A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.
Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1).
¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!
Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.
Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de SalvadorAllende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?
Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a Botnia -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.
Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.
Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.