Las estrategias retóricas a las que me referí arriba, al presentar la situación de crisis como un dato de la realidad, obvian la necesidad de probar los enunciados sostenidos y consideran innecesario el debate, ya que cualquier posición que vaya en contra de “lo que todos sabemos” debe ser inmediatamente descartada, por pretender ocultar la terrible realidad en la que nos hallaríamos inmersos.
Para dejar de una vez clara mi posición de cara a lo que luego usted podrá leer, dejo constancia que no comparto en absoluto que la educación uruguaya esté en la situación a la que hice referencia en el párrafo anterior. Aprecio que en las últimas décadas se han dado avances en términos de cobertura y en aspectos de carácter instrumental que es necesario destacar. Esto no implica desconocer los problemas aún existentes para el efectivo logro de aprendizajes relevantes particularmente en los sectores más pobres de nuestra población. Fuertemente vinculado a esto, tampoco desconozco los obstáculos que se presentan a nivel primario para el logro de egresos en tiempo oportuno y las fuertes dificultades de retención que se producen en la educación media. A mi juicio esta situación, si bien compleja, dista mucho de los discursos catastrofistas que pretenden invalidar los logros obtenidos y desconocer las formas en las que se está trabajando sobre los problemas señalados.
Los efectos del estado de situación que acabo de presentar en forma muy general son ciertamente preocupantes para cualquier esfuerzo por mejorar la educación uruguaya, ya que obstaculizan un debate profundo y fundamentado acerca de la situación de nuestra educación. La clausura o el empobrecimiento del debate no puede ser nunca una buena noticia, mucho menos si lo que de verdad se busca son procesos de reflexión y mejora que deben ser constantes.
El uso de estas estrategias retóricas supone identificar actores que obtienen algún beneficio al persuadir a otros sobre la verdad de los enunciados que proponen. Sería interesante aquí detenernos a pensar quiénes pueden ser estos actores. Es probable que alguna luz podamos echar respecto de este tema si, además del enunciado instalado acerca de la crisis de la educación, apreciamos el ámbito en que esta se produciría: la que está en crisis es la educación pública. Sin pretender sacar rápidas conclusiones sobre el punto, creo que es pertinente preguntarse por qué se enfatizan discursos públicos según los cuales la crisis radica únicamente en la educación pública. No me parece plausible sostener que esta posición obedezca a algún tipo de ofensiva de la educación privada -marcada esta, además, por una enorme variedad de ofertas y perspectivas-, pero sí me parece importante investigar qué actores pueden verse beneficiados por la instalación de la idea de una educación pública en situación de catástrofe.
Por otra parte, la actual caracterización de la crisis de la educación en Uruguay asume que el diagnóstico y las medidas necesarias para solucionarla estarían ya ampliamente acordadas por los técnicos que analizan los problemas educativos. La existencia de un consenso técnico -entendido como el acuerdo de “los que saben” sobre educación- legitimaría el diagnóstico de crisis y los cambios -debería decir “reformas”- que se pretende impulsar. Aquí se suma un nuevo recurso retórico que termina de sellar la irrelevancia de cualquier debate: no sólo se trata de “lo que todos sabemos”, sino además de aquello en lo que se han puesto de acuerdo “los que saben sobre el tema”. El corolario de tantos acuerdos sería, entonces, la siguiente pregunta: ¿por qué no hacemos caso a los que saben?
El mayor esfuerzo por construir un consenso técnico en Uruguay sobre educación lo ha venido haciendo en el último año la plataforma Eduy21. Muy prestigiosos colegas han convergido allí para transmitirnos su acuerdo sobre la situación de la educación en el país y las medidas necesarias para superarla. No cabe duda de que la iniciativa ha generado una sincera esperanza en muchos uruguayos, que entienden que los cambios en la educación son no sólo necesarios, sino además impostergables.
No pretendo discutir la iniciativa ni las intenciones de los colegas: doy por hecho que están orientadas por nobles fines. No obstante, entiendo que este esfuerzo de convergencia técnica nos coloca frente a la necesidad de interrogarnos acerca del carácter político del fenómeno educativo. Específicamente, mi pregunta es: ¿pueden actores políticos que sostienen modelos antagónicos de sociedad y persona acordar sobre una reforma de la educación haciendo a un lado dichos modelos? Se me podría responder que esos antagonismos no son tales o que la educación puede ser preservada de toda diferencia en función de decisiones técnicas adecuadamente fundamentadas. La primera respuesta seguramente aportaría una fuerte y removedora novedad al debate político; la segunda remitiría a un horizonte tecnocrático que ya ha fracasado demasiadas veces al enfrentarse a la politicidad inherente a toda experiencia humana.
Por mi parte, estoy convencido de que toda perspectiva técnica cobra sentido en tanto se articula a alguna forma de concebir lo bueno, lo justo y lo deseable para la vida en común. No es lo mismo concebir que una buena sociedad es la que se rige por la competencia que asumir que lo es la que lo hace por la solidaridad. Ambas perspectivas tienen sus fundamentos y se orientan por una utopía. No creo que ubicados en alguna de ellas, o en tantas otras que se pueden proponer, debamos descartar a las demás sobre la base del prejuicio o el argumento dogmático. Lejos de ello, sostengo la necesidad del debate político y la toma de decisiones bajo las reglas democráticas, explicitando y sosteniendo los puntos de vista.
Lo mismo vale para la educación. Flaco favor hacemos a la mejora de la educación en Uruguay si caemos en la tentación de los discursos únicos o las verdades que no necesitan demostración porque “ya todos sabemos cómo son las cosas”. Tengamos presente que la ausencia de debate público y fundamentado sobre la educación solamente puede favorecer a quienes, justamente, descreen de los espacios públicos.
Profesor Agregado del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad –Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).