La Coordinadora de Usuarios del Transporte Accesible es un movimiento social impulsado por personas en situación de discapacidad. Su principal objetivo: lograr el ascenso y descenso de los usuarios a través de la incorporación de más unidades de piso bajo en el sistema de transporte. También buscan la accesibilidad universal, teniendo en cuenta las particularidades de las personas usuarias de silla de ruedas, ciegas, sordas, adultas mayores y la población en general.
Carolina Alba, integrante de la Coordinadora, relató las dificultades que enfrenta cuando quiere subirse a un ómnibus: “sinceramente a mí se me ha complicado, muchas veces estoy en la parada haciendo señas y el ómnibus sigue de largo”. Por la falta de sensibilización y conocimiento de los choferes, muchas veces los usuarios con discapacidad tienen que indicar cómo estacionar el ómnibus para garantizar un ascenso seguro, comentó.
Según el Censo Nacional de 2011, 517.771 uruguayos presentan algún tipo de discapacidad (para ver, oír, caminar o entender), lo que representa el 16% de la población.
Federico Lezama, coordinador de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo (IM), explica que a pesar de contar con más tecnología, a través de las tarjetas STM, todavía no existen datos sobre la cantidad de personas con discapacidad que utilizan el transporte público; no se sabe su nivel de discapacidad, ni cuántas son usuarias de silla de ruedas. “Pero más allá del número, el derecho lo tienen que tener garantizado; además, nuestra sociedad y nuestra ciudad tienen la posibilidad de hacerlo. No es una propuesta que tiene buenas intenciones y que no es posible realizar desde lo económico o técnico. Los costos no son imposibles de resolver y tampoco desde el punto de vista técnico, no es que no tengamos la tecnología”, enfatiza el jerarca.
La normativa departamental establece que las renovaciones de unidades, a partir del 2014, “deben incorporar opciones de accesibilidad previstas hasta llegar a una proporción total de la flota del transporte del 40% (cuarenta por ciento) con el sistema de piso bajo (low-floor o low-entry) y 60% (sesenta por ciento) con plataformas elevadoras vehiculares”.
Pablo Inthamoussu, director del área de Movilidad de la IM, comentó que de los 1530 ómnibus que circulan actualmente en Montevideo hay 452 unidades accesibles, de las cuales 80 son de piso bajo (5% del total de la flota) y 372 con plataformas elevadoras (24%).
Una de las variables para comprender estos porcentajes puede tener que ver con los costos: mientras una unidad estándar oscila entre los 90.000 y 120.000 dólares, las unidades con mitad piso bajo (low-entry) cuestan entre 130.000 y 145.000 dólares.
Álvaro Santiago, subgerente general de CUTCSA, aclara que la fórmula paramétrica rige al servicio y establece los costos. “Hay cuestiones que deben resolverse a nivel de gobierno y no de empresa, y más cuando es un servicio público. Es decir, éstas son las condiciones, estos son los costos y ustedes operen al servicio”, señaló. Santiago considera que debería establecerse un subsidio específico: “acá el problema no es sólo la falta de garantes sino la falta de definiciones, si yo quiero financiar algo que es justo, desde el punto de vista social, ético, humano, lo tengo que decir y lo tenemos que pagar todos como sociedad”. Según dijo, las demandas de mejoras “vienen a nosotros y nos piden que hagamos esto o aquello”. “Y eso está bien, pero tenemos que discutir quién lo financia. Quedamos en una posición incómoda, porque parece que fuéramos unos comerciantes pensando en el lucro, pero en realidad lo que buscamos es un equilibrio para que el servicio sea sustentable”, argumentó.
Por su parte, Giovanni Spinetti, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del transporte (ASCOT), sostiene que la responsabilidad de que el transporte sea accesible “es de todos: del gobierno municipal, de los trabajadores, de los consejos directivos y de la dirección de las empresas”. “Nosotros siempre estuvimos defendiendo que el transporte es de la población y trabajamos al servicio de la población, a la vez que los trabajadores del transporte vivimos del boleto que paga el trabajador que se traslada (...) nosotros creemos que debe haber un transporte creado a la población nuestra”.
En relación a los costos y el mantenimiento, Mario Alvarello, presidente de UCOT, expresó que la experiencia con las unidades de rampa elevadora ha sido insatisfactoria debido al mal servicio a los usuarios y por la cantidad de veces que se rompen (con el aditivo de que no hay repuestos). Por este motivo, en 2019 “tendremos una renovación y retornamos a las unidades de piso bajo porque nos parece que es una mejor solución, además de que te da otras prestaciones, por ejemplo para las personas mayores”. Desde UCOT, de todas maneras, entienden que este tipo de unidades tiene algunas dificultades. “Por ejemplo el costo y que el usuario no se desplaza hacia el fondo de la misma”, destacó.
En los papeles
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas aprobada en 2006 fue creada para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En Uruguay se aprobó en diciembre de 2008 y establece entre sus propósitos “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
Esta Convención propone dejar atrás el modelo médico de la discapacidad para trascender al modelo social. Hace especial énfasis en la responsabilidad de la sociedad en establecer la igualdad de condiciones para la libre participación de todos los sujetos. En este sentido, presenta al entorno como el conjunto de barreras que limita, es decir, que discapacita.
Según Lezama, a pesar de la voluntad política plasmada en las resoluciones que regulan el sistema de transporte, persisten las resistencias de las empresas prestadoras del servicio. “Resistieron, y resisten aún hoy, la accesibilidad en el transporte por argumentos principalmente económicos. Y en algunos casos discuten, con una opinión política, la pertinencia de invertir recursos en sectores de la población que no generan un rédito económico a los servicios y al emprendimiento”, cuestiona el jerarca.
En 2017 se creó el Consejo Consultivo del Transporte impulsado por el Área de Movilidad de la IM. Su objetivo: mejorar el sistema general del transporte. Uno de los puntos fuertes que se trata en el Consejo es la incorporación de nuevas unidades accesibles y la mejora del funcionamiento de las existentes. La integración del Consejo es representativa del sistema de transporte; participan las empresas del transporte, la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, el sindicato de transportistas, el Área de Movilidad de la IM, la Defensoría de Vecinas y Vecinos en representación de los usuarios y la Junta Departamental capitalina.
Desde la Defensoría de Vecinas y Vecinos se elevó un informe al Consejo Consultivo con las preocupaciones de los usuarios del transporte, incluyendo los de la coordinadora del Transporte Accesible. En conjunto, han realizado un informe exigiendo que se cumpla con acuerdos que se discutieron en 2017 y que todavía no son cumplidos por las empresas. Algunos de estos puntos son: la identificación de las unidades accesibles mediante un estíker con el logo de accesibilidad universal en el frente de la unidad y la fiscalización de ello, el encendido de la luz en el cartel indicador del destino las 24 horas para una mayor independencia en los usuarios de baja visión, un plan de fiscalización para que los ómnibus se arrimen al cordón de la vereda para facilitar el ascenso de manera segura, un plan de acción que solucione las barreras físicas en los lugares en los que no es posible arrimarse al cordón y la cantidad de inspectores con la que cuenta el Departamento de Movilidad y su funcionamiento (horarios, zonas de control y acción frente a denuncias).
Respecto al mantenimiento, Inthamoussu manifestó que muchas de las unidades tienen las rampas rotas, lo que supone menos unidades accesibles en funcionamiento. En este sentido argumentó que la IM siempre está inspeccionando la flota “y las herramientas son esas, se abre un acta del resultado de la inspección y se le notifica al responsable del coche en ese momento. Dependiendo de la gravedad de la falta, se le dan 30 días o 60 días y se le aplica la multa y se le exige que corrija la situación”.
Tal como dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es importante “repensarnos como sociedad” para derribar prejuicios, barreras y estereotipos que fomentan mecanismos de exclusión para sectores de la sociedad que han sido históricamente invisibilizados. Y en paralelo, para respetar aquella máxima constitucional que establece que “todos somos iguales ante la ley”, es importante pensar en prácticas cotidianas, concretas y efectivas para todos los ciudadanos de este país.
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