Pablo Barreiro, el abogado de los ex directores de ANCAP Germán Riet y Juan Gómez, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación a sus defendidos del delito de abuso de funciones, que podría retrasar el fallo de la jueza Beatriz Larrieu sobre la causa de esta empresa pública, dado que ambos integran la lista de los nueve ex jerarcas cuyo procesamiento pidió el fiscal Luis Pacheco.
En declaraciones a Telenoche, Barreiro sostuvo que “toda la doctrina entiende” que la tipificación de este delito es delito inconstitucional, debido a que tiene “la base muy abierta, abarca mucha cosa y vulnera ciertos principios elementales, por lo que entendimos que no lo podíamos dejar pasar”, dijo. Explicó al mismo medio que estudiará el recurso presentado para resolver si lo eleva a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por separado o unificado con los demás casos. Afirmó que tomará la decisión después de Semana de Turismo.
Según Barreiro, el pedido de inconstitucionalidad “teóricamente debería detener todo el proceso”, dado que “90% del expediente es por abuso de funciones”. La SCJ ya se expresó a favor de la constitucionalidad de ese delito en febrero de 2014, cuando el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el ex presidente del Banco República Fernando Calloia presentaron un recurso similar, tras ser procesados por la misma figura delictiva en el caso Pluna. En aquella oportunidad, la SCJ tomó la resolución por unanimidad, pero hoy sólo uno de aquellos cinco ministros integra la corporación: Jorge Chediak.
Pacheco pidió el procesamiento sin prisión por abuso de funciones de Riet, Gómez y el resto del directorio (a excepción del nacionalista Carlos Camy) por el contrato que ANCAP firmó con Trafigura para la intermediación en los negocios con Petroecuador y por el involucramiento de Exor en la intermediación con PDVSA para cancelar la deuda con esta petrolera venezolana. Según Pacheco, en el caso de Trafigura el ente “incurrió en una grave irregularidad” al “contratar con una empresa privada sin el correspondiente llamado previo a procedimiento competitivo, tal como exigen las normas de contabilidad y administración financiera del Estado”.
Respecto de Exor, que iba a ser la intermediaria de la cancelación de la deuda de ANCAP con PDVSA, aunque finalmente fue excluida de la operación, Pacheco dijo en su dictamen que la petrolera uruguaya incurrió en “actos contrarios a las normas”, ya que corrigió “las irregularidades ya consumadas mediante la comisión de nuevas irregularidades”.