Congreso Nacional de Educación: una oportunidad contra el imperialismo tecnofascista

Prueba gratis 30 días

Recientemente, El Observador divulgó que Ceibal está implementando en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un sistema de evaluación de escritura mediante la multinacional de inteligencia artificial (IA) OpenAI. La empresa, perteneciente al multibillonario Sam Altman y cofundada junto al reconocido ultraderechista Elon Musk, aterriza en la educación pública uruguaya para realizar tareas de evaluación que, hasta hace poco tiempo, las desarrollaban docentes, vinculadas a las pruebas de acreditación que ofrece el organismo.

El 16 de junio, ANEP anunció la incorporación, a través de Ceibal, de dos plataformas pagas de la multinacional Google, que serán ofrecidas de forma gratuita a docentes como herramientas complementarias para su trabajo. Según informó la diaria, las plataformas fueron financiadas con presupuesto de Ceibal.

Tanto el informe de prensa sobre OpenAI como el anuncio de la ANEP coinciden en un punto nodal: ambos aclaran en repetidas oportunidades que se realizaron acuerdos con las multinacionales para que no extraigan datos durante el proceso. La reiterada aclaración —aunque oscurezca— es pertinente, puesto que se trata de empresas que se han erigido como gigantes tecnológicos, a nivel mundial, dedicándose a tales fines. La desinteresada acción parece replicar la conocida fórmula de venta de aplicaciones online: “prueba gratis 30 días”; “ingresa tu tarjeta de crédito”.

En una entrevista a Karen Hao publicada en la diaria a colación de la presentación de su libro El imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar el mundo, la investigadora pone al desnudo “cómo OpenAI y la industria de la inteligencia artificial han pasado a funcionar con una lógica imperial: colonizan recursos, extraen datos de los usuarios y explotan mano de obra precaria en el Sur Global para alimentar una maquinaria que, según la autora, está acelerando el retroceso democrático en todo el mundo”.

Al caso uruguayo se suma Microsoft, que avanza sobre la ANEP mediante donaciones económicas que ingresan a la educación pública a través de la Fundación Ceibal (que también opta por el camino de la precarización, dejando a más de 1.000 docentes uruguayos sin empleo mediante la contratación, con fondos públicos, de formadores en el extranjero para el programa Ceibal en Inglés).

Paralelamente, los gigantes tecnológicos han cerrado negocios con el gobierno nacional. Según anunció el Poder Ejecutivo, “Antel está invirtiendo para generar infraestructura especializada para IA, por medio de acuerdos con grandes plataformas como Google”; el anuncio también informa que se buscará firmar con Amazon Web Services¹.

¿Cómo se explica que estas multinacionales, creadas con propósitos comerciales, ahora coincidan en su interés por la educación pública y el aparato público estatal uruguayo?

Sesgar y acumular

Los dueños de estas empresas extractivistas de datos no solo tienen en común que están alineados con la hegemonía de Estados Unidos —sostenida por coacción bélica y comercial—; también coinciden en que son los principales artífices de la desigualdad y que habitan la cúspide de la pirámide de acumulación de riqueza a nivel planetario. Se trata de un puñado de individuos que han reconfigurado su estatus como actores político-empresariales globales. Han alcanzado una concentración de poder tal que pueden incidir en diversas esferas de la vida: controlan gran parte de las interacciones políticas, culturales y sociales mediante el diseño de algoritmos sesgados, agotan recursos naturales, inciden en la actividad financiera y en la productiva intermediando procesos de automatización laboral, intervienen en la industria tecnobélica y, ahora también, concentran información público-estatal mediante el arrendamiento de servicios, plataformas y nubes privadas. El poderoso avance sobre las democracias por parte de estos individuos, con el auspicio de la ultraderecha global, se ha denominado “tecnofascismo” y está siendo advertido por diversos analistas a nivel internacional.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad de California Emanuel Adler sostuvo en una entrevista concedida a la diaria, que “el avance acelerado de la IA plantea riesgos profundos para la democracia, la verdad y el futuro de la civilización”. Allí destaca que “uno de los puntos críticos es la acumulación masiva de datos por parte de las grandes plataformas digitales, que hoy concentran información en volúmenes que superan incluso a los Estados”. Adler consideró que esta situación genera una nueva relación de dependencia entre los países y las corporaciones tecnológicas: “Esto no existía hace 30, 40 años. Hoy día, Elon Musk tiene un beneficio anual de un trillón de dólares. El poder que tienen [las empresas tecnológicas], ya sea con satélites, con misiles y cohetes al espacio, etc., es mucho más fuerte que 20 o 30 países juntos. Quiere decir que es algo nuevo (...) y es difícil saber hacia dónde vamos”.

¿Hacia dónde vamos?

"El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos".

Esta conocida frase del teórico marxista italiano Antonio Gramsci, escrita en los alrededores de 1930, capturaba el clima social, subjetivo y político de una época que, tras una década de propagación del movimiento nazi y fascista, se adelantaba al horror que se institucionalizó en Alemania en 1933: el ascenso del partido nazi a través de mecanismos constitucionales.

Esta lección histórica, así como la frase de Gramsci, renuevan su sentido en un tiempo presente marcado por niveles de desigualdad inusitados en la historia de la humanidad, un genocidio en curso, una crisis ambiental sin precedentes, la escalada tecnobélica en Oriente Medio, intervenciones militares y la asfixia comercial y humanitaria en América Latina y el Caribe. A esta serie de eventos lamentables, que tienen al imperialismo estadounidense como denominador común, se suma la proliferación de una subjetividad social hiperindividualizada que, atravesada por profundas precariedades estructurales y potenciada políticamente por sesgos algorítmicos, culmina siendo presa fácil de los discursos de odio que impunemente circulan en las plataformas. Las actuales ascensiones de las ultraderechas por vía democrática deberían encender las alarmas que no se pudieron escuchar hace un siglo atrás y reaccionar, con especial atención, al peligro que representa el actual contexto de violación permanente del derecho internacional.

Entretanto, en nuestro país, mientras se dilata la discusión sobre la pertinencia de regular o no la inteligencia artificial, los cuatro dueños de los gigantes tecnológicos no tardan en cerrar sus negocios con el gobierno uruguayo. Por un lado, el Poder Ejecutivo insiste en “no apurarse con regulaciones”, levantando la bandera de la promoción de la innovación, según declaró a Brecha en mayo el director del programa Uruguay Innova, Bruno Gili.

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Por otra parte, destacados especialistas nacionales e internacionales advierten sobre la vulnerabilidad a la que estamos expuestos si no avanzamos en regulación y en desarrollo tecnológico regional. Daniel Mordecki —que renunció a la dirección de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en diciembre de 2025 por diferencias con representantes del Poder Ejecutivo— en un reciente artículo, describe la asimetría de poder que se produce entre el Estado y los gigantes tecnológicos a la hora de negociar: “En IA, como en muchos otros aspectos, cuando se trata de un país pequeño y periférico como Uruguay, sin regulación específica, el partido se juega con las reglas de los que están en el principio de la cadena de valor”.

Los aportes de la investigadora argentina Cecilia Rikap, en una entrevista concedida a la diaria en mayo de 2025, eran alentadores al respecto: “La situación de Uruguay es prometedora para impulsar una política digital soberana que lo saque de la dependencia y el control de las tres empresas que dominan el ecosistema digital global”, en referencia a Amazon, Google y Microsoft.

Una oportunidad para el Congreso Nacional de Educación

Uno de los ejes temáticos que abordará el próximo Congreso Nacional de Educación se denomina “Nuevos desafíos educativos: virtualidad e inteligencia artificial”. En relación a este tópico, la agenda mediática y diversos actores políticos vienen estimulando el debate en torno a la pertinencia del uso de celulares en el aula y sobre los métodos didácticos que se pueden implementar con IA. Si bien son cuestiones preocupantes en el día a día del aula, el Congreso se presenta como una oportunidad necesaria para elevar la mira, más allá de la gestión cotidiana, y proyectar la discusión al plano de la política educativa.

Alimentar el intercambio en torno a la injerencia de las empresas tecnológicas en la educación pública, poner en discusión el trasfondo político-empresarial de las plataformas educativas, reflexionar sobre el control social y político mediante algoritmos, cuestionar la tendencia a la automatización pedagógica y defender la profesión docente, así como estimular perspectivas de desarrollo hacia un modelo tecnológico soberano, son temas ineludibles. También es inevitable rediscutir la autonomía de la ANEP, no solo en relación al Poder Ejecutivo, sino en relación a Ceibal, su rol y sus potestades: ¿Quién debe definir la política educativa en materia de tecnología?

Este cuarto Congreso Nacional de Educación representa una oportunidad para debatir y construir colectivamente condiciones subjetivas que permitan dimensionar el tiempo presente e imaginar un mundo distinto al que se pretende imponer, en clave de paz, igualdad y, principalmente, de democracia. La expresión de un posicionamiento claro y contundente del colectivo docente y de la sociedad en su conjunto ante la avanzada tecnofascista, por encima de determinaciones partidarias vinculantes o políticamente no vinculantes, debe ser un faro para la construcción de resistencia y ciudadanía, en defensa de una educación soberana, laica y autónoma.

Gonzalo Irigoyen es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de audiovisual en DGETP-UTU e integrante del equipo del consejero electo por los docentes, Julián Mazzoni, en el Codicen.