comerciantes. Menos elusiva es la expresión elegida por el gobierno de Mauricio Macri en Argentina: “sinceramiento” de la economía.
A todo esto, hay cientos de miles de uruguayos que cobran un salario líquido de alrededor de 10.000 pesos mensuales (recordemos que más de 60% de los asalariados no paga Impuesto a la Renta de las Personas Físicas -IRPF- porque no alcanza el salario mínimo a partir del cual se empieza a tributar: 23.380 pesos nominales, equivalentes a siete bases de prestaciones) y, por poner unos pocos ejemplos, un litro de yogur cuesta alrededor de 60 pesos, una flauta de pan blanco cuesta alrededor de 40 y un litro de aceite anda alrededor de los 70 pesos. No hablo de los precios de los alquileres porque tengo limitaciones de espacio.
Lo que quiero decir con todo esto es que ya no parece razonable seguir hablando de problemas de comunicación o seguir atribuyendo a la escasa calificación de los uruguayos la vergonzosa situación de los salarios, así como no tiene goyete seguir pensando que la vigilancia de los precios de la canasta básica puede quedar en mano de los consumidores. Es necesario asumir que algo anda mal en un país en el que se paga tan poco el trabajo y se cobra tan caro el alimento (o la luz o el boleto o la vivienda).
El Frente Amplio, la fuerza política en el gobierno, se apresta a celebrar elecciones. Cuatro candidatos se disputan la conducción del partido que tanto tiene de coalición como de movimiento. En los días que quedan hasta el 24 de julio seguramente escucharemos hablar de derechos (o de eso que conocemos como “nueva agenda de derechos”), de participación, de motivar a la gente y de recuperar la energía militante. Escucharemos que hay que debatir, que hay que retomar el lugar de vanguardia de la izquierda y que hay que construir comunidad (o ciudadanía, o lo que sea). Me gustaría pensar que también escucharemos hablar de las formas que una fuerza de izquierda nacida para terminar con la injusticia y el abuso se va a dar para evitar que el descrédito de la política siga creciendo al mismo ritmo y en la misma medida en que crece la distancia entre los que no pagan IRPF y los que dicen que no pagan mejores salarios porque los uruguayos no lo merecen, porque no han estudiado lo suficiente. Sospecho que eso entusiasmaría a unos cuantos, al menos como para empezar a conversar.