El economista Juan Voelker llegó a la Intendencia de Montevideo (IM) cuando asumió Daniel Martínez, que lo designó director general de Recursos Financieros. Venía del ámbito privado, donde se desempeñó como consultor independiente durante 15 años.
Desde la gestión, se enfocó en la construcción de indicadores y herramientas para mejorar la toma de decisiones. Por la restricción de no aumentar los impuestos en todo el período, se paró en dos vías alternativas para incrementar los ingresos: la actualización de las emisiones de tributos subvaluados mediante el cruzamiento de datos con organismos nacionales; y la mejora de la morosidad, mediante la transformación de la gestión de deuda y un mayor control fiscalizador.
¿Cómo llegaste a la IM? ¿Tenías relación con Martínez?
Recibí una llamada de Fernando Nopitsch [secretario general de la comuna], que fue el que me hizo la propuesta. La verdad, me desconcertó. Venía de 15 años trabajando en el ámbito privado, como consultor en diversas áreas, y dar el paso al sector público era todo un desafío, porque no tengo una militancia política y la IM es una organización fuertemente política. De ahí las dudas que me vinieron, sobre cómo moverme en un terreno que no era sólo técnico. Se dio una alianza muy importante con Daniel: le planteé de entrada que para mí una condición necesaria [para asumir] era contar con su respaldo, algo que se dio y terminó siendo clave.
¿Con qué te encontraste?
El inicio fue complejo, en parte porque hay un mecanismo un poco perverso del financiamiento de la Intendencia. La IM toma una línea de crédito con el Banco República para ir cubriendo las brechas entre ingresos y egresos en distintos momentos, que se debe amortizar totalmente antes de la entrega del mandato al próximo gobierno; al inicio del período, pasa un tiempo relativamente largo antes de poder obtenerla. Para nosotros fue muy complejo, porque había mucha tensión sobre la caja, dificultades financieras puntuales. Fue una tensión de escasez compartida, porque desde Recursos Financieros procuramos acompañar a cada departamento en esa mirada hacia adentro, revisar lo que se estaba haciendo y repensarse. Entonces se generaron iniciativas y ahorros con el criterio de que tuvieran un mínimo impacto en la calidad de los servicios, y también empezamos a construir canales de información para tomar decisiones económicas más acertadas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, hasta entonces no se hacían cierres mensuales contables, una herramienta que nos permite saber dónde estamos parados y además comparar la información con la misma fecha de un año atrás. También mejoramos los flujos de fondos, más para el uso de quienes tomamos decisiones a este nivel, que nos permite mirar meses hacia adelante. Como cuando uno va manejando en la ruta y está oscuro y tiene que, necesariamente, prender las luces largas, [en la IM] tenemos la necesidad de mirar lo que está pasando y hacer proyecciones sobre cómo pensamos que va a evolucionar la situación.
Pesos
¿Cómo cierran las cuentas este 2017?
Nos falta alguna información para cerrar, pero podemos adelantar que este año vamos a tener un resultado positivo.
Sería el segundo año consecutivo de superávit: ¿Cuál fue la estrategia?
Hicimos algunos ajustes del proceso de presupuestación y de ejecución del presupuesto. Esencialmente, apostar a empoderar a los departamentos, con la responsabilidad que conlleva el uso de fondos. Les pedimos que hagan una planificación de cómo piensan ejecutarlo a lo largo del año y después lo vamos monitoreando para que, cada vez que se va a realizar un compromiso de gasto, tenga una partida presupuestal que lo pueda respaldar. Siempre la responsabilidad la tienen los departamentos, y desde acá vamos monitoreando esa responsabilidad.
¿Qué peso ocupa el subsidio de tarifa al boleto dentro de las arcas municipales?
[Chequea un documento en la computadora y responde:] 334 millones de pesos [hace los cálculos], o sea, 2% del presupuesto. Pero como es la diferencia entre la tarifa técnica [lo que la paramétrica indica que tendría que valer el boleto] y el ingreso que reciben las empresas por el precio de venta efectivo, pequeñas variaciones –sobre todo en la tarifa técnica– pueden hacer que el subsidio suba o baje mucho. Por ejemplo, en 2016 tuvimos una cifra muy por encima de los años anteriores, y eso fue porque la caída de la venta de boletos se terminó compensando por parte de la IM, para que no fuera pasada a precios.
¿A cuánto estaría el boleto sin el subsidio?
Hoy, un peso y medio por arriba.
Martínez habló de no aumentar los impuestos municipales durante todo el período. ¿Sigue vigente esa línea? ¿Cómo se han trabajado los ingresos?
Sí, totalmente. Es uno de los lineamientos que se tomaron y lo reivindicamos. Pero no quita que no trabajemos en la gestión de ingresos de forma activa, desde una perspectiva de equidad tributaria que supone que pague más el que tiene más. Para llevarlo a la práctica, por un lado se tienen que emitir de manera correcta y, por otro, trabajar en la morosidad. En lo que tiene que ver con la emisión, por ejemplo, hay muchos desfases, entonces estamos trabajando en acercar la facturación a la realidad mediante el cruzamiento de bases de datos e inteligencia analítica con la Dirección General de Registro Civil, el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. En lo que tiene que ver con la morosidad, el año pasado generamos el Plan de Regularización de Adeudos y Reconocimiento de Buenos Pagadores, que cambió uno de los problemas que tuvo siempre la IM.
¿En qué sentido?
En el imaginario colectivo estaba la idea de que cada tanto la intendencia hacía “quitas”, que no era ni más ni menos que reducir la tasa de recargo y pasarla de 27% a 12%, algo así. Eso bajaba el monto de la deuda, pero nunca a menos de lo que hubiera pagado de hacerlo en fecha. Entonces lo que hicimos fue bajar la tasa que era bien elevada a 16%, para evitar el efecto bola de nieve [de los recargos]. Y para resolver el problema de los que ya están endeudados, les dijimos: “Olvídese de la deuda por un momento, empiece a pagar en fecha las facturas actuales, y al año de pago la administración le va a tender una mano y le va a recalcular la deuda con un recargo más reducido, porque usted demostró su voluntad de acercarse a un camino de buen pagador”. Entonces se le facilita la regularización: le damos 72 cuotas y una cuota mínima menor.
¿Qué resultados tuvo?
Desde que instalamos el sistema y mejoramos la notificación, se triplicaron la cantidad de convenios. Antes estábamos haciendo unos 700 por mes, y ahora unos 2.200. En total tuvimos una reducción de la morosidad en los tres tributos principales de la IM (contribución inmobiliaria, tarifa de saneamiento y tasa general) de 12,4% a 11,8% en 2016. Y este año proyectamos reducirla casi que un punto porcentual, justamente fruto de estos convenios.
Patente
¿Es eficiente la IM hoy?
La eficiencia es de esos lugares a los que nunca se llega. A mí me motiva cotidianamente. La IM es muy vasta: no sólo por sus 8.300 funcionarios ni su presupuesto de 600 millones de dólares, sino porque la diversidad de las actividades que la componen es muy grande: orquestas filarmónicas, cementerios, policlínicas, atención de las calles, de la iluminación, entre otras, y cada una tiene sus oportunidades. Estamos llevando a cabo muchas alternativas de mejora y vamos a llevar a cabo muchas más. Yo diría que hoy somos más eficientes que en el pasado, y espero que en el futuro lo seamos aun más.
¿Qué te proponés para el resto del período?
En primer lugar, consolidar lo logrado. En lo que tiene que ver con el ordenamiento económico-financiero, hay que seguir monitoreando y acompañando a los departamentos, generar más indicadores y más información para que la propia estructura se los pueda apropiar. Sostener, profundizar e institucionalizar para que, cuando cambie el gobierno, la nueva gestión presupuestal permanezca. Después hay otros cambios a nivel tecnológico, de software en muchos casos; uno de ellos es el sistema operativo que utiliza la IM para su gestión cotidiana, un proyecto de larga duración –de entre tres y cinco años– y de gran envergadura, que recién estamos en la fase de contratación. Y en materia de fiscalización, vamos a implementar un sistema para controlar la patente de rodados mediante 15 cámaras dedicadas específicamente a ese control. Si tiene dos o más cuotas vencidas se le va a aplicar una multa por circular con deuda de patente: será de 25% de la patente anual y se podrán aplicar hasta cuatro por año, separadas, cada una, 30 días.
¿Por qué van por la patente de rodados?
Porque es uno de los tributos con morosidades más altas en la IM. Hoy está en 16,7%, cuando el resto de los tributos es de 11,8%. Tenemos una prueba piloto con una cámara colocada en una avenida que en una semana detectó 8.000 vehículos –que era algo así como 14% de los que pasaron– con deuda de patentes, y 1% con una deuda de cinco o más años. Esos números cierran con los que tenemos. Fue un compromiso en el Congreso de Intendentes y si bien esa morosidad está por debajo de lo que es el promedio del país –de hecho, Montevideo es el departamento de menor tasa–, para nosotros es un motivo de actuación.
¿Cuándo se va a implementar?
Este mes van a quedar funcionando cinco cámaras, en enero se van a terminar de instalar las otras y a partir de febrero vamos a realizar un proceso de fiscalización en todo el departamento.
Decías que no has tenido militancia, pero ¿te sentís más afín a algún sector dentro del oficialismo?
Me identifico con muchos sectores, en partes. En lo que tiene que ver con un ordenamiento macroeconómico de sostenibilidad fiscal de la IM, me siento más identificado con el astorismo, pero en otros aspectos de transformación de la realidad, de la fractura social, en los temas sociales complejos, me siento identificado con otros sectores. Sobre todo soy frenteamplista, y me siento a gusto con el Frente Amplio.