El ex recluso de la Cárcel de Guantánamo dio un ultimátum: según un video que sus allegados difundieron el sábado, Jihad Diyab le dio plazo al gobierno hasta ayer para que le dé una respuesta a su reclamo de unirse con su familia en algún país árabe. “El juez dijo a través del equipo médico que vino: ‘si no tomás agua, entonces van a tener que hidratarte a la fuerza’. Yo no estoy en Guantánamo aquí, y Uruguay no se debe convertir en un segundo Guantánamo. Dicen que debo tomar un poco de líquido. Si el gobierno dice que en el plazo de una semana va a encontrar la resolución de lo que estoy solicitando, entonces voy a poder empezar a tomar líquido, sólo líquido. Voy a continuar en la huelga de hambre, pero sí tomando líquido en ese período de una semana. En las últimas 28, casi 30 horas, el gobierno no me ha respondido sobre esta propuesta. Esto quiere decir que el gobierno no me tiene respeto”, dice en inglés en el video, mientras Andrés Conteris, activista estadounidense por los derechos humanos, integrante de Democracy Now!, traduce al español.
Diyab está con poca energía y habla menos, por lo que cuesta comunicarse con él, dijo Conteris a la diaria. El grupo de allegados al sirio asegura que su familia está decidida a no reunirse con él en Uruguay, por lo que Diyab les dijo sobre el país. Pero sí habló el sábado con Christian Mirza, el nexo entre el gobierno y los refugiados; una charla que no terminó con una respuesta concreta, pero que el círculo cercano al refugiado consideró “un paso adelante”.
El gobierno no se tomó bien que el sirio planteara un plazo límite, y que lo haya hecho por medio de un video fue un agravante, pero Mirza también cree que el saldo del diálogo del sábado fue positivo. “Yo ya tenía la propuesta, ya comunicada por él dos días antes, y ya la había comunicado al gobierno. El gobierno no admite que se lo emplace con una fecha límite, lo que no quiere decir que no siga con mucha preocupación y haciendo gestiones en forma intensa desde hace varios días. Yo estoy en conversaciones con el canciller interino, el subsecretario José Luis Cancela, en función de una propuesta que le hice a Jihad. Las gestiones siguen en curso desde hace días, en paralelo, en Estados Unidos y en otras delegaciones diplomáticas, más allá de lo que él haya planteado. No se van a detener por no haber llegado a un acuerdo con él. No es que estemos negociando nada con Jihad. Lo que estoy tratando es que flexibilice sus medidas de protesta, para ganar tiempo”, dijo a la diaria Mirza, que hoy al mediodía se reunirá con el refugiado para transmitirle las consideraciones en las que el gobierno estaba trabajando hasta la tarde de ayer, y que prefiere mantener en reserva hasta que se dé el diálogo: “Si salimos a decir que tal país o tal otro lo está estudiando, todo lo que podemos avanzar no avanza y eventualmente se puede bloquear”, fundamenta el vocero del gobierno. Todavía no están cerradas las gestiones con Emiratos Árabes Unidos, uno de los países en los que la cancillería tiene puestas sus fichas; Qatar y Turquía están totalmente descartados.
Otras voces
En estos días hubo también otras repercusiones. El juez en lo Penal de 17º Turno, Carlos García Guaraglia, que está a cargo del caso del ex recluso de Guantánamo, resolvió el viernes clausurar el expediente judicial. La causa estaba abierta desde el jueves a raíz de pedidos de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y del Ministerio de Salud Pública (MSP), que notificaron al juez del posible riesgo de vida que corría el sirio, que el miércoles sufrió un coma superficial.
El juez dispuso que se formara una junta médica para elevar un informe sobre el estado de salud de Diyab, que integraron los doctores Guillermo López, Zully Domínguez y Beatriz Balbela, directora del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense. Según el dictamen de Guaraglia, los tres médicos detallaron que el refugiado está realizando una “huelga de hambre salvaje”, que se encontraba “lúcido, adelgazado, con normalidad en los exámenes paraclínicos”, que presenta “disminución de fuerzas” en la pierna derecha, y concluyeron que no era necesario indicar que se lo hospitalizara, ya que no corre “riesgo de vida inminente”. Finalmente, Guaraglia dispuso que el informe se envíe al MSP, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Luego habló sobre el tema la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky. “Él está libre. Tiene su documento y la salud la tiene controlada [...] Tampoco en Uruguay la legislatura permite tratos compulsivos [...] Lo que hay que hacer es buscar un país que lo quiera. Y ese no es un problema de Uruguay ni tampoco de él, es un problema del mundo”, dijo el sábado a radio Montecarlo durante el Plenario Nacional Extraordinario del FA.