En la recta final hacia las elecciones del 4 de octubre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó la prohibición de las apuestas a través de internet, llamadas bets, y la publicidad de las empresas que las manejan. La medida ya se aplica, pero quedará sin efecto si el Parlamento no la ratifica en un plazo de 120 días. Cabe señalar que la decisión está en manos de los actuales legisladores, porque los que serán electos dentro de cinco días no asumirán hasta el 1º de febrero. Las empresas de apuestas presentaron ayer mismo un recurso para suspender la prohibición.
Brasil tiene una larga historia de combate a los juegos de azar por dinero, con el jogo do bicho (una especie de quiniela entre 25 números identificados con animales), ilegalizado desde comienzos del siglo XX, y los casinos prohibidos desde 1946 (esto explica que los de Uruguay hayan recibido durante décadas la visita de muchos turistas brasileños).
Un avance arrasador
Las bets comenzaron su implantación en la primera década de este siglo debido a la expansión del uso de celulares “inteligentes” y a que las empresas del sector quedaban exentas de las normas por tener sus sedes centrales en otros países. En 2018, los casinos en línea fueron legalizados por el entonces presidente Michel Temer, y desde entonces las apuestas mediante internet se han convertido en la modalidad predominante. Hace dos años había más de 2.000 empresas de bets en Brasil según el diario O Estado de São Paulo. El actual gobierno de Lula estableció regulaciones que disminuyeron la cantidad de actores, pero no frenaron la bola de nieve. Brasil se convirtió en el mayor mercado de apuestas deportivas mediante internet de América Latina y el quinto del mundo. No es fácil contabilizar, pero se estima que en 2025 casi 25 millones de personas de ese país apostaron unos 42.500 millones de dólares.
Las consecuencias indeseables son numerosas y graves, como sucede en muchos otros países. Se estima que el endeudamiento por este tipo de apuestas en Brasil afecta a por lo menos 1,5 millones de personas, incluyendo a muchas de bajos ingresos. La adicción al juego trae consigo otros trastornos de la salud mental y suicidios, con el agravante de que la captación de apostadores alcanza a la población infantil y adolescente. En 2023 fueron condenados varios jugadores de fútbol por recibir dinero para favorecer a quienes habían apostado, no solo sobre los resultados de partidos, sino también sobre el momento en que habría amonestaciones, expulsiones, penales o tiros de esquina. Grandes organizaciones criminales se han vinculado con el mercado de las bets, con fines de lucro directo y para lavar dinero.
El asunto se complica porque en Brasil las empresas de apuestas se han vuelto patrocinadoras importantes de las competencias y de los clubes de fútbol. Varios de estos se manifestaron en contra de la prohibición dispuesta por Lula porque afecta sus ingresos.
Estamos rodeados
En Argentina, el auge de las apuestas deportivas a través de internet ha creado una situación tan alarmante como la brasileña en lo referido a la extensión del fenómeno, sus vínculos con el crimen organizado y sus impactos sociales. Según un informe publicado el año pasado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), la cuarta parte de la población adolescente de ese país apostó alguna vez, iniciándose alrededor de los 13 años con billeteras virtuales.
En Uruguay hay una larga tradición de apuestas legales e ilegales, en juegos de azar y en una gran variedad de actividades deportivas. El mercado está controlado por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, que supervisa la red privada de la Banca de Quinielas.
El único operador habilitado para recibir apuestas deportivas es Supermatch, que recibe apuestas sobre todo a través de internet. Parte de sus ganancias se destinan a la promoción del deporte y no hay licencias para empresas internacionales, cuya publicidad está prohibida. Esto les ha causado inconvenientes a clubes de fútbol uruguayos cuando enfrentan, como locatarios, a los de otros países que tienen publicidad de casas de apuestas en sus camisetas. También complica la realización de finales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en nuestro país, y la perspectiva de que por lo menos un partido del Mundial de 2030 se juegue aquí.
La polémica está instalada. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Conmebol quieren desde hace años que se abra el mercado local a las empresas extranjeras, y alegan que esto no solo sería beneficioso para los clubes, sino también para el Estado, porque aumentaría la recaudación de impuestos. Las opiniones están divididas en el sistema partidario, y un proyecto de apertura regulada aprobado en el Senado en 2022 no logró mayoría en la Cámara de Representantes. Sin duda hay apuestas desde Uruguay en plataformas internacionales, pero la opción entre mantenerlas ilegales o aceptarlas tiene una enorme relevancia para nuestro futuro.