Esta semana hubo muchas repercusiones de la operación Trazador, contra un grupo dedicado al tráfico de drogas ilegales, armas y municiones, así como al lavado de activos asociados con esas actividades. El caso es significativo por lo menos en cuatro áreas vinculadas con la investigación y la prevención del avance del crimen organizado en Uruguay.
En primer lugar, hay que ubicar al grupo delictivo en el contexto de la reorganización posterior a detenciones de grandes actores locales y del narcotraficante Sebastián Marset. En segundo lugar, hubo un acuerdo abreviado que parece prematuro de la fiscal Angelita Romano con tres de las cuatro personas detenidas, antes de que se dispusiera de los resultados de pericias en los celulares que utilizaban y se hubiera avanzado en las indagaciones sobre sus delitos. En tercer lugar, hay datos acerca de los procedimientos de lavado de activos que empleaban.
La cuarta área fue la que causó mayor alarma. Una de las personas condenadas fue Pablo Leiva, contratado como asesor por el edil montevideano Gonzalo Gómez, quien integra el directorio del Partido Nacional como representante de la juventud de esa fuerza política y es dirigente del sector Por la Patria, liderado por Jorge Gandini. La persona detenida en la operación Trazador que quedó en libertad es Lucio Leiva, hijo de Pablo y también asesor rentado de Gómez. Además, la Policía investiga si Leiva padre lavaba dinero en un local de la red de cobranza Abitab que es propiedad de la esposa de Gandini.
No se ha hallado evidencia que indique una relación entre el grupo criminal y el sector político, pero circulan, como era previsible, todo tipo de especulaciones. Lo central, mientras avanza la investigación, es que la oportunidad de aprendizaje sea aprovechada.
No solo es relevante por qué contrató Gómez a Pablo Leiva, sino también por qué un narcotraficante quiso trabajar como asesor de un edil, por una remuneración relativamente baja en relación con sus ingresos ilegales.
Por otra parte, a menudo la dirigencia política que ocupa cargos de gobierno contrata o pide en comisión asesores y secretarios con fines ajenos a su trabajo. A veces se les proporciona un ingreso a personas allegadas; a veces, en el caso de los ediles, se dispone de una especie de testaferros, cuya remuneración termina en manos de quienes los contratan para suplir su falta de sueldo. Estas prácticas, facilitadas por la ausencia de controles, aumentan la permeabilidad ante los intentos de infiltración.
Hace años que se advierte sobre el riesgo de que los avances del crimen organizado en Uruguay lo vinculen con el sistema partidario, como ha sucedido en muchos otros países. Sin embargo, queda mucho por hacer en el terreno de la prevención, tanto en materia normativa como en lo referido a la coordinación de tareas, a la dotación de recursos para los organismos correspondientes y a la toma de conciencia sobre el problema.
Cuando las complicidades se consolidan, resulta mucho más difícil detectarlas y desmantelarlas. Quizá en Uruguay todavía estamos a tiempo para evitar males mayores.