Los trabajadores rurales del grupo Seu Pedro Bandera Lima de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que están acampando frente al Palacio Legislativo, también fueron recibidos por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara baja. Alexis Moreira, integrante del grupo, dijo a la diaria que mantienen las medidas de protesta, que incluyen la huelga de hambre de cuatro cañeros, por “la dificultad real de falta de trabajo en Bella Unión” y la poca importancia que les da el gobierno. “Nuestro sindicato tiene 55 años de lucha, nos han pasado muchas cosas, pero los problemas se están agudizando en los últimos tiempos”, dijo Moreira. Los trabajadores reclaman al Instituto Nacional de Colonización (INC) la adjudicación de un predio en la Colonia Eduardo Acevedo, en el que quieren desarrollar un proyecto granjero. Hace dos meses el grupo ocupó esa tierra porque considera que fue adjudicada de manera “poco clara” e “irregular” y porque hace más de cinco años que esperan ser beneficiarios del INC. La presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo que revisaron los llamados abiertos y no hay registros de que los ocupantes se hayan presentado. El lunes estaba prevista una reunión entre diputados de la Comisión de Trabajo y representantes del Directorio del INC y de UTAA, pero estos últimos no concurrieron. El diputado del Frente Amplio y presidente de la comisión, Daniel Placeres, dijo a la diaria que los integrantes de UTAA explicaron el motivo de la ausencia, y se prevé un encuentro en las próximas horas. Moreira no descartó que, de no encontrar una solución a la brevedad, más cañeros se sumen a la huelga de hambre. Además, tomarán otras medidas de fuerza, como encadenarse a lugares estratégicos de la ciudad.
Molidos
Nelson Más, trabajador del molino Florida e integrante de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines, aseguró a la diaria que es posible que Molino Dolores retome sus actividades el sábado. “Si se consigue la materia prima [trigo] y si se agiliza el trámite para renovar la póliza ante el Banco de Seguros del Estado, el sábado estaría abriendo el molino de Dolores”. Los trabajadores harán, en principio, seis horas por turno. “Cuando la producción se normalice y la cartera de clientes se recupere, harán el horario completo”, dijo Más. El Molino Dolores emplea a 120 personas.
Sobre el molino de Florida destacó que está en pleno funcionamiento y los trabajadores piensan autogestionarse. “Estamos produciendo a capacidad máxima, 90 toneladas diarias de trigo, y se mantienen todos los trabajadores”. Consultado sobre las razones de la crisis de la empresa, dijo: “Lo que llevó a esta coyuntura, según los argumentos de los empresarios, es la alta competitividad; este molino no se tecnificó y los de mayor porte sí. Además, los dueños son personas de edad avanzada y no tienen herederos que sigan el proyecto. Ese es el argumento de los dueños para presentarse a concurso”. Sobre el sector, Más afirmó que se están cerrando los emprendimientos pequeños, los molinos artesanales. “En los últimos años hemos perdido diez o 15 molinos. Logramos salvar al molino de Carmelo en 2016 y ahora cayó Florida en concurso de acreedores. Necesitamos la ayuda de la parte política, porque en ocho años se perdieron entre 30% y 40% de los empleos”.
Los trabajadores de La Spezia, por su parte, entraron a la comisión junto con los molineros, pero trataron temas diferentes. Leonardo Sardías, ex trabajador de la fábrica de pastas, dijo a la diaria que les preocupa la Ley de Proceso Concursal (18.387) porque no está ayudando a salvar empleos. “Queremos que la ley salvaguarde la fuente laboral. Creo que el espíritu de la ley no era que cierren las empresas, pero es lo que se está dando”, dijo.
Todo el personal de La Spezia está en el seguro de paro y está custodiando los bienes: las maquinarias, las herramientas y los vehículos. “Son lo único con lo que contamos a ciencia cierta para una futura venta de la unidad productiva o en el caso de un eventual remate. Todavía se adeuda a los trabajadores el salario de marzo, que se está negociando. Sabemos que los fondos son suficientes para el 100%, estamos en ese tira y afloje”.
Otro de los puntos planteados a los diputados fue la creación de un fondo de garantía de protección a los créditos patronales, una iniciativa impulsada por el diputado Luis Puig (FA) en 2015, que protegería a los trabajadores ante el quiebre de las empresas. “En lo particular, a nosotros no nos va a beneficiar porque se llegó tarde, pero por lo menos defendemos a futuros trabajadores”.
Complicados
Heber Figuerola, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, dijo, a la salida de la reunión, que la intención de la comisión es generar un gran debate sobre la situación del sector lechero. “Hoy hay una incertidumbre muy grande por parte de los trabajadores, por la situación de los pequeños y medianos productores. La especulación en el precio de la leche por las transnacionales preocupa a la federación. En la actualidad hay 130 trabajadores en el seguro de paro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Hay un cierre parcial de una planta de Conaprole en Rincón del Pino y se anunció que se podría reabrir en agosto, por lo que estamos expectantes”.
El debate tendrá como centro las nuevas tecnologías, y cuáles se deben aplicar en Uruguay para que no sigan desplazando a los trabajadores.
Figuerola dijo que la situación en el norte del país está “complicadísima”. “La extranjerización está perjudicando a la cuenca lechera. Algunos productores ven más sustentables otros rubros”, señaló.
Con relación al paro de mañana, dijo que será de dos horas por turno a nivel nacional, a los efectos de ver los pasos a seguir, y el 24 de abril se hará una asamblea general de la federación. “Estamos confeccionando un documento, para hacerle llegar al presidente, Tabaré Vázquez, de lo que es la situación en la industria”.