El viernes, la Agencia Nacional de Vivienda realizó su último sorteo del año para otorgar créditos destinados a construir viviendas cooperativas. Con esta modalidad, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) dio préstamos este año para 1.503 viviendas. En la instancia del viernes fueron sorteadas 584, que se suman a las 919 (de 28 cooperativas) que ya habían sido beneficiadas en sorteos anteriores.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) emitió un comunicado el mismo viernes, en el que convoca a la reflexión pública sobre el asunto. “El sorteo no es el método más apropiado para la adjudicación del crédito, dado que no se reconoce el esfuerzo realizado por las cooperativas que llegan al final del proceso de trámite con una buena práctica autogestionaria, teniendo en cuenta que lo que prima es el azar”, sostuvo.
Uno de los reclamos de la FUCVAM es que se refuerce el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) para responder a la demanda. En el comunicado recuerda que propuso reconstruir ese fondo “sobre la base del aumento del impuesto al patrimonio, haciendo efectiva la consigna de que ‘pague más el que tiene más’”.
En tanto, el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo que en 2020 se asignarán 2.000 cupos más. El gobierno prevé que para el final del período se hayan concretado préstamos para 13.000 viviendas; desde la FUCVAM aseguran que serían necesarias, por lo menos, 2.000 más.
Además de las viviendas que el FNV puede financiar, el gobierno tiene otros planes en la materia, entre ellos, el Plan Juntos, que en la actualidad depende del MVOTMA. La coordinadora de ese plan, Cecilia Cairo, dijo el sábado a Montevideo Portal que en 2018 se concretaron 671 soluciones habitacionales y que 600 más están en proceso. Cairo expresó su deseo de hacer “el doble de cosas” y afirmó que el presupuesto del ministerio para proyectos debería duplicarse en el próximo período de gobierno.
Teniendo en cuenta que 2019 es un año electoral, repasamos qué proponen en materia de vivienda el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI).
La propuesta oficialista
El partido de gobierno promete en sus bases programáticas que creará un Fondo de Suelo Urbanizado “para disponer de un stock de tierra pública en todo el país”. Este fondo contaría con recursos del Plan de Vivienda, sería administrado por el MVOTMA y serviría para apoyar a las carteras de inmuebles de las intendencias. “Se constituirá de este modo un stock de tierra pública en todo el país de un mínimo de 250 hectáreas debidamente servidas con infraestructuras y equipamientos. Esto permitirá extender a todo el interior el sistema de carteras de inmuebles”, dice el documento, en que se sostiene también que los recursos presupuestales para el FNV serán duplicados.
Para atender la emergencia habitacional, la coalición de izquierda se propone implementar planes de acción a corto y a mediano plazo. “El acceso al suelo urbanizado mediante formas de tenencia segura (propiedad individual, colectiva, derecho de uso, derecho de superficie, alquiler, usufructo, etcétera) será un objetivo prioritario en la atención a las familias en situación de emergencia habitacional. Para ello se fortalecerán las carteras de tierras y se crearán y ampliarán dispositivos legales y administrativos que lo aseguren”. El FA dice que se aprovecharán las capacidades y los saberes de la población, apuntando a la participación como eje central de la política, que el Estado construirá viviendas para alquilar y que un submercado independiente y regulado se sumará al actual, de libre contratación y regido por la Ley 14.219, de 1980.
“Se actuará sobre el stock de vivienda desocupada para incentivar su ingreso al mercado de alquileres, mediante estímulos al mismo y la aplicación de sanciones al incumplimiento de la obligación de usar, establecida por la ley N° 18.308 de Ordenamiento Territorial”, asegura el FA, y también expresa su propósito de exonerar del pago de IVA por materiales de construcción a las cooperativas de vivienda, al Plan Juntos, al Plan de Mejoramiento de Barrios y a las construcciones por medio de las intendencias.
El FA incluye en sus Bases Programáticas una revisión de la la Ley 18.795, de exoneraciones a los inversores para la construcción de viviendas promovidas (“de interés social”), con el fin de que se adecue al objetivo inicial, que era brindar soluciones accesibles para sectores de ingresos medio-bajos y medios.
Sobre la vivienda rural y en pequeñas localidades del interior, “se continuará el apoyo a la obra de MEVIR [Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural], con la diversificación de estrategias que se aplican actualmente fomentando la participación en la gestión de los destinatarios”. Por otra parte, “se dará solución a las situaciones injustas de deudores que no están incluidos en la llamada cartera social, entre ellos muchos del Banco Hipotecario del Uruguay, para garantizar su permanencia en las viviendas”.
Lo que plantea la oposición
Si bien en el PN no hay una propuesta única, el precandidato por Juntos, Jorge Larrañaga, presentó a principios de este año el documento “Somos el cambio”, para que sirviera como base para acordar con otros partidos. El texto, aprobado luego por el Honorable Directorio nacionalista, tiene un capítulo dedicado a la vivienda. Allí dice que es necesario “transitar hacia un Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda donde se maximice y vuelva más eficiente la inversión pública en vivienda, al tiempo que se repiense la institucionalidad del sector”.
Los nacionalistas afirman que es necesario buscar soluciones al endeudamiento inmobiliario, “atendiendo razones de justicia y considerando a la vivienda como un derecho humano”. También proponen crear una versión urbana del MEVIR para que no haya más asentamientos.
Además del documento mencionado, el precandidato Luis Lacalle Pou (Todos) presentó un plan propio, que no incluye un capítulo específico sobre vivienda, pero sí algunas propuestas en la materia. Para los estudiantes mayores de edad que aspiran a independizarse, se plantea “un Plan de Vivienda Colectiva Temporal”, que estará condicionado a la asistencia a clases y la escolaridad. Para los pasivos, se propone reactivar la oferta, “tanto por la vía de la construcción como por la vía del aprovechamiento de vivienda desocupada en manos del Estado”.
En el PC no hay documentos con propuestas, y el programa será definido después de las elecciones internas. Sin embargo, el asesor en infraestructura del sector Batllistas, Lucio Cáceres, dijo a la diaria que una de las propuestas es rellenar las “caries” en las ciudades consolidadas, como las casas abandonadas y los terrenos baldíos. Cáceres afirmó que hay que compatibilizar los lugares en los que la gente vive con lo lugares en los que trabaja, porque debe haber “una armonía”, algo que “se engancha con otro problema que es la movilidad”.
Otra de las ideas que se manejan es reducir los costos cambiando la forma de construir. “Nosotros tenemos una modalidad en la que los insumos son caros por la presión tributaria, además los aportes sociales son altos, y el rendimiento de la mano de obra bajó. Todos estos elementos inciden en el aumento del costo de la construcción”, dijo Cáceres. Batllistas propone que se utilicen materiales livianos.
A pesar de que el PI tampoco ha definido todavía su programa, que será el de la nueva coalición, La Alternativa, hicieron llegar a la diaria un documento con un adelanto de las propuestas. “Deben superarse las iniciativas voluntaristas, de efectos mínimos aunque de gran difusión, como el Plan Juntos. Por el contrario, deben fortalecerse iniciativas de participación y voluntariado de los propios beneficiarios, como las cooperativistas, entre las que se destacan las de FUCVAM y MEVIR”, indicaron.
También quieren revisar la Ley Nacional de Vivienda (13.728), que en 2018 cumplió 50 años. “La evaluación conviene hacerla en conjunto con la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social, cuyos impactos también es tiempo de revisar. En los sectores medios deberá promoverse la inversión, mejorando el estímulo al crédito, monitoreando y ajustando los efectos no queridos”, dice el texto. El PI propone, como Batllistas, cambiar los materiales de construcción para reducir costos.
Sobre los asentamientos, dicen que “suponen un desafío regulatario”, que hay que afrontar por medio de “varias políticas” y “con liderazgos claros de unos u otros actores estatales”.