En el medio de un clima de “ruptura” entre los dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ayer otro elemento complejizó la situación, al menos durante unas horas. Una resolución de la asamblea de delegados de Fenapes, del sábado, aprobó leer “en las aulas”, hoy, al cumplirse un año de la aprobación del decreto de esencialidad en la educación, una declaración que recuerda aquella resolución y la considera “una práctica reñida con los derechos conquistados a través de la lucha de generaciones de trabajadores”. El texto aprobado por los docentes afirma que los firmantes de ese decreto (el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros) se ubican ahora junto a “los interventores de la enseñanza de la década de los 70, como protagonistas de una de las páginas más tristes en la historia de la educación pública nacional”.
El País difundió ese aspecto de la resolución de la asamblea ayer, y durante la mañana hubo manifestaciones de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y legisladores que manifestaron que la medida violaría la laicidad de la educación pública. La asesoría letrada del Codicen elevó un informe al consejo en el que se establece que la lectura de dicha declaración “implica una lesión al principio de laicidad y resulta absolutamente improcedente desde el punto de vista jurídico, en la medida en que obliga a los educandos a recepcionar un planteamiento que ingresa de lleno en el plano de las consideraciones políticas”, lo que violaría la Constitución, la Ley General de Educación y el Estatuto del Funcionario Docente. El Consejo de Educación Secundaria (CES) de la ANEP también consultó a su sala de abogados y difundió, temprano en la tarde, un informe que señala las mismas violaciones en las que caerían los docentes que, eventualmente, leyeran esa declaración en el salón de clase.
Pero a mediados de la tarde los dirigentes de Fenapes convocaron a una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, aclararon que la mención a que la declaración debía ser leída en las clases fue un error de transcripción. “La resolución de asamblea es que se le dé máxima difusión a la declaración y particularmente su colocación y discusión en las salas de profesores, donde el sindicato tiene su cartelera sindical. No seríamos incoherentes de reclamar el cumplimiento del Estatuto del Funcionario Docente y violentarlo nosotros mismos”, dijo el secretario general de Fenapes, José Olivera, que explicó que esa parte de la resolución fue escrita a mano durante la asamblea, y luego, cuando se transcribió, “hubo un error que no advertimos”.
Esto fue transmitido al Codicen. De todas formas, los dirigentes reafirmaron el contenido de la declaración y recordaron que la proclama no fue aprobada por la “cúpula sindical” sino por la Asamblea Nacional de Delegados.
Sin avances
La controversia respecto de la lectura -o no- de la proclama en los salones surgió el mismo día en que el Codicen, el CES y Fenapes se encontrarían en la Dirección Nacional de Trabajo, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que permitiera retomar los ámbitos bipartitos, de los que el sindicato se retiró a fines de julio “por falta de garantías para la negociación”. La reunión fue de cuatro horas y media, tuvo varios cuartos intermedios y no dio frutos, ya que las partes no llegaron a un acuerdo.
Según Olivera, ayer no se llegó a un acuerdo “por falta de voluntad política del Codicen”. Explicó que hubo coincidencias en tres aspectos reclamados por Fenapes: que el Codicen aceptara formar parte de la negociación; reafirmar la vigencia del acuerdo entre el CES y Fenapes del 18 de marzo -que flexibilizó la ordenanza sobre la permanencia de los estudiantes en los liceos-, y la plena vigencia del Estatuto del Funcionario Docente, ya que los dirigentes denunciaron su incumplimiento a partir de disposiciones del Codicen que, por ejemplo, no habilitaban la justificación de las faltas de docentes que no dieran clase por participar en reuniones de profesores.
Pero además de estos puntos, el Codicen planteó que los temas vinculados a fueros y libertades sindicales se discutan en el ámbito bipartito entre el Codicen y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU), ya que, según explicó la consejera Laura Motta, esos temas abarcan a todos los sindicatos y no sólo a los docentes de secundaria. Para Olivera, esto fue “un acto incomprensible y violatorio de la negociación colectiva”, y una “actitud antisindical de desconocimiento de la organización representativa de los trabajadores, que el Codicen pretende plasmar en la Dinatra”.
Motta, por su parte, descartó que esto signifique el “desconocimiento de los sindicatos”. “Las temáticas que habían estado en discusión antes y hacían al conjunto de los sindicatos, como ya había habido una instancia con la CSEU, era conveniente que fueran parte de una instancia mayor, porque no podemos acordar una cosa con un sindicato y otra con otro”, argumentó.
Según Olivera, para zanjar esta diferencia, Fenapes y los negociadores del MTSS plantearon incluir los puntos que habían sido discutidos por la CSEU en otra acta aparte de la que se firmaría ayer, o ubicarlos en último lugar en el acuerdo, pero el Codicen no aceptó esas fórmulas, informó. La visión de la consejera es otra: hubo acuerdo en dejar el punto sobre los temas más amplios a discutir con la CSEU en otra acta, pero la que incluía los otros dos puntos la relacionaba, y, ante eso, “Fenapes no quiso firmar”.
Motta negó que el Codicen no haya tenido voluntad de firmar un acuerdo, y recordó que el consejo “llevó un texto, lo modificamos, volvimos a sugerir otras formas... se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance”. “Deseamos que se empiecen a discutir cosas sustantivas respecto de la educación: cómo garantizar que todos los estudiantes puedan recibir educación, cómo mejorarla, qué pasa con los estudiantes. Pero tiene que ser una tarea de todos”, afirmó.