Aunque todavía no se sabe con certeza si el artículo sexto de la Rendición de Cuentas será aprobado por el Parlamento, el cambio legislativo introducido a solicitud de la diputada oficialista Macarena Gelman (Ir), que retira a las universidades privadas (Católica, de Montevideo, ORT, de la Empresa e Instituto Universitario Claeh) de la lista de instituciones que pueden recibir donaciones a cambio de descuentos impositivos para los donantes ya escandalizó a varios. El arzobispo Daniel Sturla manifestó en Twitter su rechazo a la medida, y otro tanto hizo el ex director nacional de Educación, el maestro Juan Pedro Mir. El rector de la Universidad ORT, Jorge Grunberg, por su parte, calificó a la iniciativa, desde las páginas de El País, de “propia de Donald Trump”, y no de “jóvenes legisladores uruguayos”.
El beneficio que las empresas obtienen cuando realizan donaciones a las instituciones comprendidas en el artículo 79 (Donaciones especiales) del Texto Ordenado 1996 consiste en computar como pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto al Patrimonio 75% “del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva” de dichas donaciones. El 25% restante, aclara la norma, “podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa”, lo que, en los hechos, significa un ahorro de otro 6,25% en el pago del IRAE. En total, 81% del monto de la donación termina siendo pagado por el Estado, mediante la modalidad de la renuncia fiscal.
La decisión de dejar afuera de las instituciones elegibles a las cinco universidades privadas (manteniendo en la lista a la Universidad de la República -Udelar- y al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable) es una decisión política. Es eso, justamente, lo que denuncia el rector de la ORT cuando advierte acerca de que “no existen motivos económicos ni mucho menos académicos que justifiquen esta prohibición discriminatoria”. Pero lo que el rector de la ORT no dice es que el intercambio de donaciones por impuestos permite que el que tiene la plata oriente las políticas públicas, que es una forma bastante concreta, también, de hacer política. Dicho más claramente: lo que se retira de la bolsa común de los impuestos (ese 81% de exoneración fiscal) es manejado directamente por las empresas donantes, y no por los organismos del Estado encargados de sostener y asegurar las redes de contención social.
El rector Grunberg se pregunta si sería bueno que “por razones ideológicas” se cambiaran algunas medidas tomadas por este gobierno, en el caso de que haya, mañana, “una mayoría neoliberal”. Se lo pregunta como si efectivamente los gobiernos se ejercieran al margen de cualquier definición ideológica, sencillamente como formas blancas e incontaminadas de administración de los recursos existentes. Como si esa renuncia a la acción política de gobierno, no fuera, en sí misma, una posición ideológica.
Las universidades privadas ofrecen, es verdad, algunas carreras y diplomaturas que la Udelar no ofrece. También ofrecen, seguramente, más turnos, y es probable que sus instalaciones sean más cómodas, más confortables, mejor equipadas y más tentadoras. Es seguramente cierto que muchos estudiantes se pagan la carrera con esfuerzo, mientras trabajan, y que unos cuantos están becados. Pero no por eso dejan de ser empresas privadas con fines de lucro. Y cuentan con el beneficio, por ejemplo, de no pagar aportes patronales a la seguridad social, algo que la Udelar sí paga, pese a haber solicitado -sin éxito- una suspensión de 48% del aporte por diez años (o de 33% por 20 años). No pagan tampoco, porque así lo dispone la Constitución de la República en su artículo 69, impuestos nacionales ni municipales.
La modificación del artículo 79 es, en efecto, una medida política. Y tal vez sea eso, su carácter político, lo que la hace tan extraña en un contexto en el que las únicas razones serias parecen ser las económicas. Si las universidades privadas van a recibir a un menor número de alumnos becados será porque los amables donantes no están dispuestos a donar si no es a cambio de la exoneración impositiva, o porque las inquietas instituciones educativas no están dispuestas a recibir, a su propio costo, a estudiantes que no pueden pagar.
Todavía queda mucha tela por cortar en materia de exoneraciones fiscales y beneficios de distinto tipo a la actividad privada, y sería una grata noticia que el Frente Amplio encarara ese asunto con una mirada más política que económica. Pero no nos adelantemos, que todavía no estamos tan cerca del Paraíso.