Fueron varias las opiniones en contra del proyecto de ley sobre derechos de autor acordado entre la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) y la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), que está ahora a discusión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.
El proyecto, que surgió bajo el auspicio del PIT-CNT, ingresó en mayo de 2016 con la firma de varios diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Independiente (PI), y estaba previsto que se votara rápidamente en la cámara baja, dejando de lado otra iniciativa sobre derechos de autor que había sido aprobada por la Cámara de Senadores en abril del año pasado.
Respecto de esta última, el cambio más importante que genera el nuevo proyecto es la eliminación del numeral que declara lícita “la reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal”, más conocido como “copia privada”. El otro artículo polémico, y que también elimina el nuevo proyecto, es el que deroga la multa con la que hasta ahora puede ser castigado quien reproduzca una obra, interpretación, fonograma o emisión sin autorización del titular. Pero para varios organismos y el propio Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el nuevo texto genera otros problemas.
Ayer concurrió a la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja una delegación del Núcleo Interdisciplinario sobre Recursos Educativos Abiertos y Accesibles (Núcleo REA) y del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (Pro EVA) de la Universidad de la República (Udelar). Manuel Podetti, integrante de la delegación, explicó a la diaria que, de aprobarse, el proyecto “atentaría contra la educación semipresencial, la educación a distancia, la investigación, la extensión, la libertad de cátedra, la educación permanente y continua, las bibliotecas y las oficinas de apuntes”. En primer lugar, porque el proyecto introduce como excepción al derecho de autor “Las comunicaciones, distribuciones, interpretaciones y ejecuciones que se lleven a cabo dentro del ámbito del dictado de clases o con relación al cumplimiento del programa de estudio”. Esta redacción, explicó Podetti, “deja afuera a los entornos virtuales de aprendizaje, la investigación y la extensión, que no se dan en un salón de clases típico”. En un documento entregado a los diputados, la delegación explica que la plataforma EVA cuenta con 8.000 cursos y es utilizada por más de 221.000 usuarios.
El proyecto también incluye en las excepciones las “reproducciones reprográficas [fotocopias] o digitales sin fines de lucro, obtenidas a partir de un ejemplar original lícitamente adquirido que realicen las instituciones docentes públicas de artículos publicados, de textos breves de estudio o de material educativo”. Pero esta redacción también recibió varios cuestionamientos. Por ejemplo, de parte de las universidades privadas y la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU), ya que la reproducción estaría habilitada únicamente a las instituciones docentes públicas, y no a las bibliotecas de otros organismos, incluso aunque sean de instituciones educativas.
Otra dificultad advertida es que el proyecto que surgió del acuerdo se refiere a “libro de texto” u “obra expresada por escrito”, y no a “obra” como se refería el proyecto de ley del Senado. Esto, marcan tanto desde el Núcleo REA, el Pro EVA y la ABU, deja fuera materiales en formato audiovisual, obras musicales, plásticas, fotográficas, entre otras, que no se podrían reproducir con fines educativos ni prestar en bibliotecas.
Pero también otras carreras se verían afectadas por disposiciones del proyecto. Otra excepción habilita “La reproducción, comunicación y distribución sin ánimo de lucro por cualquier medio de las obras arquitectónicas, monumentos o de artes plásticas que estén expuestas en forma permanente en lugares públicos”. Esto, explica Podetti, prohíbe utilizar fotografías de fachadas de edificios emblemáticos o monumentos, por ejemplo, en libros de las carreras de Arquitectura o Turismo. También afectaría a “periodistas, fotógrafos profesionales y documentalistas”, advierte el comunicado de ABU, porque sólo podrían reproducirlas “sin ánimo de lucro”.
En reuniones con la bancada de diputados, integrantes del Consejo de Derechos de Autor (que funciona en el ámbito del MEC), la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y la directora de Educación, Rosita Angelo, plantearon estas discrepancias y otras. El diputado Sebastián Sabini (FA) afirmó que el objetivo es aprobar una modificación a la ley de derechos de autor (la 9.739) “que reúna el mayor consenso posible por parte de los involucrados”, porque entiende que “hay que revisar el acuerdo”. Aseguró que “la base de trabajo” será este texto logrado entre la FEUU, AGADU y la CUL, pero añadió que un grupo que se formó en la bancada oficialista “lo está trabajando, y nos vamos a dar el tiempo necesario para discutirlo”. Si bien en su momento el texto del acuerdo fue respaldado por la bancada del FA, Sabini puntualizó que en ese entonces “no habían surgido las inquietudes como las de la Udelar y el ministerio, y ahora es necesario escuchar esas críticas”.