La operación Trazador, que implicó la incautación de 265 kilos de pasta base y cocaína que se distribuía en Montevideo, generó repercusiones políticas, mostró tensiones entre la Fiscalía y la Policía y dejó abiertas líneas de investigación sobre el esquema de lavado que se montó para blanquear las ganancias.
El viernes 18, la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, alcanzó un acuerdo abreviado con tres integrantes del grupo criminal, luego de concretarse tres allanamientos en los que se encontró droga, tres millones de pesos y armas y municiones. Uno de los implicados resultó ser el asesor del edil del Partido Nacional (PN) en Montevideo Gonzalo Gómez, Pablo Leiva, quien fue señalado por la fiscalía como el encargado de colocar el dinero en el “sistema financiero de forma legal”.
A pesar de los acuerdos abreviados que se alcanzaron durante esa audiencia, la investigación policial continuó. Con base en las pericias telefónicas, se comenzó a investigar un Abitab en Villa Española, cercano a la casa de Leiva, como parte del esquema de lavado. La dueña del local de cobranzas es Laura Scalabrino Muga, esposa del director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien dio una conferencia de prensa este martes en la que negó estar enterado de la actividad ilícita del asesor nacionalista. Las repercusiones políticas continuarán el próximo lunes, ya que el edil Gómez regresará de su viaje a China y el asunto será discutido en el Honorable Directorio del PN.
Otro avance de la investigación policial fue determinar el origen de la droga que distribuían en la capital. Durante la audiencia del viernes pasado, a cuya grabación accedió la diaria, el equipo fiscal informó que la droga distribuida en Marconi, Pérez Castellano y Villa Española por Henry Latorre y su pareja, Jeniffer Méndez, ambos condenados por narcotráfico, se abastecía en las “playas de camiones”, con unidades provenientes de Paraguay.
La Policía también determinó que esa droga era producida en Bolivia. Además, en los videos grabados durante los allanamientos se aprecia que los ladrillos de cocaína tienen un logo que se asemeja a la moneda de 50 centavos de Bolivia, con la inscripción “100% calidad” y “premium”. Los ladrillos también tienen estampada la leyenda “La unión es la fuerza”, una inscripción que aparece en las monedas bolivianas de circulación legal.
Otras aristas del caso
Los operativos fueron liderados por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, que coopera habitualmente con la fiscal Romano.
La investigación se inició por una serie de tiroteos en el barrio Marconi y estaba focalizada en seguimientos a Latorre, que usaba cinco vehículos para distribuir droga y dinero por diferentes barrios de la capital. El asesor Leiva apareció en la órbita de los investigadores recién el miércoles 16, cuando Latorre concurrió a su casa y le entregó una bolsa.
Los oficiales del caso, según pudo saber la diaria, pensaron que se trataba de una bolsa con droga; luego, tras allanar su vivienda, confirmaron que Leiva se dedicaba a blanquear las ganancias mediante maniobras en casas de cambios. En una primera declaración ante el policía de la Brigada Antidrogas –que quedó registrada en su cámara personal GoPro–, Leiva confesó que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero del Cambio Monex.
Ese mismo día, el jueves 17, los policías concurrieron al local de Abitab de la esposa de Gandini y hablaron con dos funcionarios del local de cobranzas. Llegaron a esa pista porque en el celular de Leiva había mensajes enviados desde ese lugar, en los que le pedían cambio. Un día después, la Justicia selló el acuerdo abreviado que había negociado la abogada Fabiana González Raggio, defensora de los tres condenados.
La abogada dijo a El Observador que “la Fiscalía investigó en 48 horas e hizo un muy buen trabajo”, que Lucio Leiva –hijo del condenado y también asesor del edil Gómez– había sido liberado, ya que no encontraron ninguna prueba en su teléfono que lo vinculara con la organización.
El malestar de la Policía y las pistas del lavado
Entre algunos funcionarios del Ministerio del Interior, según pudo saber la diaria, se generó malestar por la rapidez con la que la Fiscalía alcanzó los abreviados, porque podrían limitar la capacidad de investigar con profundidad los esquemas de lavado vinculados a la casas de cambio.
A raíz de esta situación, la fiscal general, Mónica Ferrero, emitió un comunicado para aclarar que en caso de que surjan nuevos elementos “corresponde que sean puestos en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que determinará las actuaciones que correspondan”.
Esa sede, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, ya estuvo en contacto con los oficiales de la DGRTID que hicieron la investigación y tendrán una reunión la semana próxima, en la que deberán resolver si los nuevos elementos que surgieron ameritan abrir una nueva causa focalizada exclusivamente en el blanqueo de dinero en casas de cambio y centros de cobranza.
Según información pública del Banco Central del Uruguay (BCU), la razón social del Cambio Monex es Lundin SA, y sus cinco accionistas principales son Jorge Fynn Lantes, Diego Fynn Sanin, Germán Fynn Sanin, María Fynn Sanin y Carlos Sanin. Monex tiene sucursales en el centro de Montevideo, Las Piedras, Piriápolis y Maldonado.
Los locales de cobranzas y cambio y el lavado
En la conferencia de prensa del martes, Gandini negó su involucramiento con la maniobra y explicó que, de la información recopilada en el Abitab de su propiedad, se podía decir que Leiva concurría habitualmente a pagar las facturas del Banco de Previsión Social y ocasionalmente de la Dirección General Impositiva de dos empresas constructoras.
Los montos de las facturas eran de aproximadamente 300.000 y 400.000 pesos y reconoció que el pago se hacía con billetes de 100 y 200 pesos. También confirmó que “habitualmente” las trabajadoras del local se comunicaban con Leiva para pedirle “dinero cuando se quedaban sin cambio, porque la central no se lo mandaba”.
Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, explicó este miércoles en la diaria Radio que los locales de cobranzas y las casas de cambios están regulados por el BCU. La normativa determina que los sujetos obligados deben conocer a sus clientes y asegurarse de que manejan fondos lícitos. “En la medida en que dudo o no se maneja fondos lícitos, lo tengo que reportar al BCU como operación sospechosa”, señaló.
Una operación sospechosa, por ejemplo, puede ser el manejo de efectivo de bajo valor por parte de un cliente. Los 400.000 pesos (10.000 dólares aproximadamente) que manejaba Leiva están dentro del umbral permitido, ya que el máximo permitido es 32.000 dólares tras la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Activos, modificada este año, que redujo el máximo fijado en 150.000 dólares.
Espinosa aclaró que no ha trabajado en el caso en específico, pero que los trabajadores deberían haberse preguntado si la actividad que desarrollaba Leiva justificaba que tuviera acceso a tantos billetes chicos. “Ahora podría continuar una investigación sobre lavado viendo qué transacciones hicieron en ese Abitab u otros, porque capaz usaban otros también, y qué tipo de señales de alerta no fueron atendidas”, apuntó.