La Comisión de Educación y Cultura del Senado comenzará hoy a votar el proyecto de ley sobre Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, presentado por los senadores del Frente Amplio (FA) a raíz de un anteproyecto de ley generado por organizaciones sociales. El proyecto declara de interés general la creación y declaración de los sitios de memoria, que podrán establecerse en lugares donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, donde se realizaron actos de resistencia a la dictadura o en otros sitios a los cuales “las víctimas, familiares o las comunidades asocian con esos acontecimientos”. Pueden ser inmuebles públicos o privados, o espacios públicos. El proyecto de ley considera los períodos temporales 1968-1973 y 1973-1985, pero también deja la posibilidad de que el lugar sea elegido por hechos que ocurrieron fuera de ese período “en los que el Estado haya violado los derechos humanos y donde haya habido expresiones significativas de resistencia popular”.
El texto crea una Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que dependerá de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y que estaría integrada por un delegado de la INDDHH –que la presidiría–, un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), otro de la Universidad de la República y otro de la Administración Nacional de Educación Pública, dos delegados de las organizaciones sociales y tres delegados de la Red de Sitios de Memoria. Esta comisión será la encargada de recibir las solicitudes para la creación de sitios de memoria, resolver su instalación y qué tipo de sitio será (una placa conmemorativa, un museo o un memorial), tendrá que coordinar con los organismos competentes por la preservación del sitio y elaborar un catálogo nacional. También se prevé la convocatoria a un Consejo Consultivo de carácter honorario, integrado por un delegado de Presidencia de la República, otro del Poder Judicial, otro del Congreso de Intendentes y uno del Plenario de Municipios, con el objetivo de que la ley sea “descentralizadora”. Además, el proyecto prevé la coordinación con la Red Nacional de Sitios de Memoria.
Marcos Carámbula, presidente de la comisión, explicó que la idea es que entre hoy y el próximo miércoles el proyecto sea aprobado en comisión, después de que el texto tenga algunos cambios promovidos por la INDDHH y algunas organizaciones sociales. El objetivo, explicó, es “darles otra dimensión” a las distintas iniciativas de memoria histórica que se han impulsado desde las organizaciones de la sociedad civil. “No alcanza con la placa; la idea es que haya una apropiación del lugar, que sea un lugar de investigación, que esté abierto al público”, explicó, y añadió que a la Comisión Nacional se le da “potestad para seguir trabajando y entrando a lugares que se entiende que están vinculados a las violaciones a los derechos humanos”. El senador comentó que, por ejemplo, a raíz de la instalación de un memorial en recuerdo de los fusilados de Soca “aparecieron testimonios que no estaban, y eso se ha repetido en distintos lugares, sobre todo en el interior. Hay mucha memoria contenida, y estos lugares lo explicitan”.
Distintos ámbitos
En la comisión, la asociación de ex presos políticos Crysol se manifestó a favor del proyecto, aunque planteó que queda corto. “Nos parece muy bien que exista esta iniciativa, hemos trabajado [en ella] y la apoyamos. Nos hubiera gustado que fuera más extensa”, planteó el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, que explicó que “más que una ley de sitios –que es importante–, nos gustaría que hubiera una de memoria que englobe a los sitios y, a la vez, abarque otras iniciativas que tuvo el Estado uruguayo”, por ejemplo, las medidas adoptadas en el marco de la ley de reparación. En diálogo con la diaria, Grisoni opinó que el Estado “no tiene una política de memoria hacia el pasado, para educar, para que se genere una cultura de derechos humanos que impida que los hechos se repitan”.
Medidas cautelares
Crysol presentará entre hoy y mañana una nota al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para “reclamar que La Tablada sea un sitio de memoria, sin perjuicio del proyecto de ley”, explicó Gastón Grisoni, presidente de la asociación de ex presos políticos. Si bien la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, negó que la ex cárcel de La Tablada vaya a ser un centro de reclusión para adolescentes, Brecha informó que el lugar tendrá ese destino, y desde Crysol dicen que su uso futuro “no está claro”. Para Grisoni, que exista un sitio histórico de esa naturaleza “y que no pase por la cabeza preservarlo” da cuenta de que el Estado “no tiene una política de memoria hacia el pasado reciente”. El lunes, en la INDDHH, la Red Pro Sitios de Memoria, creada en 2016 e integrada por 18 organizaciones de la sociedad civil, convoca a un conversatorio sobre el proyecto de ley de creación de sitios de memoria.
En otra de las sesiones en las que se analizó el proyecto de ley, el director de Cooperación del MEC y presidente de la comisión especial creada por la ley de reparación, Nicolás Pons, manifestó estar de acuerdo con varios puntos del proyecto de ley; en particular, con que adjudique “mayor especificidad” a la política de memoria histórica sobre el pasado reciente. No obstante, Pons planteó como inquietud que el Poder Ejecutivo “queda exclusivamente representado por el MEC” en la comisión, en una relación de uno en nueve miembros. También planteó la duda sobre el presupuesto que requerirá esta para sus acciones, ya que la mayoría de los integrantes de la comisión, que definirán el destino de los fondos, son representantes de la sociedad civil. Carámbula puntualizó que será la INDDHH la que asigne el presupuesto.
Pons sugirió, en nombre del MEC, que la presidencia de la comisión le corresponda al Poder Ejecutivo; que se incorpore a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y que no se integren los tres delegados de la Red de Sitios de Memoria, “por cuanto en el proyecto ya fueron contemplados dos delegados de las organizaciones sociales más representativas en la lucha por la memoria y los derechos humanos”. Los delegados de la Red, según el MEC, deberían integrar el Consejo Consultivo, señaló Pons.
También estuvo en comisión Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que planteó su preocupación por que los sitios de la memoria sean “lugares vivos”, y que la estructura creada sea independiente de los gobiernos: “A veces la proliferación, de alguna manera, lleva a que con el correr del tiempo pierdan sentido. Si bien pueden discutirse las iniciativas que tomamos desde la sociedad civil, debería haber una norma que contuviera los elementos que garantizaran efectivamente la permanencia” de estas marcas, porque si la responsabilidad está a cargo del Poder Ejecutivo “se corre un gran riesgo; no olvidemos que en estos temas el Uruguay no tiene una posición unánime”.
La entonces directora de la INDDHH, Mirtha Guianze, integrante del grupo de la institución que trabajó en el tema, también manifestó que la comisión que crea el proyecto no debería ser presidida por el Ejecutivo. “La idea de todas las organizaciones sociales del país que han trabajado en memoria durante estos años es que se les respete un ámbito independiente, de manera de que tengan peso en el trabajo a llevar a cabo y la comisión no se convierta en otro organismo burocrático. Hay muchos lugares que tienen como cometido lo relativo a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Esto sería diferente, porque se prevé que el sitio de memoria lo construya la gente del lugar y que no sea sólo una placa, como bien decía Raúl, sino un lugar desde el que se expanda el conocimiento, la memoria, la verdad y lo que ahí pasó”, opinó.