La ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, la 19.691, se aprobó en Diputados el 24 de octubre. Y no faltaron las polémicas, sobre todo por los cambios al texto que se acordaron durante la discusión del proyecto en la Cámara de Senadores.
El proyecto fue impulsado originalmente por el PIT-CNT y por las organizaciones de la sociedad civil. El texto había ingresado vía Cámara de Diputados; luego de algunas modificaciones que surgieron del diálogo entre el sector empresarial, el Ministerio de Trabajo, la central sindical y las organizaciones se logró un consenso que culminó con la votación por unanimidad en octubre de 2016.
Pero el proyecto requería la iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que este año volvió a ingresar un segundo proyecto. El 17 de octubre se convocó a la sociedad civil para presenciar la media sanción en la Cámara de Senadores. Muchos esperaban el mismo procedimiento, con ansias de celebrar un hito en la historia uruguaya en materia de reconocimiento de derechos de las personas en situación de discapacidad.
Sin embargo, durante esa sesión se introdujeron cambios sustanciales en los artículos 1 y 3, y se quitaron los artículos 11 y 12, vinculados a las licencias para padres, madres u adoptantes de hijos/as con discapacidad.
El artículo 1° establecía que, desde la entrada en vigencia de la nueva ley, las empresas de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores “deberán emplear a personas con discapacidad (artículo 2° de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010), que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en los siguientes porcentajes aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores”.
Séptima Marcha por Accesibilidad e Inclusión, desde la Udelar hasta la explanada municipal, el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Foto: Ricardo Antúnez
En ese primer proyecto, que se aprobó por unanimidad, no se distinguía entre trabajadores permanentes, zafrales y/o temporales, pero con la modificación que se hizo del artículo 1 se obliga solamente a aquellas empresas que tengan más de 25 trabajadores permanentes en su plantilla. Los porcentajes de personas con discapacidad que deben ingresar varían entre 1 y 4% de las vacantes, en función de la cantidad de empleados que tenga la empresa.
Laura Alberti, responsable de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, dijo a la diaria que esta normativa “no es la ley integral que nosotros creemos que es la mejor para que los compañeros y las compañeras con discapacidad ingresen al mercado laboral, no es por la que nosotros peleamos”.
Según estimó, esto implica que aproximadamente un 25% menos de personas en situación de discapacidad tendrán la posibilidad de ingresar al mercado laboral. “Y a eso hay que sumar que el ingreso es gradual, entonces ingresarían gradualmente dentro de 3 y 4 años para cumplir con el 4%. Y ahora con la modificación del artículo 3 hablamos de entre 6 y 7 años, ya que se le da un año a la empresa para modificar el ambiente laboral por inclusión y eso significa que el ingreso se extiende”, aclaró.
Alberti no escondió su molestia con el incumplimiento del acuerdo inicial: “nos estamos quejando de que en el ámbito público no ingresan personas con discapacidad porque no hacemos valer la ley y votamos una en la cual tampoco lo podríamos llevar a cabo. Si nosotros teníamos un acuerdo con las organizaciones sociales y con el Poder Ejecutivo, no entendemos por qué no se hizo valer ese acuerdo”.
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Por su parte, Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio y uno de los defensores más entusiastas de la ley, reflexionó acerca de los cambios que se acordaron en la Cámara Alta: “yo creo que existieron presiones empresariales muy fuertes. En 2016 votamos por unanimidad en Cámara de Diputados el proyecto que había presentado Oscar Andrade, y después de eso,cuando pasa al Senado, se desata una fuerte presión de una parte de los sectores empresariales que son los que plantean su preocupación por la cuota y de por qué se le estaba exigiendo esto a los empresarios privados cuando no se estaba cumpliendo en el ámbito público”, expresó.
Al respecto, el legislador comunista opinó: “si bien esto es cierto, no es lógico que porque no se haga en un lado se tenga que dejar de hacer en otro. Nosotros pensamos que la discusión de la ley ayuda a visibilizar la temática y ayuda a tirar del carro en el ámbito público”.
Además agregó que “lo curioso de todo esto es que las empresas que presionaron son empresas que después tienen un marketing sobre el tema de la discapacidad muy fuerte y se muestran con la lógica de los buenos que colaboran con las personas con discapacidad. Pero en muchos casos lo hacen sólo a los efectos de tener una rebaja o exoneraciones de carácter tributario”. Según Núñez, esta ley implica un “salto y una lógica distinta de ver la discapacidad y no ver la consagración de un derecho como un favor sino como un reconocimiento y una reafirmación de un derecho que tienen las personas con discapacidad. Por lo tanto, pasamos a un escenario de reafirmación de los derechos, dejando de lado la mirada meramente caritativa y de lástima hacia las personas con discapacidad” expresó el diputado.
El 12 de diciembre se votaron, en un proyecto de ley aparte, lo que eran los artículos 11 y 12 sobre licencias de padres, madres u adoptantes de hijos con discapacidad, y se anexaron dichos artículos a la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, buscando que los artículos que fueron modificados se vuelvan a contemplar, incluso el ya citado artículo 1 sobre empresas con trabajadores permanentes, zafrales y/o temporales, que se deberá votar antes de fin de año.
Núñez consideró que esas resistencias no surgirán nuevamente “porque la sociedad y las personas con discapacidad se movilizaron y plantearon su posición contraria a que esto sucediera. El PIT-CNT y el SUNCA también; creo que en cierta forma se subestimó el impacto que iban a tener en las personas con discapacidad estos cambios al proyecto de ley. Tengo la impresión de que los militantes de todos los espacios continuaron en un ámbito de movilización y de lucha, entonces algunos compañeros se dieron cuenta de que se equivocaron y que era importante respetar los acuerdos”. Y añadió: “También creo que existe el desconocimiento sobre la temática de la discapacidad, entonces cuando se habla del impacto de las modificaciones se desconoce el mundo del trabajo y cómo esto impacta en la situación de las personas con discapacidad”.
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Foto: Ricardo Antúnez
Por su parte, Federico Lezama, integrante del Comité Funcional de la Discapacidad del Frente Amplio, fue consultado por la diaria acerca de su artículo La política faltó al Parlamento, en el que cuestiona los cambios aprobados por los senadores. Según el jerarca, es tiempo de “pensar la discapacidad como una categoría política, porque se trata de hablar de gente, de personas que han quedado en una especie de prisión domiciliaria desde las sociedades feudales hasta las sociedades de consumo; es una historia de exclusión que se transforma radicalmente o se la justifica. Puede haber bases anchas de apoyo a estos cambios, pero no nos puede faltar la política”. Además, Lezama reflexionó que el “peor escenario” es que la campaña Yo Apoyo, impulsada por el PIT-CNT y que recolectó más de 500 mil firmas, se transforme en algo parecido a lo que sucede “con el día después de la Teletón, que parece que se termina el tema de la discapacidad en el espacio público”.
Lezama también expresó la necesidad de visibilizar cómo durante este proceso se focalizó el debate en la ley de empleo en el ámbito privado, en un contexto en el que el propio Estado no reconoce a las personas con discapacidad de manera homogénea. “No hubo capacidad, ni del movimiento sindical ni del sector político, de entender que este instrumento se está generando sobre arenas movedizas, y así como en la ley del 4% en el ámbito público ha dificultado su implementación, también va a dificultar la implementación en el ámbito privado. Uno de los principales aprendizajes que tendríamos que tener de esta discusión es la necesidad de reconocer que el problema no está en el reconocimiento de los derechos solamente y generar instrumentos que permitan equiparar oportunidades y reconocer las desventajas de las personas con discapacidad para ingresar al ámbito laboral, sino de las desventajas estructurales del reconocimiento por parte del Estado y de planificación de políticas que no midan un aspecto de la vida, sino que la miren desde un aspecto integral como es el transporte, la vivienda, la salud, la educación. Sin esa mirada, cualquier instrumento de protección y de políticas públicas va a fracasar”, argumentó el jerarca.
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Foto: Ricardo Antúnez
Situación actual
Más de 500 mil personas se encuentran en situación de discapacidad según el censo del año 2011, lo que representa 15,9% de la población uruguaya.
En Uruguay la desocupación de las personas en situación de discapacidad asciende al 80%, mientras que para la población sin discapacidad es del 8,65% según el INE. Además, 34.256 jóvenes de entre 18 y 29 años se encuentran en situación de discapacidad.
A su vez, el Estado incumple con lo dispuesto en la Ley 18.651 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad habiendo realizado en 2017 solo 85 contrataciones cuando debiera haber contratado 261 personas en situación de discapacidad. Los 85 trabajadores representan 0,66% de las vacantes para cubrir puestos de trabajo en organismos públicos, mientras que la ley prevé que sea el 4%, según publicó la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
En octubre de 2018 se especificó que, de las 633 vacantes en el Estado que fueron publicadas en el Portal Uruguay Concursa, 26 se realizaron para personas en situación de discapacidad, según comentó el director de la ONSC, Alberto Scavarelli.
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