Rodrigo Rey

Abolida la pena de muerte, no hay peor ni más desgraciado destino en nuestra república que atravesar este horno procesal sin apropiadas, completas y detalladas instrucciones de uso.

Fuerte con los débiles y débil con los fuertes: ese podría ser cómodamente el lema de esta gestión del Ministerio del Interior.

De una lectura detenida de las actuaciones administrativas que preceden las órdenes de desalojo es claro que no registran ningún tipo de fundamentación legal y que recurren a un magro juego de palabras.

Es importante rediseñar las condiciones de admisión y confección semántica de los acuerdos que subyacen al proceso abreviado, además de fortalecer institucionalmente a la Defensoría Pública.

Las modificaciones introducidas por la LUC sólo tienden a reforzar el paradigma de concentración de poderes y escasez de controles ciudadanos sobre la actividad de inteligencia.

A esta altura, existen razones suficientes para individualizar el proceso abreviado como un gran aliciente de la prisionización en nuestro país.

Cambios en el proceso penal