Hoy habrá en Montevideo dos actividades preparatorias de la Conferencia Mundial de la Oficina Internacional por la Paz (IPB, por su sigla en inglés), una organización con sede en Suiza, dedicada a pensar un mundo sin guerras. El Movimiento de Educadores por la Paz uruguayo aprovechó para convocar a especialistas internacionales en desarme y gasto militar a participar en estas instancias, que tendrán lugar a las 9.30 en la sala Maggiolo de la Universidad de la República y a las 16.30 en el edificio anexo al Palacio Legislativo. Adelantando estos debates, ayer conversamos con Pere Ortega (PO), presidente del Centro de Estudios para la Paz (Centro Delás) de Barcelona; Tica Font (TF), presidenta del Instituto Catalán de Investigaciones para la Paz; Alicia Cabezudo (AC), covicepresidenta del IPB, y Víctor Brindisi (VB), secretario del Movimiento de Educadores por la Paz de Uruguay.
-¿Cuáles son las principales amenazas para la paz que existen hoy en América Latina?
TF: -Las amenazas más fuertes hoy en América Latina son el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes, de personas, de niños, de órganos, de armas; creo que estos tráficos ilegales son la amenaza más importante a la estabilidad. Por otro lado, el cierre de la guerrilla de Colombia es el final definitivo del período de la Guerra Fría. Era una guerrilla que había nacido en la Guerra Fría y de las ya no quedan en el mundo; con ella creo que en América Latina se cierra totalmente el período de Guerra Fría, ya no hay una confrontación de bloques este-oeste.
-¿Cómo evalúan la acciones de los gobiernos en torno a esas amenazas? ¿La respuesta pasa por el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas (FFAA)?
PO: -Los gobiernos latinoamericanos han disminuido su gasto militar y no tienen percepciones de posibles conflictos armados en su entorno geográfico y regional. Hay excepciones dolorosas, como el caso de Colombia, que ahora parecería encaminarse. El Estado colombiano es el que tiene las FFAA más fuertes del continente y sobredimensionadas, y el otro país que incrementó bastante su gasto militar fue Venezuela. Esos casos son las excepciones de países que viven tensiones. No es el caso de Brasil, que no vive ninguna tensión con otro país, pero en cambio es el que está erigiéndose en potencia regional y haciendo un gran esfuerzo en adquisición de armamento, sobre todo para reforzar sus FFAA, para modernizarlas; le compró un submarino nuclear a Francia, que está en fabricación, y va a comprar otro. Es preocupante que un país opte por la vía militar para convertirse en gran potencia, emulando lo que han hecho las grandes potencias mundiales, que no las condujo a nada bueno. Quiero hacer una salvedad con el caso de Uruguay; es una crítica, si queréis, benevolente. Es un país pequeño, pero en cambio tiene unas FFAA sobredimensionadas respecto de su poca población. Los países del entorno, como Argentina, tienen unas FFAA que oscilan entre uno y dos efectivos cada mil habitantes y gastan 0,9% del PIB, y Uruguay tiene un índice de 7,8, un ejército de 25.000 efectivos y un gasto militar cercano a 2% del PIB. Si tuviera un conflicto regional, evidentemente podríamos decir que difícilmente podría contrarrestar a un país vecino. Por lo tanto, tendrían que optar por disminuir su gasto militar -han adquirido también bastante armamento-, por reducir el gasto militar, la compra de armas, efectivos, puesto que no servirían de mucho en caso de un conflicto. La mayoría de los países pequeños en el mundo no tienen ejército. Uruguay podría perfectamente optar por ese camino, porque, primero, ya vive en cordialidad y amistad con los países vecinos, razón de más para que pueda reducir su gasto militar sin que ocurra nada que pueda preocupar a su población.
AC: -Me interesa hablar de las percepciones que tiene la población civil, cómo vive la escalada armamentista la población civil. Creen que los gobiernos compran muchas armas, más que nunca, cuando en realidad no es así, y te diría que la principal preocupación no debería ser hablar de los gobiernos y su posible compra de tanques, sino de las armas que están en la calle. El armamentismo es hoy un gran tema en América Latina, pero está vinculado a un mercado que no es exactamente el de los gobiernos, aunque esto produce preocupación y malestar, por ejemplo cuando vimos que Lula había comprado un submarino nuclear, en su primer gobierno... Pero el que cunde y preocupa a la ciudadanía es el armamentismo ilegal, el arma y la violencia a nuestro alrededor, la violencia social.
-¿Los gobiernos progresistas de la región no cambiaron esa dinámica de la militarización?
PO: -Desgraciadamente, creo que en estas políticas en defensa -en seguridad sí que cambiaron cosas- no ves diferencias en las políticas entre la izquierda y la derecha. En este ámbito todos son conservadores, y se rigen por la inercia. Es una inercia de que la seguridad se basa en las FFAA. Pero no piensan que la percepción de la población no es la misma, que las personas no pensamos que nuestra seguridad se basa en tener un Ejército y FFAA. La población para sentirse segura necesita trabajo, vivienda, sanidad, educación, un ambiente sano.
TF: -La izquierda sí que ha sido más consciente de que erradicar la violencia quiere decir también mejorar la vida de las personas. Si las personas tienen más recursos económicos, culturales, mayor socialización, el grado de violencia disminuye. Es una política preventiva de la violencia, y no una política represiva -que ha sido más usual por parte de la derecha, de mano dura, tolerancia cero-. El Estado concibe la seguridad en términos tradicionales: el que tiene que estar seguro es el Estado. Históricamente, ¿quién era el enemigo? La población que se opusiera a esa forma de gobierno; entonces, el Estado preparaba al Ejército para reprimir a la población que pudiera derrocar a la clase gobernante. Eso sí que ha cambiado mundialmente, por lo tanto la defensa o los militares tendrían que disminuir. Si nos vamos a concentrar en qué amenazas predominan, y es toda la violencia vinculada al crimen organizado, hay que analizar ese tipo de violencias y también qué actores están interviniendo. Hay que ver toda esa economía cómo corrompe a los estados policiales y a mandos policiales, cómo paga campañas electorales, cómo compra a ciertos políticos, cómo se mueve por medio de los bancos y del sistema financiero actual.
PO: -Y volvemos a lo mismo. No es el ámbito militar el que puede combatir estas nuevas violencias. De poco sirve un submarino, un avión de combate o una fragata para combatir un crimen organizado que es global, no es local.
-Puede haber situaciones en las que sí hay dificultad del Estado para ingresar a ciertos territorios controlados por el crimen organizado…
AC: -La problemática es que el Estado es comprador de armas pero estas no son utilizadas por el Ejército, sino por la Policía. Entonces encuentras fuerzas militarizadas policiales, las encargadas de reprimir al enemigo interno, con lo que, en definitiva, no encontramos una solución ni al armamentismo ni al descenso del nivel de violencia, porque las armas pasan de un tipo de cuerpo a otro y aumenta el nivel de violencia, y esa Policía a la que se transfirió el armamento continúa con los malos usos y costumbres producidos desde la dictadura.
PO:-La globalización debilita mucho a los estados, y cuando estos han estado bajo dictaduras militares y el Ejército y las estructuras de seguridad internas han sido escasamente democráticas, si no hay una reforma interna, difícilmente se pueda combatir un crimen organizado que viene del exterior y encuentra un caldo de cultivo fácil de corromper dentro de los cuerpos de seguridad. Hace falta mucha decisión por parte de los gobiernos para reformar los cuerpos de seguridad internos, para reformar el aparato de justicia. De lo contrario, difícilmente se podrá eliminar la violencia interna, porque está aumentando. Me asombró ver los casos de Centroamérica; las tasas de homicidios son enormes en Honduras, Guatemala, México, El Salvador, y si eso se extiende va a ser muy difícil para ustedes combatirlo. Sólo hay una forma: democratizar las FFAA, reformar los cuerpos judiciales, los cuerpos de seguridad internos, y mediante la educación en esos mismos cuerpos.
-A la gente le preocupa que el Estado se arme. Sin embargo, a la vez, cada vez compra más armas, en busca de mayor seguridad. ¿Cómo ven ese proceso?
PO: -Es nefasto: a más armas, más muertes. Si uno tiene la percepción de estar amenazado, compra armas, y se genera un espiral: como en el barrio hay más armas, yo compro otra arma. El Estado debería regular al máximo, tendría que limitar el permiso de armas y retirar armas del mercado. Brasil puso en marcha una campaña de compra de armas; esa es una buena política.
TF: -Cuanto menos armas haya en manos de particulares, más seguros vamos a estar. La otra cuestión es cómo controlamos el mercado ilícito de armas en manos de bandas. Hay que intentar sacarlas del mercado y controlar esos flujos.
AC: -Una tercera perspectiva, la superestructural, es pensar que la resolución del conflicto puede hacerse de una forma que no sea violenta. Tiene que haber un desarme mental, un aprendizaje de que la violencia no produce nada bueno, nunca; pierde el ganador y el vencedor. El armamento no es sólo el del arma, pueden ser palos, bofetadas y golpes, y el armamento verbal.
-¿Qué cambios hay que hacer para educar por la paz?
VB: -Encontraría tres niveles de actuación. El primero, soy educador y procuro que haya una enseñanza formal, obligatoria, que involucre la formación ética de los educandos. Es una parte fundamental, porque los niños nacen, se desarrollan, y tanto la violencia como las ideas de paz se forman en la mente del hombre, nadie nace siendo asesino ni siendo pacifista. Pero a pesar de que la educación es esencial, no es todo. El segundo nivel sería involucrar también a otros factores que contribuyan: los medios de comunicación, la familia, los medios sociales, culturales, deportivos, los sindicatos; desde cada lugar, generar una conciencia de que tenemos que apuntar hacia ese lado. El tercer nivel es qué hago yo para que se cumplan esos derechos que preconizamos. Soy militante y trabajo en contacto con la comunidad, en mi sindicato, en mi sector político, en tratar de promover las cosas que puedan lograr esos cambios. No alcanza la cultura de paz si no se logra la justicia social, si no se logra que los derechos se cumplan.
-Ortega mencionaba que Uruguay tiene un Ejército grande en comparación con los vecinos y la población. ¿Hacen una evaluación de lo que ha hecho el Frente Amplio en esta materia?
VB: -Hay una mayor población militar que no necesitamos. Para justificar esa existencia, los militares levantan la basura, ayudan a reconstruir una carretera o [colaboran] si sucede un evento climático. Termina el comandante en jefe del Ejército [Guido Manini Ríos] diciendo que el Ejército podría atender a los ni-ni. Es muy respetable la intención, pero me parece que no es el Ejército el que tiene que tomar esa responsabilidad.
PO: -El Ejército no ha sido formado para desarrollar tareas civiles que hacen mejor y a menor costo los cuerpos civiles. El gasto militar va en detrimento del gasto social y de la economía productiva, porque las armas las adquiere el Estado, no son un bien de consumo ni productivo; se acabará su vida útil y tendrás que destruirla igual que a una lavadora, pero con un agravante: no la has utilizado nunca (ojo, tampoco deseo que sean utilizadas). Pero fijaros el absurdo, dedicamos un enorme esfuerzo de gasto público para mantener unas FFAA cuando las percepciones de conflicto armado con tus países vecinos no existen, y si sólo es para enviar mil soldados en misiones “de paz”, pues de verdad que podrían reducirlos y con esos recursos generar cuerpos civiles para apoyar a la población en inundaciones y otros eventos, y desarrollaríamos la economía productiva, la civil.