Rodrigo Rey

De una lectura detenida de las actuaciones administrativas que preceden las órdenes de desalojo es claro que no registran ningún tipo de fundamentación legal y que recurren a un magro juego de palabras.

Es importante rediseñar las condiciones de admisión y confección semántica de los acuerdos que subyacen al proceso abreviado, además de fortalecer institucionalmente a la Defensoría Pública.

Las modificaciones introducidas por la LUC sólo tienden a reforzar el paradigma de concentración de poderes y escasez de controles ciudadanos sobre la actividad de inteligencia.

A esta altura, existen razones suficientes para individualizar el proceso abreviado como un gran aliciente de la prisionización en nuestro país.

Cambios en el proceso penal