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Guardias de seguridad privada en el estadio Centenario. Foto: Federico Gutiérrez (archivo, noviembre de 2016)

El mayor sector de la seguridad privada alcanzó convenio colectivo

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Los ves en los bancos, en los supermercados, en las oficinas. También a los que trabajan a pie. Son guardias de seguridad privada del grupo al que se denomina “seguridad física”, el más numeroso. Acaban de firmar un convenio colectivo que regirá el sector -uno de los pocos de los Consejos de Salarios que alcanzó el rubro “dinámico”- hasta el 31 de diciembre de 2018. Uno de los avances principales es que el salario mínimo se estableció en 21.590 pesos. Recibieron a partir de enero un aumento de 8,10% y recibirán un aumento de 5% a partir del 1º de julio.

“La firma del convenio ha sido indudablemente un avance”, dijo a la diaria el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, Juan del Valle. Pero también dijo que “este asunto tiene otra cara, que tiene que ver con las condiciones laborales”. En este sentido, una de las grandes reivindicaciones, que se arrastra desde unos cinco años atrás en el sector, es la de las 44 horas semanales, es decir, la disminución de las horas de trabajo semanal sin pérdida salarial. En este sector se trabaja, tradicionalmente, 48 horas semanales.

En este punto no se llegó a acordar, pero sí se alcanzó un avance sustancial: se logró conformar una comisión tripartita que comenzará a discutir el tema el 15 de mayo, con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad y el sindicato. Esta comisión, que tratará “aspectos referidos a condiciones laborales”, comenzará por la reducción de las horas, pero abordará también cuestiones como la “remuneración especial para guardias de eventos deportivos o guardias de aeropuertos o puertos que requieran una preparación especial”, el régimen de licencia sindical, el mantenimiento en el lugar de trabajo ante el relevo demorado, y, “en general, todo otro asunto que tenga relación con las condiciones operativas laborales en el sector”.

El acuerdo incluye también una “cláusula de paz”. Esto significa que, “salvo los reclamos individuales o colectivos que puedan producirse por incumplimiento del convenio”, los trabajadores se comprometen a “no formular planteos de naturaleza salarial alguna”, ni desarrollar acciones gremiales, salvo las de carácter general, resueltas por el PIT-CNT o la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios.

Se acordaron varias reivindicaciones del sindicato, como la licencia por violencia doméstica, que ante casos de violencia “física, psicológica, sexual o patrimonial” prevé cinco días de licencia sin goce de sueldo, con un máximo de dos veces al año. Se aprobó, además, la realización de talleres de prevención de situaciones de acoso laboral o sexual. Las partes “exhortan al cumplimiento de toda la normativa vigente en materia de género, reafirman el principio de igualdad de oportunidades, trato y equidad en el trabajo, sin distinción o exclusión por motivo de sexo, raza, orientación sexual, credo u otras formas de discriminación”, y se comprometen a promover la equidad de género en “toda la relación laboral, respetando el principio de no discriminación a la hora de fijar remuneraciones, promover ascensos o asignar tareas”. Falta alcanzar el convenio colectivo en el sector de seguridad electrónica, el que nuclea a los trabajadores que dan respuestas de alarmas o trabajan en eventos, que todavía se está discutiendo. Según Del Valle, lo que falta en este caso son “cuestiones de protocolos en la operativa, detalles de cómo se llevan a cabo los procedimientos”.

Del Valle sostiene que en el interior algunos trabajadores están en condiciones de trabajo “paupérrimas” y que es “cosa de todos los días”, pero “combatirlo se dificulta bastante”. Ahora, dice, lo que pueden hacer es presentar las denuncias ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, la Dirección Nacional de Trabajo y también en el Ministerio del Interior. “Esas son las herramientas que tenemos para combatir la informalidad, pero quizá si tuviéramos un Digefe [Dirección General de Fiscalización de Empresas] -el órgano regulador del rubro- más grande, tendríamos otras posibilidades”.

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