“Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos [...]”.
JUAN CARLOS ONETTI, EL POZO
Primero como tragedia, después como farsa
Noche del 27 de octubre de 2014. Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó. “Y ya lo ve, es para Pedro que lo mira por tevé”. Banderas frenteamplistas y colibríes se enredan en una sinergia festiva. La todavía humeante derrota electoral de la propuesta bordaberrista apenas salía de las urnas, y el oficialismo saboreaba sus sorpresivas mayorías parlamentarias. Ese cuadro parecía condensar el final de una pulseada que la izquierda partidaria, la sociedad civil organizada y expresiones testimoniales de otras fuerzas políticas habían ganado, con el peso de los argumentos y la información.
Pero la historia, lejos de cancelarse, siempre se repite. El recientemente exhumado proyecto oficialista de Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente (CRIA), presentado en el Parlamento el 19 de julio de 2013, es la contracara de aquella victoria pírrica, y el símbolo más claro de las contradicciones que la izquierda gobernante siempre ha enfrentado en la búsqueda de las penas perdidas. La partidocracia que ayer evitó la tragedia hoy sostiene la farsa.
Táctica y estrategia
Por un lado, existe un proyecto de ley cuya exposición de motivos se desplaza en el interior de un marco teórico crítico, interpelando la utilización de la violencia institucional como “solución final” y denunciando la urgencia de avanzar hacia modelos de mediación y recomposición de conflicto. A guisa de ejemplo: “Se procura evitar uno de los grandes males que se denota en la práctica forense: que por el hecho de no contar con familias contenedoras, o sufrir una situación de calle o adicciones a drogas o alcohol, se responde castigando al adolescente con medidas socioeducativas de mayor envergadura, lo que denuncia una grave inconsistencia en la respuesta de la sociedad ante el delito”.
Por otro lado, en el mismo texto legislativo se expulsa la pata prescriptiva de aquel diagnóstico crítico. Naturalmente, son siempre las mismas recetas: penas duplicadas, dispositivos amplificadores ensanchados, precarización de estructuras procesales, y nuevos permisos legales para administrar la prisión preventiva. En otras palabras, un cóctel punitivo que concentra la nueva rebaja light de la edad de la imputabilidad.
Esa formulación de diagnósticos, programas y deseos tensiona las principales contradicciones que ha enfrentado el gobierno de izquierda a la hora de pensar y diseñar su política criminal, caracterizada por una ausencia de sentido estratégico y un importante crédito punitivo destinado a evitar pérdidas o costos electorales. Michel Foucault describía estos gestos como “la regla de la polivalencia táctica de los discursos”. Para este caso sería interesante indagar cómo el discurso crítico penal puede ser utilizado para justificar o generar las condiciones de una nueva intervención punitiva.
Las palabras y los analgésicos
Este proyecto se organiza desde una sofisticada economía de lenguaje, inflacionaria en términos como “infracción penal juvenil”, “centro de privación de libertad” o “medida socioeducativa privativa de libertad”, y que deliberadamente prescinde de otros más descarnados: “delito”, “cárcel” o “pena de prisión/penitenciaria”. Para muestra, un botón: el texto señala con un juego remisivo y aritmético la duplicación de penas: “Los que corresponden al derecho penal de adultos, pero reducido a un tercio, siempre que se trate de adolescentes de 15 años de edad” (artículo 33, literal b), y recíproca remisión en el artículo 45. Proyecto CRIA).
El dolor, la pena y la cárcel quedan entonces encriptados en un discurso que respeta la nomenclatura de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En síntesis, son estrategias de supervivencia de un sistema que no se cansa de cambiar de nombre y suministrar dolor, enunciado performativo mediante, para gestionar sus fracasos preanunciados.
Lecciones de octubre
Finalmente, la lucha de la Comisión No a la Baja reveló las virtudes y posibilidades de un diálogo robusto e informativo, encerrando el problema de la “criminalidad juvenil” en los marcos de un debate racional. Sin perjuicio de que la victoria registrada comienza a instalarse en una dimensión puramente simbólica (principalmente, por los coletazos jurídicos de la Ley 19.055) parecería que, en asuntos de “seguridad ciudadana”, el camino es la recompensa.
El populismo punitivo los cría y ellos se juntan. Una vez más, el desafío reside en enfrentar un consenso fraguado en las mesas ratonas del sistema político; la carga de la argumentación, con toda su complejidad, se traslada una vez más a la sociedad civil. Una vez más, será necesario construir un nuevo encadenamiento discursivo, susceptible de redefinir ciertos significantes vacíos (libertad, seguridad, y castigo, etcétera), así como disputar las fronteras de lo posible, que, en materia de política criminal, son cada día más estrechas.
Excursus
Si se pudiera esbozar un principio de propuesta, diría que el discurso crítico guionado necesita reciclarse y desprenderse de cierta maldición dogmática de hacer converger todos los desatinos y desviaciones político-criminales en la figura del legislador/sistema político (como quizá hacemos en la presente). En efecto, podría ser interesante volver las brújulas sobre esta proposición de Foucault: “Que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las relaciones de poder, y como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad de arriba a abajo y en grupos cada vez más restringidos, hasta las profundidades del cuerpo social”.