Se le dice clasificador a la persona que se mete en las volquetas, contenedores y vertederos de basura, para separar y trasladar residuos. En Montevideo, por día, se producen unas 3.400 toneladas de basura; aproximadamente 30% es recolectada por clasificadores: gente muy, muy pobre que, en el mejor de los casos, levanta los desechos de los comercios en una camionetita, sale a trabajar en un carro tirado por caballo, en bicicleta o moto, y en el peor, anda a pie empujando un carrito de supermercado. Todavía ni la IM ni el Estado contemplan en su legislación a los obreros de la basura, mucho menos les pagan por brindar semejante servicio. En ese marco, actualmente los recicladores deben afrontar otro problema más: “Siguen amenazando con sacarnos con granaderos, y endurecieron el control por ingreso de vehículos para sacar lo reciclado. Se está viviendo una gran tensión e incertidumbre, y una gran angustia por no saber qué pasará con la fuente laboral”, dijo a la diaria el presidente de UCRUS, Juan Carlos Silva.
“Para algunas cosas contamos con el apoyo del intendente, Daniel Martínez, pero para muchas otras no”. Dentro de las que “no” entra la “decisión autoritaria, equivocada”, de prohibirles la entrada al vertedero. Según contó Silva, hasta ayer se los había “amenazado”, pero todavía no obligado a salir por la fuerza. La UCRUS pedirá al Secretariado del PIT-CNT que los “apoye y solicite una reunión urgente con Martínez”. También planea realizar una asamblea con los trabajadores del vertedero para analizar posibles soluciones.
El director de Limpieza de la IM, Óscar Caputi, explicó que en noviembre del año pasado se les planteó la posibilidad de presentar alguna propuesta para formalizar el trabajo, se les dio un plazo de cinco meses, se les pidió que elaboraran una lista de los recicladores que concurrían al vertedero y, mientras tanto, se permitió el ingreso a un sector limitado de este, lejos de la maquinaria. UCRUS presentó una propuesta. Querían crear una cooperativa similar a la ya extinta Felipe Cardoso (Cofeca), pero la IM rechazó la idea. “Era totalmente inviable, tanto por el monto de la inversión, los puestos de trabajo que pretendían generar, como por los salarios que querían que les pagáramos”, dijo Caputi. No obstante, se le pidió al Instituto Cuesta Duarte que estudiara la propuesta. Caputi aseguró que retomarán las negociaciones con el sindicato si llega a surgir una nueva propuesta, pero que ahora “llegó el momento de poner un punto final”, ya que “ni siquiera se cumplió con la lista: estamos a 14 de febrero y todavía no ha llegado”, agregó. Sin embargo, para la UCRUS lo que sucedió fue otra cosa: la “promesa” de formalización se rompió. “Habíamos empezado a ver cómo podíamos empezar a trabajar en condiciones más dignas y dejar de trabajar en negro, pero de golpe y porrazo se dijo ‘no va más’”, sostuvo Silva. A su vez, explicó qué sucedió con la lista: “Hay personas que hace años trabajan en el vertedero, unas 50 y pico, y otros nuevos que llegaron hace poco; tuvieron que salir a la calle porque se quedaron sin trabajo en la construcción o haciendo changas. Con los viejos no había problema, porque esperaban que los camiones terminaran de descargar para empezar a recolectar, pero los nuevos se meten debajo mismo de las máquinas, quieren ser más rápidos que los otros, y van como desesperados. Ahí puede haber un accidente, y nadie quiere hacerse cargo de una desgracia de ese tipo”. Silva concluyó que “si ha aumentado el número de clasificadores en la calle, no es porque haya más gente a la que le guste vivir de la basura, sino porque la desocupación aumentó y eso obliga a muchos trabajadores a buscar la subsistencia de alguna forma. Al reprimirlos, la IM los quiere poner en la misma bolsa que los que roban o venden droga”, agregó. Para el sindicato, esas medidas de la IM son “excluyentes para los pobres”.
Como si fuera poco, esta semana UCRUS tuvo que salir otra vez a la calle para reclamar, además, que no se les dejara de pagar el boleto a las 128 personas que trabajan en las plantas clasificadoras y viven a más de diez cuadras. El lunes se manifestaron en la explanada de la IM y lograron negociar con las autoridades departamentales para que ellos se hicieran cargo de lo que hasta este mes pagó el Ministerio de Desarrollo Social; la IM asumió el compromiso de pagar hasta el final del período de la administración de Martínez.
Meter la mano en la basura
Según explicó Silva, hay tres sueldos que tiene el clasificador: lo que rescata para vender en depósitos, lo que trae para su casa -ropa, comida, vestimenta, calzado, juguetes, electrodomésticos que les da la gente-, y el tercero, hacer feria los fines de semana. La mayor “riqueza”, dice, se consigue en el Municipio B (y particularmente en la Ciudad Vieja, donde los carritos cinchados por caballo tienen prohibida la entrada), donde hay muchos comercios y operan unos 400 clasificadores (de un total de 9.000 que se calcula en Montevideo). Pero es también ahí donde están los nuevos contenedores, los cerrados: esos que dificultan la tarea del recolector.
Por otro lado, los datos oficiales de la IM indican que en Montevideo se descartan seis millones de envases y embalajes por día: bolsas, cajas, envases desechables. Según dijo Silva en octubre en la Comisión de Legislación y Trabajo de Diputados, si se les pagara una “simple tasa de un 1 peso o de 0,50 centésimos de peso, se puede recaudar 1.300.000, o 1.500.000, por mes”, y con ese dinero se podrían “crear las tan ansiadas 20 o 30 plantas más de clasificación”, pagarles un sueldo e incluirlos en la seguridad social.