El Observatorio Luz Ibarburu emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su categórico repudio ante las amenazas, a varias personas, del autodenominado “Comando Gral. Pedro Barneix”. Aseguran que “esa acción intimidatoria lamentablemente no es una novedad en la vida democrática del país”, como tampoco es una novedad “la incapacidad de las autoridades competentes para esclarecer y establecer las responsabilidades que correspondan”. Así lo demuestran la impunidad de los atentados con explosivos de 1990 a un diputado [Hugo Cores] y al estudio de un ex presidente [Julio María Sanguinetti]; el robo y la amenaza al GIAF [Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay]; la actuación ilegal de los servicios de inteligencia en democracia, entre otros”. El Observatorio expresa su solidaridad con todas las personas amenazadas y exige a quienes “tienen responsabilidades en las instituciones del Estado una acción eficaz y ejemplarizante de acuerdo a la gravedad de dichas conductas criminales, antidemocráticas y desestabilizadoras”.
La lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura son un “deber ético, jurídico y humanitario”, afirma.
El Observatorio Luz Ibarburu da su respaldo a todas las iniciativas, de diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiendan “a un cambio en la práctica parlamentaria que dé transparencia y participación en torno al proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia [SCJ]”. En el comunicado señalan que la opacidad del sistema penal uruguayo “no debería ser aumentada por las prácticas de secretismo en las que en la esfera parlamentaria se tratan y resuelven aspectos tan importantes para la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía”. Denuncian una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las designaciones en el Poder Judicial y piden que la población acceda a los fundamentos de las decisiones.
El Colegio Médico del Uruguay también expresó su profundo rechazo a las amenazas del “Comando Barneix”, en un comunicado difundido el lunes. El texto expresa su solidaridad con las personas amenazadas, entre las que se encuentra el asesor jurídico e integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, doctor Juan Errandonea.
Respaldan, además, “las actuaciones realizadas en la defensa de los derechos humanos y las medidas que conduzcan a los responsables de las mencionadas amenazas ante la Justicia”.
El viernes 17 de febrero, el semanario Brecha difundió una serie de amenazas del denominado “Comando Barneix”. Este grupo envió un mensaje utilizando la plataforma de navegación Tor, en el que afirma que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. En esa lista figuran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el activista brasileño Jair Kirshke y el jurista francés Louis Joinet. El caso quedó en manos de la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco.