Toda norma penal es un acto de comunicación y la prohibición de matar es el mensaje más firme del sistema. Una política criminal que desde 2018 respondió al aumento de los homicidios elevando penas apostó, así, a reforzar el único tramo de la comunicación que nunca estuvo en duda. El país marcó su récord precisamente en 2018, con 420 homicidios y una tasa de 12,0 cada 100.000 habitantes, y desde entonces se mantiene en niveles apenas inferiores.
La elevación de la pena por homicidio simple de cuatro a 18 años y el numeral décimo del artículo 312 no llegaron en una ley penal debatida como tal. Llegaron como dos artículos de la ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2022, votada en noviembre de 2023. Se duplicó el mínimo de la figura central del Código Penal a través de un articulado de ejecución presupuestal, sin exposición de motivos criminológica ni evaluación de impacto penitenciario, en tensión con el artículo 216 de la Constitución, que veda incluir disposiciones ajenas a su materia.
Después de siete intervenciones legislativas, ninguna inflexión descendente de la curva. La eficacia preventiva de la pena depende de su certeza y prontitud mucho más que de su severidad, y los incrementos marginales sobre penas ya elevadas carecen de efecto disuasorio mensurable. El esclarecimiento de homicidios cayó del 64% en 2003-2007 al 49% en 2012-2016; mientras la severidad nominal subía, la probabilidad real de castigo bajaba.
¿Qué explica la futilidad de la legislación crecientemente punitiva?
Mientras las variables criminógenas clásicas como desempleo o pobreza mejoraban, la única variable conocida cuya evolución acompaña la curva ascendente de los homicidios desde 2007-2008 es la consolidación del mercado minorista de pasta base. Los homicidios que empujan la curva se producen entre grupos territoriales enfrentados por ese mercado, cuyos protagonistas viven bajo el código de la represalia, un orden normativo alternativo de sanciones inmediatas, ciertas y letales, frente al cual la diferencia entre un mínimo de dos años y uno de cuatro no pesa en ninguna decisión. Los protagonistas de tales enfrentamientos se juegan la vida a diario en cualquier esquina de los barrios pobres de Montevideo, y viven así bajo la amenaza de un castigo (la pena capital) mucho más severo que cualquiera que el Estado pueda infligir.
Esa realidad no se supo o se quiso ver. El diagnóstico contratado por la administración Martinelli a Emiliano Rojido contribuyó decisivamente a ocultar la naturaleza del problema y las causas del fracaso en contenerlo. El estudio, contratado en año electoral en desmedro de principios éticos elementales, licuó con una metodología defectuosa el impacto del narcotráfico en el homicidio. Rojido introdujo la tesis de que los enfrentamientos entre grupos de traficantes explicaban apenas 1,9% de los homicidios (unos siete por año), y que aquellos con trasfondo de drogas no sobrepasaban el 11% del total.
El estudio sirvió de pretexto para desmantelar la oficina estadística que sostenía lo contrario y sancionar salvajemente a su director. Licuar el peso del narcotráfico convenía a Martinelli. Pero tales artimañas quedaron certificadas en abril de 2026, cuando la propia estadística oficial, dirigida por quienes suscribieron la minimización, reconoció que los homicidios vinculados al tráfico representan el 31% del total (incluso con métodos que siguen minimizando el fenómeno), 15 veces la cifra fundante.
La sombra de una nueva debacle electoral se cierne sobre la izquierda
Las consecuencias de mantener como asesores de primer nivel a los responsables de aquellos errores asoman en una gestión errática de resultados preocupantes. Las cifras oficiales del primer semestre lo documentan, aunque muy parcialmente, como veremos. Antes, en diez días de julio, tres hechos de inusitada gravedad, todos marcados por la violencia sistémica del narcotráfico y la confrontación entre bandas, presagiaban las malas nuevas confirmadas por el reporte oficial.
A la masacre de El Monarca (probablemente el hecho más violento de la historia criminal del país) se sumaron un doble homicidio en Los Bulevares (con una víctima colateral) y la infernal balacera de Joaquín Suárez, en la que resultaron heridos (uno de suma gravedad) cuatro presuntos integrantes de una conocida banda de Santa Catalina, uno de ellos ya baleado meses atrás al salir de un centro de reclusión.
El boletín oficial de julio de 2026 informa 195 homicidios en el primer semestre, el segundo peor arranque de año de la historia, solo detrás del fatídico 2018, antesala de la derrota de la izquierda. El segundo trimestre por separado muestra un aumento del 21%. Inexplicablemente (o no tanto), el boletín no incluye desagregación alguna por móvil o circunstancia precipitante, lo que le resta casi todo valor como insumo de política pública. ¿Cómo contener este empuje si se ignora sobre qué violencia se ha de operar?
La peor forma de mentir es decir toda la verdad, ocultando el alma de los hechos
La omisión coincide con la profusión de noticias sobre el quíntuple homicidio de El Monarca, emblema del enfrentamiento entre bandas del narcomenudeo. Y no puede atribuirse a carencias de información. El propio boletín desagrega el homicidio por mes, departamento, seccional, sexo, edad, antecedentes penales de las víctimas, arma de fuego, lugar y presuntos autores adolescentes, variables incluidas desde siempre en los boletines del desmantelado Observatorio. Nueve aperturas prueban que el productor del dato puede clasificarlos por móvil aparente; la única variable suprimida es, precisamente, el móvil.
La omisión no parece casual. Divulgar los móviles del primer semestre confirmaría, con mayor claridad aún, que el narcotráfico es el principal impulsor del aumento de la violencia y que la tesis de Rojido y Diego Sanjurjo (exasesores de Martinelli y hoy de Carlos Negro) es rotundamente equivocada. Datos indirectos del informe lo sugieren: 74,9% de los homicidios del semestre se cometió con arma de fuego, contra 63,9% un año atrás; 56,9% de las víctimas registraba antecedentes penales, 88,2% eran varones y el tramo de 18 a 38 años concentra 133 de las 195 víctimas, atributos característicos de los enfrentamientos entre grupos que disputan mercados ilegales.
Tanto es así que, en una entrevista con el streaming de El Observador, el propio Sanjurjo relativizó las cifras del semestre al señalar que la mayoría de los indicadores delictivos tienden a la baja y habló de una “luz amarilla” por el aumento de homicidios y heridos de bala. Sin embargo, admitió que “gran parte de estos homicidios tienen que ver con el mercado ilegal de drogas”, aunque protagonizados por usuarios endeudados antes que por delincuentes profesionales. La admisión contradice frontalmente su respaldo al diagnóstico de Rojido, sus estimaciones públicas de octubre de 2025 y su pedido de asesoramiento a “la academia” sobre cómo medir la prevalencia de homicidios derivados del narcotráfico. Resulta desatinado identificar semejante perfil cuando a la vez se aduce carecer del conocimiento para hacerlo. Se reconoce el mercado ilegal en la palabra y se lo esconde en el dato.
Pero lo estridentemente desconcertante es la negativa a publicar la tipología de homicidios, con el poco ingenioso pretexto de “evitar confusiones”. Podría decirse, onettianamente, que esta es la peor forma de mentirle a la gente.
El gobierno parece haber descubierto la “mano dura” y apela a vehículos militares para el patrullaje, algo que ni la derecha más recalcitrante osó practicar y que enajena en vano el espíritu histórico del proyecto político popular, pues no suprimirá las necesidades emocionales que las drogas alivian.
Pompas fúnebres
La herencia en materia de homicidios de Nicolás Martinelli no se reduce a una muy deteriorada situación de seguridad pública (el quinquenio con más homicidios de la historia). Incluye también a sus asesores, Rojido y Sanjurjo, que sobrevivieron al cambio de gobierno. Al punto que este último fue designado de forma directa por el ministro Carlos Negro al frente del Área de Estadística y Criminología Aplicada, estructura creada en 2025 que deroga de facto el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dirigido por un funcionario designado por concurso. La continuidad de las personas explica la continuidad del método, y el método consiste en administrar el dato antes que en producirlo con independencia.
El valor marginal del 1,9% del diagnóstico de Rojido (avalado por Sanjurjo) privó a la política criminal de su objeto real, y la apuesta exclusiva al aumento de penas dispensó al Estado de conocer el fenómeno sobre el que legislaba. Las consecuencias comienzan a hacerse patentes. Pese a grandilocuentes planes, científicamente discutibles, tras año y medio de gestión y transición, los resultados no difieren sustancialmente del gobierno anterior y, más preocupante aún, comienzan a deteriorarse.
La falta de comprensión de las raíces del problema lleva entonces a medidas erráticas, de neto cuño demagógico (“para la tribuna”). El gobierno parece haber descubierto la “mano dura” y apela a vehículos militares para el patrullaje, algo que ni la derecha más recalcitrante osó practicar y que enajena en vano el espíritu histórico del proyecto político popular, pues no suprimirá las necesidades emocionales que las drogas alivian. La oposición lo capta y ve cada vez más cercano el momento de asestar un golpe que decapite al Ministerio del Interior. Si se insiste en la improvisación con asesores heredados de quienes fracasaron lapidariamente y ahora piden la cabeza del ministro, solo nuevos errores son esperables.
Negros nubarrones comienzan a agruparse en torno a las posibilidades de la izquierda en las elecciones de 2029.
Rodrigo Rey es abogado.