No eran muchas personas ayer de mañana en la plaza Independencia, pero sería un error medir la fuerza de la convocatoria por la cantidad de asistentes. La movilización convocada por la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) contra algunas disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera recibió el apoyo de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, la Cámara Empresarial de Maldonado, los centros comerciales e industriales de Rocha, Lavalleja y Cerro Largo, la Cámara Comercial, Industrial y Agraria de Pando, la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, el Centro Comercial e Industrial de Treinta y Tres, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, la Federación Rural del Uruguay, la Asociación de Rematadores y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.
El movimiento Un Solo Uruguay (USU) también adhirió. Según explicó a la diaria uno de sus portavoces, Marcelo Nougué, los “autoconvocados” no están “específicamente contra la inclusión financiera”, que por otra parte no fue mencionada en la plataforma del 23 de enero en Durazno. Pero dijo que sí son contrarios a “las políticas de control” que van “contra las políticas de desarrollo” y contra el sistema productivo, y que un ejemplo de esas políticas, a juicio de USU, es la Ley de Inclusión Financiera, porque hace que los productores y, fundamentalmente, los comerciantes tengan “un costo extra y ningún beneficio”.
Además, USU considera que la ley atenta contra la libertad de los individuos: “Es una medida más del control. Si bien se pone el tema de lavado de activos como uno de los principales motivos, se controla a 99% de la sociedad para tratar de controlar al 1% que hace las cosas mal. Son más políticas de control que no aportan al desarrollo”, argumentó Nougué. En la manifestación de ayer flameaban varias banderas uruguayas.
Por su parte, la gremial de escribanos adhirió a las movilizaciones que hizo USU el 14 de marzo en todo el país. La presidenta de la AEU es actualmente Ana María Ramírez Eula, que encabezó listas al Senado y a la Cámara de Representantes del Partido Colorado en 2004, luego apoyó a Pedro Bordaberry y recientemente pasó a filas del Partido Nacional. Junto con la senadora nacionalista Verónica Alonso, Ramírez presentó la semana pasada en el Parlamento el “Centro de Formación para Mujeres Políticas”.
La escribana dijo a la diaria que la convocan “las grandes causas del país”. “A mí hoy me asocian con partidos políticos, cuando en realidad ni llegué a tener cargos de preponderancia”, sostuvo, y agregó que “ese tema [de la identificación partidaria] viene a quitarles fuerza a todos los reclamos”. “Muchas veces se enturbian los dos discursos para quitarles fuerza a una causa que tiene toda la vigencia, como es esta del notariado”, manifestó.
Ramírez explicó que apoyaron la movilización de USU “en el entendido de que no es un movimiento político”. “Nosotros nos sumamos porque entendemos que las cargas que nos han impuesto al notariado son realmente considerables. Con la Ley de Inclusión Financiera, si llegamos a cometer un error lo pagamos ni más ni menos que con la desinvestidura. Quedamos dando la batalla en las mismas condiciones que instituciones financieras”, cuestionó la escribana.
El reclamo
La presidenta de la AEU explicó que la movilización de ayer apuntó a exigir una prórroga en la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera. Al 1º de abril, las compraventas de automotores e inmuebles deberán hacerse por medios de pago electrónicos, y Ramírez sostuvo que esto determinará que cualquier persona que tenga en curso algún compromiso de compraventa deba “correr a un escribano” para que “le acredite que todos esos pagos que hizo en efectivo realmente se hicieron”. “Lo primero sería que el presidente de la República prorrogue la entrada en vigencia de esos artículos de la ley en particular. Después, tener el tiempo necesario para que se dicte una ley que solucione estas situaciones que se van a generar”, opinó.
La dirigente se reunió en las semanas previas con Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero según sostienen los escribanos, no llegaron a un acuerdo. Vallcorba dijo a la diaria que le sorprende la movilización. “Ellos nos plantearon la prórroga y nosotros entendimos que no había fundamentos para prorrogar. Venimos trabajando con ellos desde hace dos años y desde hace dos años se viene prorrogando la entrada en vigencia de estas disposiciones. A mediados de diciembre del año pasado se aprobó la reglamentación de cómo iba a funcionar esta normativa, y después de todo ese proceso, hoy no hay a nuestro juicio un fundamento que justifique una prórroga”, explicó el asesor del MEF. Agregó que la semana pasada hubo una reunión con AEU y con la Cámara Inmobiliaria de Uruguay (CIU), entre otros actores, para aclarar dudas sobre la implementación de la normativa, y que “las dudas que existían se aclararon”. También afirmó que la CIU se desmarcó de la movilización realizada ayer y dijo que no la acompañaba, añadiendo que le sorprendía que los comerciantes minoristas se sumaran a la movilización de los escribanos, porque “no tienen nada que ver con la compraventa de inmuebles”.
Sobre los argumentos de USU, Vallcorba sostuvo que si ese movimiento “a lo que se opone es a poder mejorar los procedimientos de control en materia de lavado de activos, nosotros no lo compartimos”. “Si la libertad que reclaman es para poder lavar activos, adelante ellos. Nosotros claramente no lo compartimos”, insistió. Opinó que hay “un grupo de actores que está intentando generar, a partir del cuestionamiento a algunas políticas públicas, un movimiento que cuestione las diversas medidas que se implementan por parte del gobierno, independientemente de que lo afecten o no”.