La figura de procurador penitenciario se creó por decreto en 1993, con el objeto de controlar la administración de la custodia de los reclusos de las cárceles federales (no provinciales) para garantizar la protección de los derechos humanos. En ese entonces el procurador controlaba y brindaba cuentas al Poder Ejecutivo; en 2004, el Congreso argentino sancionó una nueva ley, que traspasó la rendición al ámbito del Poder Legislativo. Desde ese entonces Mugnolo goza de inmunidad ante la ley penal y puede ejercer sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. En la actualidad el procurador debe velar por las 11.000 personas que están recluidas en las 36 cárceles gestionadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), institución estatal con carácter de fuerza de seguridad creada en 1933, responsable de la ejecución de “programas criminológicos destinados a disminuir la reincidencia, a desalentar la criminalidad y a contribuir a la seguridad pública”, según se explica en su sitio web. La ley orgánica vigente del SPF fue aprobada durante el gobierno militar del teniente general Alejandro Lanusse, en marzo de 1973. Este año, el gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley para crear una agencia federal de carácter civil que procure la “integración social” de los condenados, y que prevea una “mayor profesionalización del personal penitenciario”, dijo en julio Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia argentino. Mugnolo señaló que el gobierno de Mauricio Macri es el “único que se animó” a presentar un proyecto de esas características, y que el “cambio de la jerarquía militar por una agencia civil” que se propone es el camino a seguir.
FM: -Desde la PPN sostenemos que la agencia sea una institución más civil, que tenga una parte de seguridad y otras de tratamiento. El preso es una persona que sólo está privada de su derecho de libertad ambulatoria; entonces, ¿por qué va a tener que atenderse en un hospital para presos y vos, que no estás privado de libertad, tenés derecho a uno público, a cualquier médico? Tiene que haber una forma de humanizar [...] Esto es todo una recreación del pensamiento recuperador de la persona que está privada de libertad.
La PPN recibe denuncias sobre agresiones físicas, malos tratos, tortura. En lo que va de este año han documentado e investigado 309 casos; el año pasado, 775; en 2011, 403; en 2008, 113, según figura en su página web. ¿Cómo, o por qué, la PPN ha logrado ser caja de resonancia de las denuncias?
FM: -Hemos movido la rueda. Casualmente estamos acá y hemos recibido un mail de una legisladora que nos cita para una comisión mañana para tratar una serie de temas. Al principio, cuando íbamos a los juzgados y decíamos que éramos la Procuración, nos decían “¿el qué?”. Teníamos que explicarles a los jueces que existía una ley; perseverando hemos logrado ser reconocidos, incluso por los trabajos que hacemos judicialmente. Hemos logrado fallos muy importantes y cambiado la práctica de calificar de los jueces. Nos hemos acreditado, y los jueces hoy nos piden pruebas o informes. Ese es un tema que impusimos en la sociedad, perseverando.
AC: -Generalmente, los habeas corpus eran cerrados automáticamente por la Justicia, y a través del compromiso, de apelar, muchas causas se convirtieron en denuncia. El año pasado logramos la primera condena por torturas en el sistema federal a tres funcionarios del SPF. Nunca antes se había utilizado esa calificación; la figura que usaban era la de apremios ilegales, o eran juzgados por la ley del funcionariado público. También hemos logrado condenas menores, pero tenemos más de diez condenas a funcionarios del SPF, y más de 150 imputaciones y procesamientos.
FM: -Lo importante a destacar aquí es que tenemos un procedimiento especial para actuar ante cada caso. Tenemos todo reglamentado, desde cómo se visita una cárcel hasta cómo actuar frente a una denuncia.
AC: -Conforme al Protocolo de Estambul, la Procuración tiene abogados independientes que se constituyen en la unidad, toman audiencias a solas con el detenido y le piden un consentimiento informado, le preguntan si quiere realizar una denuncia penal; también cuentan con un médico independiente. Ese médico realiza un informe especial que sirve como prueba para la presentación de la demanda.
¿Cuáles son las principales denuncias que reciben?
FM: -Últimamente ha bajado un poco la violencia institucional, pero se han agravado las condiciones de detención. La sobrepoblación genera todo tipo de dificultades, que van desde las carencias estructurales y el maltrato hasta la falta de trabajo, de comida. Una cosa son las denuncias referidas al tratamiento de la persona privada de libertad; ahí hay abusos de todo tipo, hay sanciones inventadas y cuestiones muy crueles. Otra cosa son las denuncias referidas al maltrato físico; eso todavía, lamentablemente, se sigue aplicando, y mucho. Ha ido disminuyendo la violencia institucional en lo que tiene que ver con la acción concreta que comete el funcionario público. Los penitenciarios tratan de evitar ser los autores del golpe a la persona, a partir, sobre todo, de las sanciones y fallos, que han sido una especie de conmoción, porque hasta ahora nadie se animaba a denunciar a los penitenciarios; ahora se empezaron a cuidar: en vez de pegar él, hace pegar a otro. Pero, ¿qué está pasando? Desgraciadamente, no sólo en Argentina, sino en Latinoamérica, se está transfiriendo, cediendo, el control, que era institucional, del penitenciario a los sicarios, poniéndolos como responsables de determinado pabellón, determinada cárcel. Eso a veces ha aumentado la situación de conflicto entre los presos. Se da tan implícitamente que se transforma en explícito. Hay países en que los penitenciarios apenas están en la torreta -no nombro ninguno para no generar conflictos a mi país-, y abajo estás en el dominio de los presos. Es una situación difícil.
AC: -El tema de la sobrepoblación, como dijo Mugnolo, genera a un exceso de encierro. Al no tener capacidad de gente para poder manejarla, se procede a tener módulos enteros o unidades con las personas encerradas. Eso es producto del control de la sobrepoblación, de la transferencia de la violencia.
FM: -Es un fenómeno que vamos percibiendo paulatinamente, poco a poco se está haciendo más ostensible. Es una especie de imitación de sitios que son absolutamente complicados, muy abandonados por el Estado: es una especie de tercerización de la autoridad.
¿Le consta que suceda en Uruguay?
FM: -Creo que también sucede, pero no puedo afirmarlo como lo puedo afirmar de mi país. Uruguay en cárceles está muy mal; ahora, tampoco estoy diciendo que nosotros podemos ser el ejemplo de nada. Una de las grandes debilidades que tiene el sistema uruguayo es que la Policía que persigue a los ladrones, después, los cuida; es una sinrazón, realmente, no puede funcionar así. De todas maneras, sé que hay proyectos para generar un cuerpo penitenciario específico, más formado; el hecho de que se haya vuelto a dar mucha más importancia al representante parlamentario nos pareció que es un recomenzar en la situación, porque, además, el problema es terrible. Estas instituciones son pétreas, muy difíciles de mover. Hay muchos métodos de intervención que se están probando para mejorar la vida que se da en la cárcel, que no es la misma que tenés vos o yo, hay reglas especiales, distintas situaciones de sometimiento y conflicto. Ahora, el problema es el afuera; no es que vamos a arreglar a mil tipos que están metidos en una cárcel si el Estado no se ocupa de la prevención social. Por supuesto, se puede hacer mucho en la cárcel, pero hay que hacer mucho afuera, también.